Las dictaduras tienen presos políticos porque ese es su mecanismo intermedio para neutralizar a los opositores con liderazgo, atemorizar a la ciudadanía y acumular capacidad de negociación interna e internacional. Cuando un líder cívico, social o político es acusado por la dictadura, su detención, juzgamiento y condena son solo el ritual de criminalización de la política y utilización del sistema de justicia como aparato represivo. Se trata de una parte de la “metodología de control social” y mantenimiento del poder que el régimen cubano aplica desde hace 57 años y que ha extendido por América Latina en los países con gobiernos subordinados del socialismo del siglo XXI. El líder venezolano Leopoldo López, cautivo desde hace dos años, es hoy –entre cientos o miles– el preso político más notable del castrismo.
La historia y los hechos demuestran que los mecanismos de la dictadura castrista para la neutralización de los opositores van desde el uso de la infamia, la calumnia y todos los medios para el “asesinato de la reputación” de la víctima, su persecución y exilio, hasta los fusilamientos, los asesinatos, atentados, accidentes y las desapariciones que terminan con la vida del ciudadano al que el régimen ha declarado su enemigo. En este espectro criminal (documentado en decenas de libros, investigaciones y casos) los presos políticos son las víctimas del mecanismo intermedio, en el que no pierden la vida, pero sí su reputación, su libertad, sus capacidades, sus derechos políticos y ciudadanos.
Los hechos por los cuales son acusados quienes terminarán como presos políticos, son crímenes cometidos por el dictador o los miembros del Gobierno que los acusa, o simplemente acusaciones falsas. Se escenifica invariablemente la criminalización de las víctimas para encubrir los delitos y los atropellos de los victimarios. Cuanto más importante es el liderazgo del opositor, más graves serán las acusaciones y más espectacular la puesta en escena protagonizada personalmente por el dictador que se presenta como defensor de los derechos del pueblo frente a un contrarrevolucionario acusado casi siempre de agente del imperialismo.
El juicio o proceso judicial es solo el ritual para cumplir el “linchamiento”. Los fiscales y jueces quedan convertidos en los “verdugos” de la dictadura, en los encargados de ejecutar una disposición, de darle forma legal, de hacer parecer legal lo injusto e ilegal. Es el sistema judicial de las dictaduras del socialismo del siglo XXI que en lugar de ser freno y contrapeso al poder, en lugar de velar por el respeto a los derechos humanos, por la presunción de inocencia, por el debido proceso legal, por la irretroactividad de la ley, por la imparcialidad, por la defensa de la libertad, queda transformado en el más eficiente medio de represión y de terror. Estos fiscales y jueces, cuando no se convierten en víctimas del propio sistema, son objeto de honores y mejoras –de pago– como hemos visto claramente en el caso de la juez que condenó a Leopoldo López en la Venezuela dictatorial.
Recluida la víctima, la dictadura ejecuta sus acciones de liquidación moral del ser humano mediante las penurias de la prisión, castigos, aislamientos, alimentación, enfermedad, el amedrentamiento, las presiones y humillaciones a la familia. Hay que leer y recordar “Contra toda esperanza”, del preso político Armando Valladares, o revisar lo que todo el mundo ha podido observar en el caso venezolano gracias al valor en la denuncia y la lucha de un grupo de mujeres –víctimas también– como como las señoras Lilian Tintori, Mitzi Ledezma y muchas más.
Los presos políticos son un capital para los dictadores, pues con ellos la dictadura aumenta su capacidad de negociación interna e internacional. El castrismo ha demostrado como se usa la disminución de las penurias que les han impuesto, o su eventual liberación, como un medio de continuar su permanencia en el poder y de obtener acuerdos o retribuciones de alto contenido e importancia política. Basta recordar la forma y condiciones en que la dictadura cubana ha procedido para la liberación de presos políticos en los últimos 30 años. Y quien sabe que es lo que ahora negocia o espera, por la liberación de los presos políticos venezolanos que ya han llegado a ser una presión sobre las democracias de gobiernos tolerantes, distraídos o simplemente cómplices. Lo increíble es que la existencia de presos políticos parece terminar presionando a los países democráticos en beneficio de los dictadores.
Los presos políticos que existen hoy en América Latina son presos del castrismo, pues han sido hechos y permanecen bajo su metodología y dirección, en gobiernos de su entorno, sometidos a su subordinación. En Cuba existe una cantidad indeterminada de presos políticos, en Venezuela son decenas, en Bolivia dirigentes políticos y jefes militares sufren esta condición, en Ecuador pueden ser menos pero existen. Los presos políticos son una nota característica de las dictaduras. El socialismo del siglo XXI tiene como fundamento y líder indiscutible al castrismo. Por eso, es oportuno afirmar que Leopoldo López es el preso político más notable del castrismo, en un escenario en el que Nicolás Maduro tiene el vergonzoso papel de carcelero. Los líderes democráticos de la región y del mundo están llamados a verificar.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy