El drama de los menores de edad que tras ingresar a EEUU a través de la frontera, solos o en compañía de una adulto, permanecen en refugios hasta definir cuál será su destino, constituye un tema en el que se interesan tanto activistas pro inmigrantes como congresistas federales.

En el sur del condado Miami-Dade, específicamente en el área de Homestead, la existencia de un refugio donde se encuentran residiendo unos 1.600 niños y adolescentes que han cruzado la frontera, ocasiona el malestar de un grupo que aboga por los derechos de estos menores de edad a quienes, una vez ingresados a la unión americana, por ley, el Gobierno está obligado a brindarles protección, hasta tanto sean procesados.

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“Queremos el cierre del centro de detención de menores de Homestead y que sean liberados lo más rápido posible los menores que están detenidos ahí”. Son los reclamos expresados por manifestantes que realizaron una protesta en frente de este refugio que genera tanta polémica y que alberga a menores que cruzaron la frontera sin la compañía de sus padres o fueron separados de sus familias por haber accedido a territorio estadounidense de manera ilegal.

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Activistas pro inmigrante durante un acto de protesta en las afueras del refugio de menores de Homestead.
Activistas pro inmigrante durante un acto de protesta en las afueras del refugio de menores de Homestead.

Esta instalación privada, que tiene un contrato de 220 millones de dólares con el Gobierno Federal, según lo expresó Tomas Kennedy, director político de la Coalición de Inmigrantes de la Florida (FLIC), está en la mira de los congresistas demócratas de la Florida, quienes hace tres semanas anunciaron que realizan una investigación a fondo sobre la situación de los 1.600 menores de edad que permanecen allí y para conocer qué están haciendo las autoridades federales en busca de una solución a ese problema.

En un comunicado, la comisionada condal del distrito 8, Danielle Levine Cava (que cubre el área de Homestead) pidió la reunificación inmediata de los niños y jóvenes con sus familiares. “Como madre y abuela creo que es inaceptable que estos jóvenes vulnerables estén detenidos de manera indefinida. No son delincuentes. Pido un cierre de la institución. Trabajemos para reunificar a estos menores, que sabemos pueden tener severos problemas emocionales”.

Empresa privada

Al igual que los congresistas que visitaron ese centro el pasado 19 de febrero, estos activistas criticaron el hecho de que sea una empresa privada (Comprehensive Health Services) la que maneje unas instalaciones consideradas las más grandes de su tipo del país. Uno de los reclamos consiste en que se desconoce, de la cifra de 1.600 niños y adolescentes inmigrantes radicados allí, quiénes son menores que cruzaron la frontera sin sus padres y quiénes fueron separados de sus familias. Se dice que el refugio tiene una capacidad de 2.350 camas.

En la opinión de Kennedy, “el problema con este centro es que es un negocio que busca el lucro”, y puntualizó que “sostener a cada niño cuesta unos 750 dólares al día”. Desde su perspectiva, por esos cálculos, para la institución resulta rentable mantener retenidos por más tiempo a esos menores.

Comprehensive Health Services pertenece a una firma llamada Caliburn International, que presta servicios al Gobierno Federal en varias áreas como ingeniería, medio ambiente, medicina, logística y manejo del riesgo.

Respuesta oficial

En solicitud de una respuesta oficial a los reclamos de los activistas proinmigrantes respecto a este refugio para menores, Diario Las Américas obtuvo vía correo electrónico la siguiente declaración del centro de relocalización de refugiados (Office of Refugee Resettlement, ORR):

"Los niños bajo los cuidados de este refugio temporal en Homestead no son prisioneros. No hay celdas con rejas ni puertas con seguro. De igual manera que las escuelas en cualquier comunidad del país, los refugios tienen horarios y reglamentos para proveer estabilidad y una rutina a los niños, como por ejemplo caminar el fila por el edificio cuando vas a clases".

El director encargado de ORR, Jonathan Hayes, indicó que el Congreso transfirió la responsabilidad para el cuidado de estos niños al HHS (Departamento de Salud) hace más de 16 años porque una parte esencial de la misión de ese departamento es el bienestar de los menores de edad. Muchos de esos niños salieron huyendo de la violencia rampante de las pandillas. Lo que es considerado como "secretismo" es para asegurar la privacidad y seguridad de estos niños".

Hayes describió la manera como estos refugios tratan a los jóvenes: "los tratamos con dignidad y respeto, y les damos servicios de una manera compasiva y organizada, al tiempo que trabajamos de manera expedita para encontrarle a cada niño un patrocinador que se ajuste a sus necesidades. Cada niño recibe una cama individual, una persona encargada de su caso, consejería, acceso a servicios legales, médicos y de salud mental. Tienen tres raciones de alimentos al día más meriendas, duchas privadas, actividades recreativas como soccer, baloncesto, películas, obras manuales y juegos de mesa. También reciben servicios religiosos y educativos".

"La necesidad de tener niños a nuestro cuidado es el resultado de un sistema fracasado. La solución la tiene el Congreso para resolver los problemas del sistema de Inmigración, que podrían eliminar la necesidad de tener estas instalaciones. Por ahora, seguimos la ley y nuestra misión de ofrecerles un servicio de calidad a los niños", concluye el comunicado.

Problemas psicológicos

Parte del argumento expresado por Kennedy en representación de la Coalición de Inmigrantes de la Florida es que están "denunciando las políticas de privatizar estos centros y ganar dinero a costa de la detención de seres humanos, también estamos pidiendo que no pueden tener a estos niños en cuartos de 150-200 personas, en salones de clase que también sirven para dormir, y en donde no hay transparencia en su manejo”, recalcó Kennedy.

Durante la protesta efectuada frente al refugio en Homestead, la psicóloga Doritas Marina, de la Universidad de Miami, se refirió a los posibles efectos emocionales que podrían sufrir los menores de edad que han sido separados de sus padres.

Se refirió a siete áreas problemáticas del desarrollo emocional de los menores en cautiverio, entre ellas la inhabilidad de relacionarse con otras personas, la posibilidad de enfermedades psicosomáticas (como el asma), la incapacidad de comunicar los sentimientos o entender los de los demás y dificultades de aprendizaje.

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