lunes 25  de  marzo 2024
MIAMI-DADE

¿Quién responde por los ciudadanos de EEUU en manos de autoridades migratorias?

Se calcula que en todo el país ICE (la agencia de policía migratoria) ha convertido en objetivo de su acción, de manera equivocada, 19.873 ciudadanos estadunidenses requeridos, a través de "detainers" emitidos por las autoridades migratorias federales
Diario las Américas | SERGIO OTÁLORA
Por SERGIO OTÁLORA

MIAMI.- Por definición, un ciudadano estadounidense no tendría por qué ir a manos de la Policía de Inmigración, conocida por las siglas ICE y muchos menos estar en proceso de deportación. Pero eso está sucediendo en el condado Miami-Dade, y en otras partes del país.

Conforme a un reporte de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) entre febrero de 2017 y febrero de 2019 fueron emitidos 420 requerimientos (“detainers”) por parte de ICE para que las autoridades carcelarias de Miami-Dade le entregaran a esa agencia federal de inmigración a detenidos que resultaron ser ciudadanos estadounidenses.

No eran residentes, ni beneficiarios de alivios migratorios como DACA (acción de deportación diferida para jóvenes que llegaron a Estados Unidos como niños traídos por sus padres indocumentados) o el TPS (“legalización” temporal de personas de ciertas nacionalidades, como hondureños, nicaragüenses o salvadoreños), y mucho menos eran personas sin papeles.

De esa cifra, fueron cancelados apenas 83 solicitudes de ICE cuando esta agencia pudo confirmar que eran ciudadanos. Pero el resto, como lo afirmó el informe de la organización de derechos civiles, “siguieron en poder de ICE en proceso de deportación”.

Según el Cato Institute –cita por el estudio de ACLU- se calcula que en todo el país ICE ha convertido en objetivo de su acción, de manera equivocada, 19.873 ciudadanos estadunidenses requeridos, a través de “detainers” emitidos por las autoridades migratorias federales.

Orden ejecutiva

Hace dos años, el presidente Donald Trump expidió una orden ejecutiva que, entre otras cosas, condicionaba los fondos federales a las llamadas “ciudades santuario”, es decir, aquellas jurisdicciones en las que las autoridades de policía no siguieran las políticas federales migratorias, sobre todo en el tema de detener, encarcelar y eventualmente poner en proceso de deportación a los indocumentados.

Al otro día de la orden ejecutiva emitida por la Casa Blanca, el alcalde del Condado Miami-Dade, Carlos Giménez, lanzó también una orden ejecutiva en la que dejaba en claro que su administración le daría cumplimiento a los “detainers” sin ninguna condición.

Un mes después, la Comisión de Miami-Dade ratificó la decisión de Giménez y echó para atrás una resolución aprobada en 2013 en la que estableció que el Condado no haría efectivos los requerimientos de ICE, si el Gobierno federal no le reembolsaba los costos de tener presas, por más del tiempo legal, a personas solicitadas por las autoridades federales.

Amien Kacou, abogado de inmigración de la ACLU, precisó que cualquier responsabilidad legal, en caso de demanda por parte de esos detenidos que supuestamente son ciudadanos estadounidenses, recaería sobre el Gobierno del Condado Miami-Dade y no sobre el departamento condal de Policía o de Prisiones.

Y esto se debe a que este condado, a diferencia de los 65 restantes de la Florida, no tiene alguacil, y su director es nombrado directamente por el alcalde. Por lo tanto, ni la Policía condal ni municipal controlan los llamados “detainers”.

“El Departamento de Prisiones es el que hace efectivas las políticas del Condado y ejecuta los “detainers”, puntualizó Kacou.

Estatus legal

No obstante, las cortes federales dejaron sin estatus legal la orden ejecutiva del presidente Trump y, por lo tanto, la medida de Giménez perdió justificación porque, según el abogado de la ACLU, “el Condado no era objeto de esa clase de presiones” [dejar en claro que no era “ciudad santuario” y, de esa manera, asegurar fondos federales].

De hecho, hay una demanda en curso, por parte de la ACLU, porque considera que la política del Condado, relacionada con los “detainers”, es ilegal e inconstitucional. Al momento del cierre de esta nota, no habíamos tenido respuesta del alcalde Giménez sobre estos temas.

Lo que dejó en claro Kacou es que la Policía sí puede tener un papel en el inicio del proceso, es decir, cómo y por qué decide arrestar a una persona y ponerla a órdenes de las autoridades carcelarias, mediante la ejecución de una política condal “ilegal”.

Por alguna infracción o delito fueron arrestados los ciudadanos estadounidenses que terminaron en la cárcel y pedidos por ICE. Lo que ha establecido la ACLU es que ha habido “evidencia de que los agentes de ICE en todo el país están emitiendo órdenes de arresto - que por lo general acompañan a los “detainers”- sin la revisión (de documentación) o supervisión que es requerida por la ley”.

Según esa organización de defensa de los derechos civiles, esa sería la falla que explicaría por qué hay ciudadanos estadounidenses en custodia de autoridades migratorias e incluso a la espera de ser deportados.

Tamara Spicer, vocera de ICE en Miami, respondió en un e-mail a DIARIO LAS AMERICAS, que esa agencia "no habla de casos que en estos momentos están en litigio".

Tiempo límite

De acuerdo con el director de la Policía de Miami-Dade, Juan Pérez, cuando una persona es detenida, y pasa a la jurisdicción de las autoridades carcelarias, ICE tiene 48 horas para pedirla con el propósito de ponerla en proceso de deportación.

Si después de ese periodo de tiempo no hay “noticias” de ICE, los detenidos son liberados.

Pérez ha dicho de manera reiterada que el departamento que dirige no cumplirá funciones de inmigración porque esa no es su tarea principal. Y frente al proyecto de ley estatal SB 168 –que busca prohibir las ciudades santuario y pedir a las autoridades policíacas y otras ramas del Gobierno colaborar con las agencias federales de Inmigración- “lo más importante para nosotros, como departamento de Policía de Miami-Dade, es que hay una excepción para las personas víctimas y testigos de delitos. Lo esencial para nosotros es que la comunidad indocumentada pueda reportar sin temor un crimen. Eso es en lo que nos queremos enfocar y vamos a presionar”.

Enfatizó en que cualquier cosa que decida Tallahassee no cambiará las políticas del departamento. “Nosotros no vamos a averiguar de dónde son las personas, ni a pedirles documentos. Nada de eso se hará aquí. Tengo la esperanza de que en el camino esos proyectos de ley cambien, aunque es muy pronto para poder afirmar cualquier cosa”.

El director Pérez señaló que la comunicación con los oficiales de Inmigración es necesaria en los casos de tráfico humano, lavado de activos y narcotráfico. “Ahí actuamos juntos pero no en el tema migratorio. Ese nunca será nuestro trabajo”.

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