El Onceavo Circuito determinó que el centro migratorio situado en los Everglades de Florida no está bajo control federal y no debe someterse a la Ley Nacional de Política Ambiental
Un camión con combustible sale de "Alligator Alcatraz" en el Aeropuerto de Entrenamiento y Transición Dade-Collier el 10 de julio de 2025 en Ochopee, Florida.
AFPMIAMI.- El Tribunal de Apelaciones del Onceavo Circuito de Estados Unidos resolvió mantener en operación el centro de detención migratoria conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en los Everglades de Florida, al ratificar su decisión previa de bloquear la orden de la jueza federal Kathleen Williams, quien en agosto había exigido poner fin a esa instalación.
La mayoría del panel de tres jueces sostuvo que el recinto, financiado y administrado por Florida, no está bajo control federal y, por consiguiente, no debe ajustarse a la ley federal que ordena una evaluación de impacto ambiental antes de su construcción.
La mayoría de los magistrados subrayó que la responsabilidad de la obra recae sobre el estado y no sobre el gobierno federal.
“Fueron funcionarios de Florida, no federales, quienes construyeron la instalación. Controlan el terreno y construyeron la instalación por completo con fondos estatales”, escribieron los jueces.
El tribunal añadió que, al momento de la orden cautelar, Florida no había recibido reembolso federal alguno, lo que descartó la aplicación de la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA).
Con ese razonamiento, los magistrados consideraron que Williams se excedió al ordenar el cierre escalonado del complejo en un plazo de 60 días.
La jueza Nancy Abudu emitió un voto disidente en el que calificó la decisión como errónea. Sostuvo que la inmigración es competencia exclusivamente federal y que la construcción estatal de un centro migratorio no exime al gobierno federal de su responsabilidad.
“La instalación no habría podido construirse ni utilizarse como centro de detención migratoria sin la solicitud de los demandados federales”, escribió Abudu, quien agregó que la inmigración “sigue siendo un ámbito único y exclusivamente bajo el dominio del gobierno federal”.
Friends of the Everglades, el Center for Biological Diversity y la tribu Miccosukee de Florida presentaron la demanda en junio de 2025 al considerar que el centro se levantó sin la evaluación ambiental que exige la ley.
Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, advirtió que la batalla legal continúa. “Alligator Alcatraz se levantó apresuradamente en uno de los ecosistemas más frágiles del país, sin la revisión ambiental más básica, con un enorme costo humano y ecológico”, declaró.
El centro fue inaugurado en julio de 2025 como apoyo a la política migratoria del presidente Donald Trump y se ubica en una zona rodeada por el Parque Nacional Everglades, la Reserva Nacional Big Cypress y tierras de la tribu Miccosukee.
La instalación tiene capacidad para 2.000 personas, con planes de ampliación a 4.000, según la División de Gestión de Emergencias de Florida.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) impulsa otro proceso por presuntas violaciones a los derechos humanos de los detenidos, con denuncias de golpizas y uso de gas pimienta.
En diciembre, Amnistía Internacional documentó condiciones calificadas como tortura y desapariciones forzadas en Alligator Alcatraz y Krome.
Con la ratificación del fallo, el caso regresa al tribunal de distrito. Las organizaciones demandantes anunciaron que mantendrán los recursos legales para forzar la revisión ambiental y el eventual cierre.
Entretanto, el gobernador Ron DeSantis celebró la decisión y reiteró que la operación del centro continúa como parte del esfuerzo estatal de aplicación de la ley migratoria.
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