MIAMI.- Juan Pérez, el director del Departamento de Policía del Condado Miami-Dade, en entrevista con DIARIO LAS AMÉRICAS fue contundente: “Es importante que las personas sepan que como oficiales del Condado, no vamos a estar haciendo cumplir las leyes de inmigración. No es nuestro trabajo preguntarles a quienes detenemos si son ilegales o no”.
El pasado 25 de enero, el presidente Donald Trump emitió una orden ejecutiva que tenía como objetivo, según lo dice el texto del documento oficial, “dirigirse a los departamentos y agencias para que empleen todos los medios legales con el fin de que hagan cumplir las leyes de inmigración de Estados Unidos”.
“¿Estaría haciendo el Departamento de Justicia un arreglo con autoridades estatales y locales para darles poderes federales, en términos de inmigración, a las policías locales?” se preguntó el director Pérez.
“Si la dirección que piensan tomar es que nosotros cumplamos funciones de agentes de inmigración, el alcalde [Carlos Giménez] y yo decimos que no vamos a cumplir porque no pensamos que eso sea legal”, respondió la máxima autoridad del departamento de Policía de Miami-Dade.
Cambio de prioridades
Otro de los puntos de la orden legislativa emanada de la Casa Blanca es que reestableció el programa de “comunidades seguras” y derogó el impulsado por la anterior administración llamado “prioridades para cumplimiento de las leyes de inmigración” (PREP, por sus siglas en inglés).
Este cambio no altera la acción de la policía, pero sí afecta algunos procedimientos del sistema carcelario cuando es detenido un indocumentado. Con “comunidades seguras” de nuevo en acción, esa persona está detenida por 48 horas, más el tiempo reglamentario de confinamiento de acuerdo con el delito cometido, si ICE (la agencia de inmigración y aduanas de Estados Unidos) pide a las autoridades carcelarias que se retenga a ese individuo. Si pasan dichas 48 horas y ICE no llega, el retenido es dejado en libertad. Permanecerá en poder de las autoridades si hay de por medio una orden de arresto por parte de un juez.
Durante la administración Obama, PREP le daba a las autoridades locales tres niveles de acción: el 247D, para detención; el 247N, para notificación, y el 247X, con esto el gobierno local transportaba a las personas que tenían una orden de detención y se las entregaba a inmigración. “Esto casi nunca se hacía”, recordó Pérez.
Cumplir con la autoridad federal
Lo que sí está claro es que la policía del Condado Miami-Dade colabora con ICE en el área de investigación en temas como tráfico humano, lavado de activos, fraude y otros delitos. Por eso Pérez niega de plano que el condado pueda ser calificado como “comunidad santuario”. “Nosotros estamos cumpliendo con las autoridades federales. Estamos reteniendo a las personas 48 horas, estamos notificando, estamos en intercambio de información y en el desarrollo de investigaciones de delitos como los que ya mencioné”.
A pesar de la orden ejecutiva, que ya ha sido demandada en varias jurisdicciones, Pérez es optimista, cree que la prioridad de ICE va a estar en los que ya sean convictos por delitos graves, o estén en casos que aún no se han cerrado, o aquellos que han entrado y salido muchas veces de la cárcel o los que siguen violando las políticas administrativas de Estados Unidos.
Sin embargo, el documento firmado por Trump, que tiene fuerza de ley, dice que, entre otras cosas, serán deportados aquellos que “a ojos de un oficial de inmigración representen un riesgo para la seguridad pública o nacional”. Eso es algo muy subjetivo. ¿Alguien que no tiene antecedentes penales pero fue sorprendido por la policía sin licencia de conducción porque es indocumentado, será objeto de deportación por parte de ICE por haber cometido un delito menor?
“El estar de manera ilegal no es un tema penal sino administrativo”, precisó Pérez. “Nuestra tarea es hacer cumplir la ley para que haya paz y tranquilidad para todos los residentes”, añadió.
“Giménez iría a las cortes si obligan a la Policía a perseguir indocumentados”
El Condado Miami-Dade ha sentido la onda expansiva de un terremoto migratorio que ni siquiera inició el actual presidente, sino el que acaba de dejar la Oficina Oval: el pasado mes de mayo de 2016, el departamento de justicia clasificó a dicho condado como una “comunidad santuario”.
La carta enviada tenía la amenaza de recortes de dineros federales – alrededor de 350 millones de dólares- si no se aclaraba la situación. Lo que había desatado la acción del gobierno de Obama no era ni siquiera que las autoridades locales supuestamente no colaboraran con el gobierno central (lo que sí hacían), sino una resolución aprobada de manera unánime por la comisión de Miami- Dade, en diciembre de 2013, que pedía el reembolso, por parte del gobierno federal, del costo extra que significaba retener a un indocumentado por un tiempo mayor al estipulado por las leyes estatales y locales.
“La orden ejecutiva del alcalde Giménez [emanada el jueves 26 de enero, unos días después de la emitida por el presidente Trump] era para retirar el punto del reembolso al sistema carcelario si a una persona se le extendía su periodo de detención de 48 horas por pedido de ICE (la agencia de inmigración y aduanas). Esa fue la razón de que nos designaran como comunidad santuario”, explicó Mike Hernández, director de comunicaciones del Condado Miami-Dade, en conversación con DIARIO LAS AMÉRICAS.
Bajo la presidencia de Obama se deportaron más de dos millones de indocumentados. Ninguna otra administración había expulsado del país a tantas personas, según lo han reiterado las organizaciones pro inmigrantes. Al mismo tiempo tampoco estaba de acuerdo con el programa de comunidades seguras, y por eso dio la orden de dar prioridad de deportación a los indocumentados que hubieran cometido delitos graves.
La comisionada del distrito 4 de Miami Dade, Sally Heyman, fue la autora de la resolución que exigía la restitución, por parte del gobierno central, de los dineros gastados por retener a personas por más tiempo del debido. “Ella va a presentar una nueva resolución que está en línea con la orden ejecutiva del alcalde”, indicó Hernández, todo con el propósito de evitar que el gobierno federal, a manera de castigo, le quite fondos al Condado.
Después de la orden ejecutiva de Giménez al sistema carcelario del condado, para que actúe de acuerdo con las directivas de la Casa Blanca, ha habido varias protestas. La comunidad indocumentada tiene miedo, a pesar de declaraciones como la de Hernández: “si el gobierno de Trump quiere convertir a los policías en agentes de inmigración para pedir el estatus migratorio de los residentes, ese sería un tema que el alcalde Giménez llevaría a las Cortes, si fuera necesario”.
La alcaldía de Giménez cree que la mayoría de los residentes confía en su palabra. Sabe que el condado, al igual que el país, está muy dividido. “Muchos tienen temor a las autoridades y creen que la policía se va a convertir en fuerza de inmigración”, acotó Hernández.
Descarga LA APP