MIAMI.- Representantes y senadores estatales de Florida se aprestan a comenzar una nueva legislatura, en la que se presentarán más de mil propuestas de ley, unas necesarias y otras controversiales, que acapararán la atención de muchos en los próximos días.
La sesión legislativa comienza el martes 1 de marzo con el informe anual del estado de la jurisdicción de Florida, en la voz del gobernador Ron DeSantis, quien se espera haga énfasis en ciertas propuestas de ley, el presupuesto operativo y su desempeño durante la pandemia de coronavirus.
De esta manera, legisladores de ambas cámaras, 120 representantes y 40 senadores estatales, deben sesionar por 60 días, lo que significa que antes del 30 de abril deben haber aprobado el presupuesto y atendido el millar de propuestas de leyes presentadas.
Entre los asuntos a tratar destacan:
- Presupuesto: DeSantis ‘recomienda’ un presupuesto de 96.600 millones de dólares, lo que representa un aumento de 4.300 millones de dólares con respecto al año fiscal actual. Pero se espera que los impactos relacionados con el coronavirus provoquen recortes generalizados en áreas como la educación, el medio ambiente, la atención médica y más.
- Educación: Los legisladores considerarán expandir el programa de vales escolares, pero muchos maestros de escuelas públicas opinan que esto alentaría la educación privada en el estado.
- Medio ambiente: Es probable que DeSantis continúe presionando por $ 625 millones para componer los Everglades y combatir la proliferación de algas. El presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Chris Sprowls, presentó la semana pasada una legislación que exige que el estado invierta $ 100 millones por año en la mitigación del aumento del nivel del mar y las inundaciones.
- Atención médica: Las tasas de reembolso de Medicaid para hospitales y hogares de ancianos podrían ser discutidas como parte del presupuesto estatal.
- Protestas: Una propuesta de ley que fortalece penalidades por actos de violencia durante protestas populares y que muchos creen necesaria afronta la controversial idea de que restringe manifestaciones porque no limita la penalidad a quienes causen los daños.
