Miami.- EFE
Miami.- Un grupo de activistas protestó este miércoles frente a la casa del alcalde de Fort Lauderdale (Florida) por una reciente ordenanza local que prohíbe dar comida a indigentes en espacios públicos y por la cual le fueron presentados cargos a un nonagenario que realizaba esta labor en la calle la semana pasada
Miami.- EFE
Un grupo de activistas protestó frente a la casa del alcalde de Fort Lauderdale por una reciente ordenanza local que prohíbe dar comida a indigentes en espacios públicos y por la cual le fueron presentados cargos a un nonagenario que realizaba esta labor en la calle la semana pasada.
Los activistas mostraron llamativos carteles ante el dispositivo policial desplegado junto a la casa de Jack Seiler y criticaron que esta ordenanza es contraria a la ley, según informaron medios locales.
La ordenanza entró en vigor en Fort Lauderdale a principios de mes y, a los pocos días, Arnold Abbot, un activista de 90 años, fue acusado de violar esta norma al dar de comer a personas sin techo en público.
Para Abbot, director de la organización sin ánimo de lucro Love Thy Neighbor, esta es una labor que realiza desde hace veinte años.
Junto a él fueron citados judicialmente dos pastores cristianos, y los tres hombres afrontan una condena de hasta 60 días de cárcel y una multa de 500 dólares.
El anciano fue citado por segunda vez un par de días después, al alimentar de nuevo a indigentes en la calle.
La protesta frente a la casa del alcalde fue organizada por el refugio Homeless Voice con el objetivo de "asegurarse de que escuchara su mensaje alto y claro".
"Ningún estado, condado o gobierno municipal debería aprobar, hacer cumplir o crear leyes u ordenanzas que puedan llevar a la discriminación de sus ciudadanos", afirmó el activista Fred Wurcher.
"El segundo mandamiento de la Biblia es 'Ama a tu prójimo' y nosotros estamos intentando ayudar a nuestros vecinos", reivindicó otro de los asistentes a la protesta.
Sean Cononie, fundador del refugio, señaló hoy en televisión que 71 ciudades en el país están aprobando leyes para regular cómo alimentar a los indigentes y que éstas se han incrementado en un 48 % en los últimos dos años, lo que resulta en una "criminalización de la indigencia".