MIAMI.- Mi casa, mi fortaleza, el viejo adagio cuyo origen es atribuido al político inglés del siglo XVII Eduard Coke, la noche del lunes 9 de agosto se convirtió en papel mojado para los residentes de un condominio de Miami, que fueron desalojados porque, según dictamen técnico, su fortaleza era insegura.
“Todo sucedió a las 9:30 de la noche. Nos tocaron a la puerta y nos dijeron que saliéramos, que teníamos que evacuar el edificio”, contó a DIARIO LAS AMÉRICAS Amanda Caso, propietaria de una unidad y madre de un niño de dos años, que tuvo que hacer las maletas de forma apresurada para ponerse a salvo. Igual que otros 138 residentes de este inmueble de ocho plantas, ubicado en 5050 del Noroeste en la 7 Calle de Miami.
La orden de desalojar en Miami, cuando aún están nítidas las imágenes de la tragedia de Surfside, donde murieron 98 personas, es como un resorte que arranca a cualquier residente de su casa sin cuestionamiento.
Cómo se llegó a este punto
“En el condominio las cosas se deterioraban y la junta de propietarios prometía que las arreglaría, pero nunca lo hacía”, afirmó Dania Ramírez, que lleva 17 años viviendo en el edificio junto a sus padres y su hijo de 21 años. “Depositamos toda la confianza en Rebeca Pumariega, la presidenta de la asociación, y con el paso del tiempo vimos que todo iba a peor”.
“Este edificio se construyó hace 48 años y no ha pasado la recertificación de los 40. Yo personalmente llevo más de un mes llamando a la Ciudad [de Miami]. Fuimos a ver al comisionado Alex Díaz de la Portilla. Nos reunimos con su equipo. Hablamos con los inspectores y les dijimos que el edificio estaba en manos de una junta que no nos representaba”, afirmó Katy Izquierdo, ama de casa, madre de dos hijos y propietaria de dos unidades que compró con el dinero obtenido en la indemnización recibida tras sufrir un fatal accidente en el que murió su esposo.
Pérdidas
“Con este desalojo, he perdido mis ingresos y mi casa. Tenía una inquilina embarazada y dejó el apartamento, porque casi la mata un pedazo de techo que se desprendió en el parqueo cuando ella salía de su auto”, contó Izquierdo, que lleva dos años residiendo en el condominio, en cuyo tiempo, afirma, nunca hubo una reunión de la asociación de propietarios.
Caridad Pupo compró una unidad de dos habitaciones y dos baños el año pasado. “Me mudé y reparé todo el apartamento. Unos días después de la reforma, el techo de una de las habitaciones se rajó y comenzó a caer agua. Me acerqué a la asociación y [Pumariega] me dijo que eso era problema mío, no del condominio. Subí a la casa de arriba y tenían filtración en la sala, el cuarto, el closet y las ventanas. El agua bajaba desde el techo por las paredes, cuando llovía, las alfombras del suelo se empapaban y el parqueo se inundaba”. Para todos estos desperfectos la asociación no tenía respuesta.
El 7 de julio, la Ciudad de Miami dejó un aviso de reparación, “al encontrar el inmueble con signos de estrés estructural, deterioro y en algunas áreas, las cabillas de las columnas estaban expuestas y el hormigón desconchado”. Las autoridades requerían que la asociación presentara un proyecto de reparación y obtuviera los permisos necesarios para acometerlo.
Los residentes, alarmados, llamaron a la Policía, incluso los reporteros de Telemundo vinieron a ver lo que pasaba. “El propio comisionado Díaz de la Portilla visitó el condominio la mañana siguiente y dijo que iba a ayudar”, recordó Izquierdo.
El 21 de julio, la Ciudad regresó al edificio con un aviso de audiencia sobre las estructuras inseguras encontradas por los inspectores, dicha audiencia se celebraría el 20 de agosto de 2021.
“Algo después, los inspectores de la Ciudad dieron cinco días para arreglar las columnas deterioradas y clausuraron los parqueos de las dos plantas”.
