¿Afectan las distintas peculiaridades la capacidad de postularse a alguno de los implicados? ¿Deberían los votantes tener en cuenta ciertos comportamientos a la hora de ejercer su derecho al voto?
Los hechos: El aspirante Frank Pichel fue arrestado y acusado de agresión agravada con un arma de fuego después de que presuntamente amenazara con un arma a un trabajador de una campaña de su rival, Alex Díaz de la Portilla, quien hasta hace foco ocupara el escaño del distrito 1 y fuera suspendido por el gobernador Ron DeSantis tras su arresto por cargos de corrupción. Miguel Gabela, otro candidato al distrito 1, se ha visto obligado a probar la legitimidad de su residencia geográfica en ese distrito.
En conversación con DIARIO LAS AMERICAS, el abogado Juan Carlos Planas subrayó que “ninguno de estos procesos debería invalidar alguna de estas candidaturas, aunque sí, es necesario analizar cada uno con sus particularidades”
El supuesto incidente de Pichel ocurrió el domingo 22 de octubre, cerca del complejo de apartamentos Pearl, ubicado en la calle 33 con la avenida 17 y el detonante habría sido una pelea por un cartel con propaganda electoral. Según el reporte policial, las autoridades recibieron un video donde se puede observar a Pichel sacando un arma de fuego, cargándola y sujetándola. De acuerdo con declaraciones de un testigo, el implicado estaba arrancando pancartas de la campaña de Díaz de la Portilla y cuando un trabajador de esa contienda se le acercó, Pichel respondió acalorado: “Te voy a disparar y no me va a pasar nada porque antes era policía”.
“Sobre el caso, es necesario enfatizar que a Pichel no se le han presentado cargos oficiales. Por el momento no sabemos más nada al respecto”, enfatiza el letrado Planas.
Según reportes de medios de prensa locales, Pichel es un expolicía, suspendido en el año 2000 tras una acusación de haber solicitado un reporte - calificado de falso- para supuestamente encubrir una golpiza que habría conducido a la muerte de un reo. En aquella ocasión, no hay registros de que la fiscalía haya presentado cargos. También añaden los reportes consultados que Pichel en 2008 habría sido encausado por la venta de esteroides y Cialis pero que tras un acuerdo se le habrían retirado las acusaciones. En el 2019, Pichel perdió la elección precisamente contra Díaz de la Portilla y en 2021, la carrera por la alcaldía de Miami contra Francis Suárez.
En declaraciones exclusivas a DIARIO LAS AMERICAS, acerca de las alegaciones del incidente más reciente, Pichel asegura que “todas esas acusaciones son falsas”, y añade, “cada vez que yo corro para una posición o cargo político hacen lo mismo porque saben que yo voy a destapar toda la corrupción que hay en la ciudad”.
En referencia al incidente asegura que el propio video que varios medios de prensa citan es precisamente la prueba que lo exculpa y describe: “el sujeto estaba insultándome, va hacia su auto y regresa con una bolsa negra (conocida como riñonera) la abre y mete la mano mientras me amenazaba gritando “hoy nos morimos tú y yo”. Entonces yo sí saqué mi arma de fuego porque temía por mi vida y la ley y los estatutos de Florida me respaldan. Yo le comenté esto mismo a los detectives”, advierte.
“Hace una semana yo le puse dos quejas al equipo de campaña de Díaz de la Portilla en la unidad interna de la policía por razones éticas por irregularidades y no he recibido respuesta ninguna”, apunta Pichel.
Pichel aseguró en sus declaraciones a este rotativo que los procesos antes mencionados en su contra sí fueron iniciados, pero -dice- ninguno trascendió y los cargos fueron desestimados.
Díaz de la Portilla
Su principal contrincante, Díaz de la Portilla, también tiene casos pendientes. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, suspendió del cargo de comisionado Díaz de la Portilla luego de su arresto bajo una serie de cargos de corrupción que se le imputan. Según un comunicado de prensa, su remoción como comisionado se oficializó con la Orden Ejecutiva 23-184.
