MIAMI – El senador Marco Rubio mantiene su propuesta sobre aplicar sanciones a miembros del Ejército nicaragüense, así como otros altos funcionarios del Gobierno de Daniel Ortega, al mismo tiempo que plantea retirar a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés), ante el recrudecimiento de la represión en el país centroamericano.
Rubio se reunió con miembros de la comunidad nicaragüense en Miami para conversar sobre la crisis sociopolítica en la que esta sumergido el país desde 2018, tras las fuerzas protestas que ocurrieron allí entonces, en abril de ese año.
En el encuentro también participó el congresista federal Carlos Giménez.
Para el senador Rubio, la situación de Nicaragua, de la que dijo poco se habla "no tiene precedentes", salvo la experiencia que vivió el pueblo cubano al comienzo de la dictadura.
“El DR-CAFTA es un tratado entre países democráticos, Nicaragua no está en esas condiciones. Un país donde que encarcela a siete candidatos contrarios a la presidencia demuestra que no es una democracia. Segundo, no solo se trata de sanciones económicas contra un país porque eso hasta cierto punto funciona. Aquí (en Estados Unidos) tenemos altos funcionarios militares, incluso las prisiones militares de Nicaragua tienen inversiones en la bolsa de valores de Estados Unidos”.
Para Rubio, los militares deben ser blanco de sanciones, una propuesta que dijo trabaja desde la anterior administración (Donal Trump) de la Casa Blanca, pero la actual aun no se pronuncia sobre el tema.
De hecho, el Ejército nicaragüense es señalado por complicidad con régimen de Daniel Ortega, situación que ha sido evidenciada por videos de paramilitares ingresando a las instalaciones del hospital Alejandro Dávila Bolaños, en 2018, y apertrecharse de municiones y armas que fueron utilizadas por paramilitares.
El convenio comercial internacional DR-CAFTA fue firmado entre Estados Unidos, los países de Centroamérica y República Dominicana en 2005, lo que da acceso preferencial a Nicaragua al mercado estadounidense, un beneficio que el país perdería de ser excluido del Tratado de Libre Comercio.
Rubio dijo que la administración del presidente Joe Biden tiene las herramientas para aplicar sanciones más fuertes al régimen de Ortega a través de leyes Nica Act y la Ley Renacer.
El Departamento de Estado anunció en noviembre de 2021 el inicio del proceso de revisión del tratado para “asegurarnos que no beneficie al gobierno de Ortega”.
Durante la reunión el exministro nicaragüense de Educación Humberto Belli, actualmente en el exilio, solicitó sanciones para el Ejército para controlar cuentas de la institución y el fondo de retiro. Además, pide la aplicación de la Ley Magnitsky a altos funcionarios del régimen sandinista, con el fin de que se vuelva 'costoso' permanecer al lado del dictador sandinista.
Belli calificó al régimen de Ortega como la peor dictadura de la región, debido a la cruel represión y la muertes que ha ocasionado.
"Comparo las protestas de 11 de julio de 2021 en Cuba y la de Nicaragua en 2018. En la primera, la represión causó un muerto, en Nicaragua dejó 355 muertes, gran parte ejecutados por francotiradores, disparos dirigidos a órganos vitales: cabeza, ojo, cuello, pecho y estómago", señaló.
Ana Abaunza dijo que la cifra de presos políticos subió a 205 en las últimas semanas, tras el encarcelamiento de una decena de personas, entre ellos siete sacerdotes.
Abaunza pidió la libertad de los presos políticos, “que los ponga en la frontera, pero que los liberen”.