MIAMI.- El juez Joshua Hawkes, del Tribunal de Circuito del condado de León, dictaminó que el nuevo mapa de distritos congresionales de Florida impulsado por el gobernador Ron DeSantis permanecerá intacto de cara a las elecciones de medio mandato del 3 de noviembre, al desestimar la solicitud de dos organizaciones de derechos electorales y un grupo de votantes que buscaban bloquear la cartografía antes de los comicios.
El magistrado concluyó que los demandantes no demostraron una probabilidad sustancial de éxito en su reclamo y que revertir el estado al mapa de 2022 a esta altura del calendario electoral resultaría improcedente, con la maquinaria de votación ya en marcha y las primarias previstas para agosto.
Trasfondo del litigio
La controversia se originó el pasado 4 de mayo, cuando DeSantis promulgó la nueva delimitación de distritos tras su aprobación en ambas cámaras del Congreso estatal, de mayoría republicana.
El esquema, diseñado por un asesor del gobernador, reconfigura las fronteras de los escaños de Florida en la Cámara de Representantes federal y, según proyecciones de organizaciones civiles y estimaciones difundidas por la propia oficina del gobernador, podría otorgar hasta cuatro escaños adicionales al Partido Republicano.
La delegación de Florida en Washington está integrada actualmente por 20 representantes republicanos y ocho demócratas.
Las organizaciones Common Cause y Equal Ground Education Fund, junto con un grupo de votantes, presentaron demandas que fueron consolidadas ante el juez Hawkes.
Los demandantes sostienen que la cartografía constituye una manipulación partidista inconstitucional y se apoyaron en declaraciones de Jason Poreda, el asesor de DeSantis que trazó los distritos y reconoció haber empleado datos partidistas.
La Constitución de Florida prohíbe trazar distritos con la intención de favorecer o perjudicar a un partido político, una salvaguarda incorporada mediante la Enmienda de Distritos Justos, aprobada por cerca del 63 por ciento de los electores en un referéndum de 2010.
Argumentos del fallo
Hawkes reconoció en su resolución que existía evidencia del uso de consideraciones partidistas en la elaboración del mapa, pero consideró que el empleo de datos políticos por parte de Poreda constituía prueba circunstancial y no una demostración directa de una intención ilegal.
El magistrado también determinó que los grupos demandantes no acreditaron que el mapa anterior, aprobado en 2022, fuera constitucional en caso de anularse la nueva delimitación.
En ese punto pesó un fallo reciente de la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso de Luisiana que acotó la aplicación de la Ley de Derechos Electorales en lo relativo al trazado de distritos basado en criterios raciales.
Los abogados de DeSantis y del Congreso argumentaron que, a la luz de esa interpretación, el anterior Distrito 20, ubicado en el sur de Florida y con mayoría de votantes afroamericanos, enfrentaría problemas de constitucionalidad.
Ese distrito permanece vacante desde la renuncia en abril de la excongresista Sheila Cherfilus-McCormick, en medio de una investigación federal. En su escrito, el juez sostuvo que el desafío legal “está más orientado a los ciclos electorales de 2028 o 2030 que al de 2026”.
Una decisión que no cierra la disputa
El dictamen de Hawkes, un magistrado designado por DeSantis, mantiene la cartografía vigente mientras las tres demandas estatales continúan su curso hacia un juicio de fondo. Sin embargo, el fallo no pone fin al conflicto judicial.
Los representantes de los demandantes anunciaron de inmediato la presentación de notificaciones de apelación y adelantaron que llevarán la disputa hasta la Corte Suprema de Florida si resulta necesario. Ese tribunal está integrado por siete magistrados designados por gobernadores republicanos, seis de ellos nombrados por el propio DeSantis.
La defensa del Estado planteó durante las audiencias que el tribunal carecía de potestad para bloquear el mapa y que modificar los distritos tan cerca de una elección generaría confusión entre los votantes.
Los demandantes, en cambio, pidieron suspender temporalmente la nueva cartografía y restablecer el mapa de 2022 mientras se resuelve el litigio.
El gobernador, por su parte, ha defendido de manera reiterada la legalidad de la medida, que su oficina describe como diseñada con criterios neutrales en términos raciales.
El caso de Florida se inserta en una disputa nacional por el rediseño de los distritos congresuales a mitad de la década, un proceso impulsado por el presidente Donald Trump, quien instó a los estados gobernados por republicanos a aprobar nuevos mapas para preservar el control de la Cámara de Representantes, hoy en manos del partido por un margen estrecho.