MIAMI.- El juzgado federal en Tallahassee falló que la ley Combating Public Disorder, o combatiendo el desorden público, que entró en vigor el pasado 19 de abril, “debe ser analizada a fondo” para definir si cumple con los estatutos constitucionales de la nación.

Acorde con el informe emitido por el juez federal Mark Walker, la ley es "vaga y demasiado amplia", ya que “podría poner en juicio a las personas que participan en una protesta donde se realiza una manifestación violenta”.

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Después amplió: "Si este tribunal permite la aplicación del estatuto, las acciones ilegales de unos pocos individuos deshonestos podrían criminalizar a cientos, si no miles, de floridanos respetuosos de la ley".

“Desafortunadamente, solo se necesita un puñado de malos actores para transformar una protesta pacífica en un disturbio público violento”, agregó el juez.

El magistrado atendió la demanda que fue presentada por la conferencia NAACP Florida, Dream Defenders, Black Lives Matter Alliance Broward y otros grupos.

La medida fue aprobada a principios de este año por el Congreso estatal y promulgada en abril por el gobernador, Ron DeSantis, en reacción a las manifestaciones violentas que tuvieron lugar en el país, incluso en menor medida en Miami, durante las protestas por la muerte de George Floyd.

Los abogados del estado de Florida argumentan que la ley permite protestas pacíficas, pero es un esfuerzo por establecer una clara distinción entre el derecho a la expresión y un motín violento.

“Debido a que la ley no especifica si una persona debe compartir la intención de cometer violencia ni clarifica qué significa participar, el estatuto se puede interpretar para criminalizar incluso a manifestantes que no participen o apoyen la violencia”, señaló el juez.

DIARIO LAS AMÉRICAS contactó la oficina del gobernador para obtener su reacción al respecto: “No estamos de acuerdo con esa decisión, pero este caso lo decidirá el Tribunal de Apelaciones del Undécimo Circuito” en Atlanta, respondió Christina Pushaw, secretaria de prensa.

“Hay una diferencia entre una protesta pacífica y un motín, y los floridanos no quieren ver el caos y la violencia asociados con los disturbios en sus comunidades. Inmediatamente presentaremos una apelación, en la que confiamos en que el 11 ° Circuito aplicará correctamente la ley y la mantendrá para garantizar que las agencias de aplicación de la ley de Florida tengan las herramientas necesarias para combatir disturbios y mantener seguros a los floridanos”.

La ley, también conocida como HB1, endurece las penas por los delitos cometidos durante un motín o una protesta violenta y permite a las autoridades detener a manifestantes hasta una primera comparecencia ante el tribunal, entre otros asuntos.

La ley también clasifica de delito grave de segundo grado, punible con hasta 10 años de prisión, destruir o demoler un monumento, placa, bandera, pintura, estructura u otro objeto que conmemora a personas o eventos históricos.

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