Acreedores del caso Ball&Chain solicitan impedir a Miami entregar fondos a Joe Carollo para saldar parcialmente sentencia federal de $63.5 millones en su contra
El excomisionado Joe Carollo (izq) y el empresario Bill Fuller.
JJ BLANCO H MIAMI.– Los acreedores del fallo federal multimillonario contra el excomisionado de la Ciudad de Miami, Joe Carollo, presentaron este jueves una petición de emergencia ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida para embargar y bloquear el desembolso de un acuerdo de conciliación de 770.000 dólares que el municipio prevé aprobar a favor del político.
La acción fue presentada por los empresarios William Fuller y Martin Pinilla II, quienes obtuvieron una sentencia federal de 63.5 millones de dólares contra Carollo tras el histórico juicio civil relacionado con el negocio Ball & Chain en La Pequeña Habana. Un jurado federal concluyó que el entonces comisionado dirigió una campaña de represalias políticas y uso indebido del aparato gubernamental contra ambos empresarios.
Según el comunicado de prensa emitido por los abogados de Fuller y Pinilla, la sentencia federal continúa sin ser satisfecha pese a extensos esfuerzos de cobro posteriores al fallo.
Los demandantes solicitan a la corte federal emitir una orden inmediata para impedir que la Ciudad de Miami desembolse cualquier fondo a Carollo mientras se resuelve el proceso de ejecución de la sentencia.
El caso federal corresponde al expediente No. 18-24190-CIV-SMITH en la Corte Federal del Distrito Sur de Florida.
Según los documentos presentados, los acreedores argumentan que el dinero del acuerdo no estaría protegido bajo las exenciones previstas por la legislación de Florida para ciertos beneficios de retiro y pensiones, debido a que el pago correspondería a una conciliación general de litigio y no a una distribución tradicional de pensión.
La petición sostiene además que el dinero provendría de ingresos generales de la ciudad y no de un fondo protegido exclusivamente para jubilaciones.
Los abogados citan precedentes judiciales estatales y federales que establecen que los tribunales deben evaluar “la verdadera naturaleza y origen de los fondos” para determinar si pueden ser objeto de embargo.
En su escrito, los acreedores advierten que existe un “riesgo inminente” de que el dinero sea transferido fuera del alcance de los mecanismos legales de cobro si la corte no interviene antes de que se apruebe y desembolse el acuerdo.
El abogado Jeffrey Gutchess, de AXS Law Group y representante de los acreedores, afirmó en el comunicado que sus clientes continuarán utilizando “todas las vías legales disponibles” para ejecutar el fallo.
“Lo profundamente preocupante es que, incluso después del veredicto del jurado y de la sentencia judicial, la Ciudad de Miami continúa respaldando a la persona hallada responsable de utilizar el poder gubernamental contra ciudadanos privados”, expresó Gutchess.
La petición judicial se produce mientras la Comisión de la Ciudad de Miami tiene previsto votar este jueves 28 de mayo una resolución para aprobar el acuerdo de conciliación con Carollo.
La resolución autorizaría al fideicomiso de retiro de oficiales electos (Elected Officers’ Retirement Trust, EORT) y/o al Excess Benefits Plan (EBP) a pagar 770.000 dólares al excomisionado dentro de los 30 días posteriores a la aprobación del convenio.
El documento establece que el pago incluye honorarios y costos legales, y contempla además que Carollo mantenga el derecho de defenderse frente a cualquier intento posterior de la Ciudad de recuperar gastos legales relacionados con el litigio.
El propósito de la iniciativa municipal es cerrar definitivamente una disputa judicial de casi 20 años entre Carollo y la Ciudad relacionada con supuestos pagos insuficientes de beneficios de pensión tras cambios legislativos adoptados por Miami.
La resolución también contempla la desestimación con perjuicio del caso Joe Carollo vs. City of Miami, Case No. 06-014464-CA-01, actualmente pendiente en el Circuito Judicial del Condado Miami-Dade.
Lo interesante es que la controversia ocurre además en medio de otro proceso impulsado por la propia Ciudad de Miami.
El pasado 12 de marzo, la Comisión municipal aprobó una resolución patrocinada por el comisionado del Distrito 1, Miguel Ángel Gabela, para iniciar acciones legales destinadas a recuperar dinero público utilizado durante años en la defensa judicial de Carollo en el caso federal relacionado con Ball & Chain.
La medida incluyó honorarios pagados a abogados externos contratados por la Ciudad tanto en el juicio federal como en la apelación posterior.
Durante aquella discusión, el City Attorney, George Wysong, advirtió que ciertas fuentes de ingresos, particularmente las pensiones, podrían estar protegidas frente a embargos bajo la legislación estatal, un punto que ahora se encuentra en el centro de la nueva batalla judicial.
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