El año 2026 marca un hito extraordinario en la historia de la libertad universal, como lo es la conmemoración de los 250 años de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de la Corona Inglesa, porque al conmemorar la gesta de 1776, resulta imperativo para el mundo hispanoamericano, y muy especialmente para los venezolanos, reflexionar sobre los profundos vasos comunicantes que unieron espiritualmente a los fundadores de ambas naciones en su búsqueda de la libertad y la autodeterminación; de tal modo que hoy, mientras el pueblo estadounidense celebra su sesquicentenario, los venezolanos conmemoramos igualmente 215 años de nuestra propia proclamación republicana.
Cuando los representantes de las trece colonias se reunieron en Filadelfia, en el 4 de julio de 1776, y cuando los representantes de las parroquias hicieron lo propio en Caracas, el 5 de julio de 1811, no solo estaban rompiendo cadenas con imperios transatlánticos; estaban refundando la legitimidad del poder político sobre sus naciones y asumiendo la responsabilidad de su gobierno en libertad.
La arquitectura constitucional y filosófica de ambos procesos parte de una misma premisa: el poder ya no desciende de la Corona por derecho divino, sino que asciende desde la base ciudadana. De esta manera la famosa frase "We the People" (“Nosotros el Pueblo”), inmortalizada desde el preámbulo de la Constitución estadounidense de 1787, reseña su espíritu, al derivar sin ambages los poderes de los gobiernos al "consentimiento de los gobernados".
Venezuela recogió este testigo histórico con una asombrosa fidelidad y solemnidad, y así vemos como el documento caraqueño se inicia identificando con absoluta precisión jurídica a los sujetos de la soberanía; “En el nombre de Dios Todopoderoso, nosotros, los representantes de las Provincias Unidas de Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo, que forman la Confederación Americana de Venezuela en el continente meridional, reunidos en Congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros derechos...”.
En ambos documentos, el sujeto histórico deja de ser un súbdito, para convertirse en un ciudadano comprometido con consolidar su libertad, y hay una proclamación idéntica, suscrita bajo la convicción de que los pueblos tienen el derecho -y el deber- de alterar o abolir un gobierno que destruya sus derechos inalienables.
Un paralelismo histórico y espiritual conmovedor entre ambos textos es la necesidad de trascendencia y la búsqueda de una sanción moral superior. Ni Jefferson en Filadelfia ni Roscio en Caracas confiaron la justicia de su causa únicamente a la fuerza de las armas; ambos elevaron la mirada hacia lo divino.
La Declaración de 1776 apela formalmente a las "Leyes de la Naturaleza y del Dios de la Naturaleza", cerrando su proclamación con una firme confianza en la "protección de la Divina Providencia". Los fundadores estadounidenses necesitaban que el mundo entendiera que la libertad era un derecho natural, otorgado por el Creador, y, por ende, incuestionable por ningún rey.
Por su parte, los próceres venezolanos de 1811, al invocar solemnemente el nombre de Dios Todopoderoso, dejaron claro que el establecimiento de su soberanía estaba guiado por un orden moral superior. Conscientes del peso histórico de la separación, los firmantes declararon que la restauración de sus derechos legítimos se correspondía con el diseño divino del universo, buscando el amparo supremo para una confederación que nacía bajo el signo de la justicia.
A los 250 años de la declaración estadounidense y a los 215 años de la venezolana, estos documentos no deben leerse como meras incidencias piezas de archivo, porque son testimonios vivos de que la libertad es una empresa común, de que el hilo republicano que une a la América anglosajona con la América latina se tejió con las mismas palabras, los mismos principios y el mismo temor reverente a un Dios que creó a los hombres para ser libres, dignos, benefactores de su libre albedrío.
Sin embargo, la conmemoración de estos hitos fundamentales obliga a contrastar los principios fundacionales con las realidades más desgarradoras del presente, en las que para Venezuela, el camino trazado en 1811 ha derivado en una paradoja trágica. Los acontecimientos desencadenados a partir del pasado 3 de enero, sumados al devastador impacto del reciente terremoto, no han hecho más que desnudar la realidad, al revelar en vivo, la existencia indolente de un Estado fallido que ha abdicado, de la manera más vergonzosa, sus funciones más elementales de protección y salvaguarda.
Hoy, el territorio venezolano se debate entre la desgracia, el quiebre institucional, la desobediencia civil y un tutelaje extranjero que compromete gravemente la soberanía, la misma por la que los civiles de 1811 entregaron sus vidas; un escenario de vulnerabilidad extrema, donde resurge con fuerza el principio de la responsabilidad de salvaguardar y proteger al ciudadano; y cuando un Estado es incapaz de atender a su propia población, las fuerzas vivas de la República y la comunidad internacional tienen el deber ético y jurídico de actuar en favor del ciudadano, no del régimen cuestionado.
La soberanía no es un cheque en blanco para el despotismo, sino un compromiso sagrado de protección. A 250 años de que Filadelfia y 215 años que Caracas proclamaran que los gobiernos se instituyen para garantizar la vida y la libertad, la tarea pendiente sigue siendo la misma; rescatar al pueblo independizado de las garras de la opresión y el desamparo, devolviéndole el derecho a ser, verdaderamente, el único dueño de su destino. www.venamerica.org.
Por Nelson Oxford*
*Presidente de VenAmérica