WASHINGTON.- DANIEL GARZA
@danielggarza
El domingo, al exgobernador de la Florida, Jeb Bush, se le acercó un “dreamer” –un inmigrante traído a los Estados Unidos cuando niño, sin documentos. Ante las cámaras se le preguntó a Bush si apoya las órdenes ejecutivas del presidente Obama con respecto a inmigración –que detienen temporalmente la deportación de “dreamers” y otros inmigrantes indocumentados. Bush respondió que se necesitan soluciones permanentes para los problemas de inmigración –a la vez que comparaba las acciones unilaterales de Obama con aquellas que toman los dictadores latinoamericanos, que no se atienen a las reglas de la democracia.
Para los inmigrantes que escaparon de verdaderas dictaduras, esa respuesta puede sonar dura. Pero Bush estaba aludiendo a algo que ellos, más que cualquier otro, pueden entender las consecuencias de primera mano. A saber, imponer edictos unilaterales cuando el cuerpo legislativo no se conduce del modo que ellos esperan ha sido el modo en el que siempre han operado los regímenes autocráticos. Las últimas acciones unilaterales del presidente Obama son precisamente la clase de acciones que han causado mucho daño en las instituciones públicas y que han disminuido la confianza de la gente en sus gobiernos a lo largo de latinoamérica.
Mientras había esfuerzos bi-partidistas en el Congreso para pasar una legislación que resolviera el estatus legal de millones de inmigrantes que actualmente viven en las sombras, el presidente Obama –después de años de inacción- actuó políticamente, eligiendo imponer las acciones de su administración en contra del deseo del Congreso. Esto fue un impresionante cambio para un presidente que había dicho muchas veces que no tenía la autoridad para tomar esas decisiones sin que el Congreso actuara.
La reacción fue inmediata; 26 estados demandaron al presidente Obama por sobrepasar su autoridad constitucional. Como resultado, un juez del distrito federal prohibió al Servicio de Ciudadanía Americana e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) que aceptara solicitudes para el programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos Americanos y Residentes Permanentes Legales (DAPA, por sus siglas en inglés).
Mientras el juez del distrito dictaminó que la Casa Blanca tiene autoridad legal para determinar la prioridad de las deportaciones, dado que tienen que trabajar con limitaciones presupuestarias, su desacuerdo con las acciones de Obama se centra en que las órdenes del presidente de otorgar beneficios como permisos de trabajo sobrepasan su autoridad ejecutiva. Ahora el examen del caso se complica aún más puesto que la Casa Blanca ya ha aprobado por tres años el aplazamiento de deportaciones para cientos de miles de solicitudes bajo las nuevas órdenes ejecutivas.
“Washington está roto” es una frase popular entre los analistas políticos, que apuntan este problema como uno más. Pero hay una razón por la cual Washington no está funcionando, y hay un costo alto que se está pagando. Un presidente que actúa de manera unilateral, que continuamente omite al Congreso, hiere a nuestra seguridad nacional y a nuestra economía. Hiere a las familias trabajadoras y daña a la América que le estamos dejando a nuestros niños. Nosotros, el pueblo, no debemos aceptar esto. Parte de ello es reconocer que cuando el presidente deja de intentar trabajar con el Congreso y, en cambio, decide trabajar solo, se hace más difícil para Washington generar soluciones reales para problemas serios. Cuando el Congreso se niega a debatir y votar sobre inmigración, o sobre una resolución anual para el presupuesto, hay un costo.
Contamos con el presidente para lidere. En cambio, gobernar a base de órdenes ejecutivas, no sólo ha logrado que se polaricen los tres poderes del gobierno, sino que ha complicado las posibilidades de conseguir el tan necesitado alivio para millones. Americanos e inmigrantes por igual, han esperado que el presidente liderara hacia una reforma migratoria permanente y bi-partidista, desde su primer año en el gobierno. En cambio, todo parece indicar que tendremos que esperar hasta 2017.
Mientras muchos, como yo, estamos comprometidos a trabajar cada vez más duro para lograr una reforma legislativa –así sea logrando un paso a la ciudadanía o un programa de visas de trabajo-, las acciones caprichosas y mal asesoradas del presidente han puesto a muchos como nosotros en la difícil situación de tener que oponernos a una medida que otorga alivio temporal a un grupo que lo necesita desesperadamente. Pero nos oponemos porque sabemos que es temporal, parcial, que desestima la voluntad del Congreso, y que no es la respuesta correcta –su legalidad constitucional es cuanto menos ambigua, o hasta completamente ilegal en el peor de los casos.
Esto nos trae de vuelta a las declaraciones del gobernador Bush. Cuando las órdenes ejecutivas se oponen a la ley y a las intenciones del Congreso, esto socava nuestro gobierno basado en un sistema de representantes e infringe en nuestro balance constitucional de control entre poderes. Según encuestas recientes, hasta una mayoría entre los latinos están preocupados de que las acciones del presidente puedan alterar el control de poderes y el balance en nuestro país.
Sin importar la opinión de cada uno en cuanto a la reforma migratoria, es claro que las decisiones de una sola persona no son la respuesta real al problema –llevan a consecuencias indeseadas que no funcionan para nadie. Nadie sabe esto mejor que los latinos que tuvieron que escapar de gobiernos autocráticos.
