Los arrestos se registraron en tres días bajo los acuerdos de cooperación 287(g); DeSantis defiende gasto millonario de fondos de emergencia para financiar acciones policiales
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Freepik AIMIAMI — Un operativo conjunto entre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y autoridades estatales de Florida resultó en la detención de 152 inmigrantes durante una redada de tres días que concluyó esta semana.
La acción policial, confirmada este martes por las agencias involucradas, se ejecutó bajo el amparo de los acuerdos de cooperación 287(g) y tuvo como objetivo principal la captura de ciudadanos de México y Centroamérica con antecedentes penales o estatus irregular, como parte de una estrategia de "tolerancia cero" impulsada desde el gobierno estatal.
En el despliegue participaron agentes de la Patrulla Fronteriza y la Patrulla de Carreteras de Florida (FHP), quienes actuaron con funciones delegadas de inmigración.
Según el comunicado oficial difundido en redes sociales, el objetivo central fue "sacar a criminales de los vecindarios", aunque las autoridades mantuvieron bajo reserva la lista de las ciudades específicas donde ocurrieron las intervenciones.
"Atrapamos a 152 extranjeros criminales ilegales en una operación de tres días. Deportamos a 23 tan solo en el segundo día, en colaboración con nuestros socios", detalló el reporte del ICE.
Para ilustrar el perfil de los detenidos, la agencia publicó fichas de cuatro individuos: un ciudadano mexicano condenado por fraude, un guatemalteco sospechoso de crueldad infantil y dos hondureños, uno con una condena de ocho años por ataque armado y otro acusado de violencia doméstica.
Este tipo de redadas se ampara en los acuerdos 287(g), una sección de la ley de inmigración que permite al Departamento de Seguridad Nacional entrenar a policías locales y estatales para que actúen como agentes federales, una herramienta que Florida ha expandido agresivamente bajo la actual administración.
La noticia de las detenciones trasciende en medio de una fuerte controversia fiscal. Un informe de la administración del gobernador Ron DeSantis, filtrado a la prensa y enviado al Congreso local, reveló que el gobierno de Florida gastó 573 millones de dólares en operativos migratorios durante los últimos tres años.
El punto crítico de este hallazgo reside en el origen del dinero: los fondos provienen de una partida presupuestaria destinada a emergencias, usualmente reservada para la respuesta ante huracanes y desastres naturales.
Críticos de la gestión estatal señalan que el uso de estos recursos para labores de patrullaje fronterizo y redadas internas desvirtúa el propósito de dicho fondo de reserva, especialmente en un estado vulnerable a catástrofes climáticas.
El gobernador DeSantis, quien ha hecho de la línea dura contra la inmigración su bandera política, defendió las acciones y obligó a todas las autoridades locales a firmar los acuerdos con el ICE.
"Ningún otro estado ha hecho más que Florida", declaró la semana pasada, al resaltar que la cooperación entre agencias derivó en el arresto de 20.000 migrantes en los últimos nueve meses.
Esta cifra se suma a un contexto legislativo hostil para la comunidad indocumentada en el estado, marcado previamente por la ley SB 1718, que invalida licencias de conducir de otros estados y exige a los hospitales preguntar el estatus migratorio.
Ahora, la administración busca ir más lejos con nuevas propuestas legislativas, entre las que destaca la intención de prohibir a los indocumentados el envío de remesas a sus países de origen, mediante estrictos requisitos de identificación en las casas de cambio y bancos.
FUENTE: Con información de EFE
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