Los comisionados de Miami-Dade no logran ponerse de acuerdo sobre el futuro de la planta de Doral devastada por un incendio en febrero
Planta incineradora de desechos en Doral, Florida.
DANIEL CASTROPÉMIAMI. - En un condado donde se recolectan 2.4 millones de toneladas de residuos sólidos al año, el asunto de los desechos que se producen en los hogares de Miami-Dade puede ser tan crucial que todavía las autoridades administrativas y legislativas no se ponen de acuerdo sobre el futuro de la planta de Covanta en Doral, siniestrada en febrero pasado, en la que se procesaba al menos la mitad de ese volumen de basura.
Sin embargo, en una sesión realizada el miércoles 6 de agosto, los legisladores condales sí estuvieron de acuerdo, con algunas excepciones, en votar por la aprobación de un aumento en la tarifa que se les cobra a los usuarios del servicio de recogida de desperdicios domiciliarios. El incremento quedó pautado en 36 dólares.
Desde que se produjo el incendio del centro de procesamiento de residuos sólidos operado por la compañía Covanta, una instalación construida en terrenos del Condado en 1985, comenzaron a surgir propuestas para su eventual reconstrucción o traslado a otra área de Miami-Dade.
Un memorando de la alcaldesa Daniella Levine Cava, al que tuvo acceso DIARIO LAS AMÉRICAS, da cuenta de que el Condado ha estado “trabajando con Covanta” para evaluar la viabilidad de volver a poner en operación la planta, “en una capacidad limitada”, hasta que se construya y entre en funcionamiento una instalación de reemplazo.
Sin embargo, un informe preparado por la consultora Arcadis, aludido en el memorando, concluyó que “los costos operativos y de capital son difíciles de justificar considerando el flujo limitado y la corta duración de las operaciones propuestas”. La edil dijo estar de acuerdo con esta recomendación.
En el estudio se indica que la renovación de la planta tendría un costo proyectado de 91.5 millones de dólares, de los cuales aproximadamente 35 millones “podrían” provenir de los “fondos de seguros por el incendio”.
No obstante, los costos restantes, estimados en 56.5 millones de dólares, tendrían que proceder de otras fuentes, “lo que significa que esos fondos no estarían disponibles para el nuevo proyecto”, según se lee en la comunicación dirigida por Levine Cava a la Comisión de Miami-Dade.
Por tanto, la “mejor opción” para el Condado es buscar otro lugar en donde construir una nueva planta. Uno de los sitios propuestos para la instalación de procesamiento de basura, entre siete que se consideran en el estudio, es el terreno del antiguo aeropuerto de Opa-locka West, cerca de la intersección de Krome Avenue y Okeechobee Road.
Cuando se creía que aparentemente todo estaba resuelto en cuanto al sitio para erigir el nuevo complejo, la reunión celebrada en la sede del órgano legislativo condal dejó entrever divisiones profundas alrededor de esa decisión.
El alcalde de la ciudad de Miramar, Wayne Messam, pidió ser escuchado en la sesión y dejó claro que ese sitio “preocupa” a sus residentes, “ya que está a sólo una milla” de esa localidad del vecino condado de Broward.
“Piense que está en su patio trasero, independientemente de lo que escuche: puede que [la planta] no expulse humo negro, puede que no huela tan mal como algunas de las instalaciones contemporáneas que se construyeron hace años, pero simplemente porque no se ve, no significa que no sea una molestia”, sostuvo el edil.
La posición de Messam fue controvertida por el vicealcalde de Doral, Rafael Pineyro, para quien “ya llevamos más de 20 años pagando el precio por esa planta” y “creo que es hora de que los comisionados de Miami-Dade hagan lo correcto para nuestros residentes”.
Pineyro, en declaraciones a este rotativo, insistió en la “necesidad” de relocalizar el centro de reciclaje de basura. “No soportamos más los olores, nuestra gente lleva muchos años pidiendo que la planta sea sacada de Doral”, enfatizó.
Por su parte, el comisionado condal y exalcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, quien también ha impulsado la reubicación de la planta, opinó que a pesar de que existen “algunos negocios en el área propuesta”, no es “nada que pueda afectar” a los residentes de Miramar.
La controversia generada alrededor del tema llevó a los comisionados a aplazar su decisión final para una nueva reunión programada el 19 de septiembre.
En el memorando presentado por el Condado de Miami-Dade se propone la reubicación de la planta en el terreno del antiguo aeropuerto Opa Locka West, tras considerarlo “lo suficientemente grande como para acomodar un campus de residuos sólidos robusto, y es menos sensible al medio ambiente que otros sitios fuera del UDB (Límite de Desarrollo Urbano)”.
Además, se estima que el costo de construcción en este sitio es el cuarto más bajo entre los espacios considerados.
Este sitio también permitiría la construcción de una instalación de generación de electricidad a través de desechos sólidos con capacidad de procesar al menos 4.000 toneladas de residuos diarios, volumen que estipula del Plan Maestro de Desarrollo Integral de Miami-Dade.
Según el memorando, la parcela del aeropuerto Opa Locka West “se encuentra lo suficientemente alejada de las zonas residenciales”, lo que “reduciría” los “impactos negativos” en la salud de los residentes y en el medio ambiente.
Los otros sitios considerados son: Ingraham Hwy #1, Ingraham Hwy #2, un terreno aledaño a la autopista Dolphin Expressway, otro cercano a la carretera Florida Turnpike y uno más en las inmediaciones de Krome Avenue. No se aconseja la reconstrucción de la planta en Doral.
La falta de un acuerdo sobre la planta no evitó que la Comisión condal autorizara un aumento en la tarifa de recolección domiciliaria de desechos, como lo propuso la alcaldesa Levine Cava en el mencionado memorando.
Este incrementó agregará 36 dólares a la tarifa anual actual de 509 dólares, “para cubrir los gastos del presupuesto del próximo año fiscal y continuar avanzando en el plan de gestión de residuos sólidos”, de acuerdo con la comunicación de la edil.
El aumento también compensaría los costos del programa de reciclaje y otros servicios de manejo de residuos para más de 366.176 hogares en el condado.
Algunos comisionados estuvieron en desacuerdo con el alza en el precio de la tarifa de recolección de basura, entre ellos Kevin Marino Cabrera, quien lo ve como una “carga extra” frente a la alta inflación que se experimenta por estos tiempos en el país.
El memorando de Levine Cava pone de relieve “preocupaciones” sobre el “impacto” en el aumento de la tarifa “en algunos miembros de la comunidad más que en otros, como las personas mayores y las familias de bajos ingresos”. Aun así, el incremento fue aprobado.
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@danielcastrope
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