MIAMI.- JOSÉ PERNALETE/ DLA
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MIAMI.- La Coalición de Inmigrantes de Florida estima que 90.000 personas serán afectadas por la decisión del tribunal encabezado por el juez Andrew S. Hanen, aunque califican la medida sorpresiva sólo como un “retraso temporal”
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Miles de inmigrantes esperaban con ansias la llegada de este miércoles, día en que entraría en vigor la medida de extensión del programa DACA, acción diferida que beneficia a los dreamers, pero que ahora ha sido obstaculizada por la decisión en un juez federal de Texas que favorece una demanda contra el anuncio del presidente Barack Obama hecho en noviembre de 2014.
La Coalición de Inmigrantes de Florida estima que 90.000 personas serán afectadas por la decisión del tribunal encabezado por el juez Andrew S. Hanen, aunque califican la medida sorpresiva sólo como un “retraso temporal”.
“Sabemos que queda mucha tela por cortar, esto es algo que nos retrasa temporalmente pero vamos a seguir trabajando por nuestro lado y seguir preparando a nuestra comunidad” declaró Natalia Jaramillo, vocera de la organización proinmigrante.
Jaramillo manifestó confianza en el sistema judicial norteamericano en función de las próximas decisiones vinculadas al fallo, “esperemos que puedan tomar la decisión correcta y los programas puedan continuar”.
Aseguró que “era de esperarse” el anuncio pues grupos aliados pro inmigrantes de Texas conocían el proceder del juez Hanen, a quien señalan como un funcionario que no ha “expresado comentarios muy favorables”.
Sin embargo, la Coalición hizo también un llamado a la calma pues no es la primera vez que una acción ejecutiva es obstaculizada de manera similar.
“El anuncio del presidente Obama se hizo el pasado noviembre y había que esperar 90 días para que entrara en vigencia la expansión del DACA […] ya este miércoles cerca de 90.000 inmigrantes de Florida deberán seguir esperando”, dijo Jaramillo.
Asimismo, reiteró rechazo hacia el apoyo suscrito por la Fiscal de Florida, Pam Bondi, quien se unió a la demanda interpuesta por 26 estados contra la acción ejecutiva.
“Nosotros pedimos cita en la oficina de la fiscal Bondi y aún estamos esperando su respuesta, queremos exponerle con casos familiares la manera cómo resultaría beneficiado el estado […] ojala se retracte”, agregó.
Éxodo a las puertas
Por otra parte, el director ejecutivo del Centro de Orientación del Inmigrante, Carlos Pereira, expresó preocupación por la posible movilización de extranjeros sin documentos estadounidenses hacia los estados donde no sea revocada la medida.
“Nos preocupa que si derogan la acción ejecutiva se efectúe un éxodo de nuestra gente hacia los 24 estados que no se unieron a la demanda y así poder seguir trabajando por este país”, declaró.
Explicó que la extensión del programa DACA representaba un sueño, “pues se trata de un proceso de integración de mucha gente que labora en la informalidad y formaría parte del mercado formal de trabajo de Estados Unidos, podrán comprar vivienda, carros y activar más el aparato productivo”.
Por el momento, Pereira coincide con la Coalición en apelar a la tranquilidad de quienes fueron sorprendidos por la decisión federal de Texas. “Nuestro mensajes es conciliatorio y entender que esto no es el fin pues representa algo temporal y además la acción ejecutiva antigua no está anulada”, comentó Pereira.
Destacó el activista que hay que esperar por la resolución del sistema judicial. A su juicio existen tres escenarios probables, “que la decisión sea detenida, que no ocurra nada o que pase a manos de un tribunal superior como la Corte Suprema”.
“Pese a que muchos estiman que las familias son las más afectadas por esta acción, lo cierto es que es este país el que más será afectado por las consecuencias”, apuntó.

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