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MIAMI.- Tanto el Congreso de la nación como el de la Florida y muchos otros estados aseguran que “trabajan intensamente” por lograr medidas que “garanticen” la seguridad pública, pero expertos coinciden en que las propuestas presentadas no evitarán otra masacre, como la ocurrida en el instituto de enseñanza secundaria Marjory Stoneman Douglas el pasado 14 de febrero.

“Aun cuando vigilemos a personas que denoten intenciones de hacer daño o incluso atendamos debidamente a quienes sufren trastornos mentales, no vamos a evitar que alguien entre armado a una escuela o un centro comercial y mate a 10 o 20 o más personas”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS James Williams, profesor de ciencias políticas de University of Florida.

De hecho, el profesor Williams aplaude la decisión de grandes cadenas de tiendas, como Dick´s, Walmart y L.L. Bean, que prohibieron la venta de rifles semiautomáticos y aumentaron a 21 años la edad requerida para comprar un arma de fuego, o Delta Airlines que retiró la oferta de descuentos a los miembros de National Rifle Association (NRA).

“El problema principal está en la disponibilidad de las armas de fuego y lo fácil que es adquirir una, dos o cinco de ellas, y mientras no abordemos esa situación, seguiremos dándole vueltas al asunto y perdiendo vidas humanas”, resaltó.

Y si grandes empresarios, que normalmente responden a intereses monetarios, “son capaces de dejar a un lado ciertas ganancias para salvar vidas, lo menos que pueden los políticos hacer es imponer el deseo de la ciudadanía de acabar con esta locura”, propuso el profesor.

No obstante, los grupos lobistas que representan a NRA y la propia organización dificultan la aprobación de restricciones mayores “con una fuerte presencia, que muchas veces resumen en millonarias contribuciones a las campañas políticas de legisladores e incluso la presidencia”.

Por esto y más, gobernadores, congresistas, senadores y el mismísimo presidente Donald Trump optan por “buscar soluciones que no afecten sus relaciones con la poderosa asociación nacional que defiende la tenencia de armas.

Cruz versus Broward

En la Florida, el Congreso ordenó investigar “las numerosas alertas de conducta del atacante Nikolas Cruz”, incluyendo las peligrosas amenazas que fueron pasadas por alto y las 39 llamadas a la Policía en un período de siete años, “para determinar qué se podía haber hecho para evitar la masacre”.

De acuerdo con los vecinos de Cruz, el joven manifestaba cierto comportamiento violento, cuando cazaba sapos y los torturaba o atravesaba conejos con púas de madera, disparaba a las ardillas o simplemente hacía alarde de algún arma de fuego.

Este comportamiento, aun cuando no hay un informe final sicológico, denota “tendencias sociopáticas” que podrían haberlo impulsado a realizar la masacre del 14 de febrero.

Tal como sucede a la mayoría de las personas que sufren este tipo de afección, no reconocen la existencia del mal y rehúsan asistencia profesional. Y como la ley otorga el derecho a aceptar o no la ayuda a partir de los 18 años, Cruz rechazó ser atendido cuando los cumplió.

Propuestas

Además de abordar los patrones sicológicos y tratar de mejorar las leyes que atienden ese apartado, el profesor Williams propone tener en cuenta la Segunda Enmienda de la Constitución, que “concede el derecho a poseer y portar armas”, acorde a nuestro tiempo para prohibir la venta e incluso prohibir tenencia de “ciertas armas de mayor calibre”, como el rifle semiautomático AR-15 o la ametralladora AK-47.

“Aparte de fondos adicionales para reforzar el sistema de salud mental y la red que atiende los trastornos mentales de los atacantes en potencia, necesitamos regulaciones más fuertes, como aumentar la edad requerida para tener o comprar un arma de fuego, además de apostar por una verificación de antecedentes más exhaustiva”, enfatizó.

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