Vista parcial del ayuntamiento de Miami.
JESÚS HERNÁNDEZ / DLA Documento de DBPR que con la licencia del agente de Real Estate Jose Álvarez vigente desde 1990.
MIAMI. - Un residente de Miami cursó una demanda contra el Ayuntamiento local por un supuesto fraude, al considerar que hace unos años personas relacionadas con la Ciudad le indujeron a vender su propiedad y se aprovecharon de dicha operación, obteniendo un beneficio de 165.000 dólares.
DIARIO LAS AMÉRICAS se acercó al tema, ampliamente difundido por los medios locales, y ha encontrado una óptica algo diferente en un caso lleno de matices.
La demanda hecha pública por el blog Political Cortadito, quien sacó a la luz el caso, argumenta lo siguiente: “La Ciudad de Miami, a través del Abogado de la Ciudad, sus subordinados, los Oficiales de Cumplimiento del Código y la Junta de Cumplimiento del Código, entre otros, está involucrada en un esquema de conspiración para enriquecer a la Abogada de la Ciudad y su esposo, Carlos Morales. La Ciudad está haciendo cumplir las violaciones del código y las multas y sanciones relacionadas contra los residentes de la Ciudad, pero no está haciendo cumplir esas mismas leyes y multas al esposo de la Abogada de la Ciudad y su empresa cuando compran las propiedades en cuestión con grandes descuentos a residentes ancianos, que son incapaces de lidiar con la burocracia de la Ciudad”, alega el documento de la demanda.
El presunto fraude
Según José Álvarez (presunto afectado), la casa de su madre, ubicada en 900 NW 30th Avenue, enfrentaba 271.500 dólares de multas por violaciones de códigos de construcción y, cuando llamó al Ayuntamiento para ver cómo podía conservar la propiedad, la abogada de la Ciudad, Victoria Méndez, le recomendó que viera al señor Carlos Morales.
De acuerdo a lo publicado, cuando Álvarez contactó a Morales, éste le dijo que resolver las multas y los problemas de violación de la vivienda “era demasiado complicado y costoso”, por lo que, “venderla era la única opción”.
Supuestamente con esa información, Álvarez puso a la venta la casa de cuatro dormitorios y tres baños, cerca del Marlins Park. El precio listado fue de 205.000 dólares.
Coincidentemente, el comprador de la vivienda fue una empresa propiedad del señor Morales, que a su vez es esposo de la abogada de la Ciudad de Miami, Victoria Méndez.
Un año después, tras remodelar la propiedad, Morales acudió a la Junta de Aplicación de Código y logró que le condonaran todas las multas que habían sido adjudicadas a la vivienda.
Algunos documentos señalan que Morales apenas se gastó 61.05 dólares para obtener los permisos en la Ciudad y la casa fue vendida por 370.000 dólares. Es decir, 165.000 por encima del precio de compra.
Trato de favor
Otra arista de este escándalo es que Morales habría recibido un trato de favor por parte de la Junta de Aplicaciones de Código. Estando fuera de plazo, realizó la solicitud de ser incluido en la agenda a la secretaria de la abogada de la Ciudad y al comisionado Joe Carollo y la Junta, en su reunión del 25 de julio de 2018, le perdonó todas las multas a Morales con el voto de la mayoría.
Express Homes
El problema se complica más porque, al parecer, la empresa Express Homes, cuyo dueño es Morales, ha comprado unas 20 casas en Miami-Dade a precios por debajo del mercado. De las 20 casas, 14 fueron compradas a personas del programa de Tutela de Miami-Dade (Miami-Dade Guardianship Program), la agencia sin ánimo de lucro que se encarga de proteger a los adultos de la tercera edad discapacitados y en estado de indigencia. Ocho de las viviendas adquiridas por Express Homes estaban en la ciudad de Miami. Entre ellas, la casa de la madre de Álvarez.
Otra óptica
Según Political Cortadito, la abogada Méndez declaró que con esa acusación se estaba siguiendo una estrategia de la firma AXS Law Group del abogado Jeffrey Gutchess, quien representa a los empresarios de la Pequeña Habana Bill Fuller, propietario del bar Ball & Chain, y Martin Pinilla, dueño de The Mad Room. Estos comerciantes sostienen que el comisionado Joe Carollo utilizó en su contra al Departamento de Cumplimientos de Códigos y a la propia abogada de la Ciudad, porque Fuller apoyó a su oponente en las elecciones de 2017.
Enfangarlo todo
Por su parte, el comisionado Carollo coincidió con la declaración de Méndez al decir que esto es parte de la estrategia de la firma AXS Law Group: “tirar todo el fango que puedan, difamar y mentir sobre mí y los oficiales electos de la ciudad, ya sea el alcalde Suárez o la abogada. La idea es crear una matriz de opinión para influir en los potenciales miembros del jurado del juicio que tienen contra mí y la Ciudad. Para que estos vengan ya prejuiciados. Eso es lo que está pasando, esa es la estrategia del demandante”, asegura el comisionado Carollo.