“Por cuanto, Alejandro Díaz de la Portilla se desempeña actualmente como miembro de la Comisión de la Ciudad de Miami, Florida y considerando que, el 14 de septiembre de 2023, Alejandro Díaz de la Portilla fue arrestado por un cargo de Lavado de dinero, delito grave en primer grado según la sección 896. 101 de los Estatutos de Florida, tres cargos de Compensación o recompensa ilegal, un delito grave de segundo grado, un cargo de soborno/uso indebido de cargo público… un cargo de conspiración criminal… cuatro cargos de mala conducta de un oficial…un cargo de contribución de campaña que excede los límites legales para comités políticos… y dos cargos por no informar de un obsequio…y considerando que los Estatutos de Florida establecen que el gobernador puede suspender del cargo a cualquier funcionario municipal que sea arrestado por un delito grave o menor relacionado con el deber de su cargo… es en el mejor interés de los residentes de la Ciudad de Miami y de los ciudadanos del Estado de Florida, que Alejandro Díaz de la Portilla sea inmediatamente suspendido del cargo público”.
Díaz de la Portilla, de 58 años, junto con el abogado William Riley Jr., de 48 años, enfrentan una serie de cargos, incluyendo soborno y lavado de dinero. Ambos han negado cualquier acusación de conducta indebida. Díaz de la Portilla obtuvo su libertad bajo fianza después de pagar 72.000 dólares, mientras que Riley hizo lo propio con una fianza de 46.000 dólares.
Al salir de la cárcel TGK del condado, Díaz de la Portilla afirmó que le están aplicando la misma estrategia que se utiliza contra el expresidente Trump para evitar que gane su elección y que las acusaciones en su contra forman parte de una “campaña destinada a desacreditarlo y manchar su reputación”.
Pero según el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida (FDLE), existen pruebas de que tanto él como su abogado aceptaron más de 15.000 dólares para la campaña de su hermano, Renier Díaz de la Portilla, quien aspira a un cargo de juez y no informaron de estos fondos, como exige la ley de Florida.
Entretanto, una pesquisa adicional descubrió que Díaz de la Portilla operaba dos comités políticos exclusivamente para respaldar la campaña de su hermano y para cubrir gastos personales. Los registros, identificados por el FDLE, revelan que uno de estos comités reportó donaciones por alrededor de 2.3 millones de dólares, y el otro una suma que supera los 800.000 dólares.
En caso de ser condenados, ambos podrían enfrentar largas penas de prisión, con un máximo de 30 años por lavado de dinero y hasta 15 años por cada uno de los cargos de compensación ilícita, soborno y conspiración criminal.
Sin embargo, “este proceso legal en su contra no inhabilita a Díaz de la Portilla, pero si resultara electo, el gobernador Ron DeSantis lo podría volver a suspender, ese es el riesgo de su candidatura”, comenta el abogado Planas.
Miguel Gabela
En el caso de Miguel Gabela, las aguas parecen haberse calmado. “Ya la corte dictaminó que es un candidato calificado para la elección del 7 de noviembre”, agrega Planas que además fungió como abogado del candidato.
“Como esperábamos, la Corte dictaminó que Miguel Gabela cumple con el requisito de residencia de la Carta de la ciudad de Miami y es un candidato calificado para la Comisión.
En opinión de Planas, es lamentable que la ciudad de Miami tome una postura que él califica de antidemocrática contra uno de sus propios ciudadanos, primero tratando de sacar su casa del distrito y luego tratando de descalificarlo tan combativamente a pesar de que se mudó a una nueva casa dentro del distrito. Afortunadamente- advierte el abogado- el Estado de Derecho y nuestra democracia han prevalecido en la corte”.
Gabela denunciaba que dijo que la ciudad quirúrgicamente removió su casa de más de 20 años fuera del distrito durante la redistribución de distritos. “Se convirtió en un ‘no residente’ debido a las acciones de la ciudad”, dijo el Juez de la Corte de Circuito de Florida Pedro P. Echarte, Jr.
No obstante, en medio de esta trama, la última palabra la tendrán los votantes en las urnas el próximo 7 de noviembre.
