MIAMI.-SERGIO OTÁLORA
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@sergiootalora
Familias, estudiantes indocumentados, trabajadores del campo y organizaciones pro inmigrante se desplazan hacia el centro administrativo y político del Estado del Sol para presionar a los congresistas e impedir que sean aprobadas leyes antiinmigrante
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La comunidad migrante de la Florida se moviliza este martes hacia Tallahassee, al Congreso estatal, para pedir a los senadores que no aprueben el proyecto de ley SB 872, que se discutirá este 17 de febrero. Dicho proyecto obligaría a los departamentos de policía locales, a los profesores de los distritos escolares y otras autoridades a actuar como agente de inmigración.
Familias, estudiantes indocumentados (conocidos como dreamers) trabajadores del campo y organizaciones proinmigrante se desplazan hacia el centro administrativo y político del Estado del Sol para presionar a los congresistas, sobre todo la delegación de Miami-Dade, en gran parte de origen cubano, para que impida que sean aprobadas leyes antiinmigrante.
El pasado 3 de febrero, la Cámara aprobó la HB 675 (similar a su versión SB 872 del Senado) que obliga a los gobiernos locales y a las autoridades de policía a cooperar con las autoridades federales de inmigración so pena de multas si no cumplen con la ley. Se trata de que los municipios, y sus diversas autoridades, participen en hacer cumplir las leyes migratorias.
En enero de 2015 el Gobierno federal lanzó un programa, que reemplazó a “Comunidades Seguras”, en el que las autoridades migratorias federales les pidieron a los departamentos de policía locales que detuvieran a sospechosos de no tener estatus migratorio por un plazo de 48 horas mientras se decidía si quedaban en custodia de las autoridades o eran deportados.
Pero hubo gobiernos locales y condados, a través del Estado de la Florida, que no siguieron esa directiva de inmigración federal, con el argumento de que era muy alto el costo de tener gente detenida durante semanas sin ninguna posibilidad de que hubiera un reintegro, por parte del Gobierno federal, de los dineros gastados por los municipios en ese tipo de detenciones.
Por otra parte la asociación de Alguaciles de la Florida emitió una advertencia para los 67 alguaciles de condados en la que señalaba que detener a alguien, sin orden de captura emitida por un juez, podría estar violando la Cuarta Enmienda. También argumentaron para su negativa, que ICE (Immigration and Customs Enforcement) no tiene el derecho a solicitar a alguien sin tener una orden de detención o de deportación.
El presidente del Comité Judicial, Miguel Díaz de la Portilla, ha indicado que no apoyará esa propuesta de ley. Sin embargo, sus compañeros de la delegación de Miami-Dade en la Cámara votaron a favor de la misma: Frank Artiles, Jeannette Nuñez, Carlos Trujillo, José Oliva, Manny Díaz, Erik Fresen, Bryan Avila, Holly Raschein y Michael Bileca.
Los “milennials”
De acuerdo con el Pew Research Center, los hispanos de la generación del milenio -es decir los nacidos entre 1981 y 1996- son el 44% de los 27.3 millones de la población latina en capacidad de votar para las elecciones de 2016. “Una participación más grande que cualquier otro grupo racial o étnico de electores”, según lo afirmado por el Pew.
Según este centro de investigación la enorme huella de la generación del mileno, que está inscrita para votar, refleja la sobresaliente importancia de la población joven latina -nacida en Estados Unidos- como una fuente de crecimiento de un sector del electorado. La edad promedio de esta generación esde 19 años y esto significa una fuerza enorme de ampliación de votantes en los próximos veinte años. Entre 2012 y 2016 cerca de 3.2 millones de jóvenes serán mayores de edad y podrán hacer uso de su derecho de elegir.
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