En septiembre de 2021, estos dueños de negocio de la Pequeña Habana demandaron a la ciudad por 28 millones alegando acoso y trato injusto por parte del gobierno municipal. Tras muchos retrasos, el juicio debe comenzar el próximo mes de abril.
Realtor con 28 años de experiencia
Al comisionado Carollo le llama la atención cómo ningún periodista de investigación se ha preguntado quién es el señor Álvarez. “La imagen que quieren dar es la de un pobre anciano que no sabía nada y que Morales abusó de él y le dio tres vueltas para comprarle la casa”.
“El pobre anciano tenía 63 años cuando esto pasó. En 2017, cuando vendió la propiedad, Álvarez llevaba 28 años de experiencia como agente inmobiliario y actualmente es un experto con 33 años de carrera en real estate”.
“Él sabía lo que una persona promedio desconoce sobre compra y venta de propiedades, de códigos y multas. Este señor ha vendido siete casas propias, además de las otras que debe haber participado representando a sus clientes como agente inmobiliario en 28 años. Este experto en real estate debe saber cómo manejarse con el gobierno y no es nadie que alguien pueda coger de bobo con el valor de una propiedad”, sostuvo Carollo.
Precio justo
El comisionado también sostuvo que la casa que vendió Álvarez, en cuyo título aparecían la madre de Álvarez y un hermano, en ese momento estaba tasada en 133.000 dólares. “La oficina del tasador de la propiedad siempre tasa un 15 o 20% inferior al valor de mercado. Sin embargo, Morales compró la vivienda a un precio 50% superior al valor tasado, es decir, 205.000 dólares”.
“Nadie le puso una pistola en la cabeza. Él sabía lo que estaba haciendo. Lo que le dieron por la casa fue un valor justo. Incluso, Álvarez acababa de vender otra casa que tenía en propiedad en mayo de 2017”, añadió el comisionado.
Según el comisionado Carollo, Álvarez “convirtió la vivienda en una cuartería, la tenía alquilada a varias familias”. Precisamente las multas surgieron tras una denuncia de uno de los inquilinos que Álvarez tuvo que sacar de la casa por no pagar. La madre ya no vivía en la casa porque estaba enferma y ellos, a pesar de tener la casa alquilada, seguían beneficiándose de la exención tributaria y otros beneficios. “Prácticamente, no pagaban los impuestos por la casa”, apuntó Carollo.
Guardianship Program
Carollo también encuentra una posible explicación a las 14 casas que Morales compró a través del programa de custodia de ancianos del condado Miami-Dade Guardianship Program.
“Morales en 20 años compró 20 propiedades, de ellas 14 vinieron a través del programa. Según tengo entendido, cuando llega el momento de vender las casas, el Guardianship Program lo anuncia públicamente a través de una subasta para que, tanto Morales como quien quiera, pueda pujar. Estoy seguro de que en 20 años han sacado mucho más de 14 propiedades. Hay que buscar cuantas miles se han vendido a través del programa en este período”.
El perdón de la multa
Carollo niega haber leído el email que supuestamente le envió Morales, hace cinco años, para que lo incluyera en la agenda de la Junta de Códigos. “Yo no conozco a Morales, nunca lo he visto. No sé si le he saludado en alguna fiesta”. Sin embargo, afirmó que no es raro que las personas pidan ser incluidas en las agendas, después de los plazos, sobre todo en julio, para evitar el cese que ocurre todos los años en agosto, cuando no se celebran este tipo de reuniones.
Sobre el perdón, dijo que, hasta el año pasado, eso era lo habitual. “Cualquiera podía ir a la reunión de la Junta de Código y pedir la condonación de una multa. Pregúnteles a los muchachones dueños de barras de la Calle 8 cuántos millones les han perdonado. Eso era lo común”, asegura el comisionado.
“Todo cambió hace un año por una ordenanza que yo impulsé. Ahora, si alguien quiere un arreglo, tiene que venir a la Comisión. La nueva ordenanza aborda cómo se deben pagar las multas de la ciudad”.
La clave según Carollo
“Lo importante es saber quién está detrás de esto. Por ejemplo, Álvarez aún no ha presentado la demanda formalmente a la Ciudad, la presentaron en los tribunales, pero no a la Ciudad. La ley dice que para que el demandado pueda contestar a la demanda tiene que haberla recibido. Ellos pueden hacer todo el escándalo y nosotros, no podemos contestar a una demanda que no hemos recibido formalmente. ¿Por qué el señor Álvarez, cinco años después, pudo llegar a la misma firma de abogados que representa a quienes están demandando a la Ciudad cuando él vive en Village North en Florida Central?”, cuestiona Carollo.
A la pregunta de cómo él está al tanto de cada detalle del caso, si afirma no conocer a Morales ni tener relación con su empresa, Carollo respondió:
“Es que veo que son los mismos que me están demandando. Ellos quieren ver cómo todo esto me afecta. Por eso me empapo en la información y busco saber cada detalle”, respondió.
@menendezpryce
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