Todo parece indicar, que la junta de propietarios comenzó a hacer los trabajos sin autorización y el 6 de agosto un inspector de Miami emitió una orden de clausura de los trabajos, indicó Karla Fortuny, jefe de despacho del comisionado Alex Díaz de la Portilla
La junta de propietarios
“La junta de propietarios está encabezada desde siempre por Pumariega. Ella pone a su gente porque cuenta con los votos, sobre todo de propietarios ausentes y personas de la tercera edad que han delegado en ella”, se queja Dania Ramírez.
“Ahora mismo estamos recogiendo firmas para quitarla del puesto de presidenta de la junta y no podemos lograrlas porque hay muchos propietarios que viven en otros países, cuyos votos maneja Pumariega. Eso no puede ser legal. Por eso nos quejamos en la Ciudad”
"En enero nos subieron el pago a la asociación y no existe ningún documento que indique por qué y en qué se utilizará ese dinero. La asociación nunca emite documentos, no hay una página web donde ver las cuentas ni nada", dijo Caso.
Reunión con la abogada
“El 29 de julio nos citaron a una reunión con la junta de propietarios, donde estuvieron presentes la presidenta, algunos miembros de la junta, la abogada de la asociación del condominio, Rosa de la Cámara, el ingeniero Alfredo Quintero y la nueva empresa de administración, Universe Consultant. Trajeron tres agentes de seguridad que vinieron en carros negros con uniformes oscuros y placas. Nos dijeron que se trataba de una reunión informativa y que no podíamos hacer uso de la palabra ni preguntar. Cuando alguien trataba de hablar se le acercaban los agentes de forma intimidatoria. A una vecina, que pretendía filmar la reunión para que su marido la pudiera ver, le dijeron que apagara el teléfono. Me sentí muy impotente ante la presencia de estos agentes que no hablaban español y no le podía decir lo mal que me sentía de que ellos vinieran a violar nuestros derechos”, contó Izquierdo, indignada.
“En la reunión presentaron a un ingeniero -Quintero-, contratado por la asociación, quien nos dijo que él había redactado un informe para presentar a la ciudad en el que aseguraba que todo en el edificio estaba bien. No se preocupen, que el edificio es habitable, aseveró. Ellos querían establecer que el deterioro de las columnas se debía a un vandalismo”.
Apoyo
Las familias desalojadas permanecerán en un hotel pagado por la Ciudad y la institución caritativa Camillus House hasta el día 23 de agosto, indicó Fortuny, jefa de despacho del comisionado Alex Díaz de la Portilla. “Estamos ayudando a quienes necesiten hospedaje, coordinamos el transporte hasta el hotel y le facilitamos la información disponible”.
El equipo del comisionado se encuentra en el edificio desde el mismo lunes que comenzó el desalojo. “Nuestro trabajo además es escoltar a los residentes que se encontraban de viaje para que puedan entrar a sus apartamentos y sacar las cosas imprescindibles”
Sin información
Los residentes desalojados sufren de incertidumbre. Se quejan porque desconocen qué va a pasar con sus propiedades. No saben cuánto tiempo durará la ayuda de la Ciudad. Nadie les ha dicho qué pasará con sus vidas después del 23 de agosto. No se ha establecido un canal oficial para informarles. “Estamos en una incógnita”, dijo Ramírez. “Todo son rumores. Nadie ha venido a explicar qué es lo que va a suceder con nosotros, si hay algún trabajo programado en el condominio, si se ha presentado algún proyecto para arreglar el edificio. La junta no ha dicho nada, no nos ha dado la cara desde que ocurrió el desalojo”.
¿Responsables?
A la pregunta de quiénes eran los responsables de esta situación, Izquierdo respondió:
“Responsable es la junta por el mal manejo de los recursos de los propietarios, pero además la Ciudad. No se puede esperar 48 años y de repente ir un día y sacar a todos los residentes con niños pequeños, mujeres embarazadas y señoras mayores, que han tenido que ser trasladadas en ambulancias. Le dijimos que estábamos en manos de una asociación incompetente y no hicieron nada”.
Desde el desplome de Surfside son varios los edificios en Miami- Dade que han sido evacuados. DIARIO LAS AMERICAS trató de contactar sin éxito a la señora Rebeca Pumariega, a través del número telefónico que dejó a los inquilinos del edificio, al cual respondió una persona que contestó que era un número equivocado.
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