JUAN CARLOS SÁNCHEZ*
Especial
El acuerdo para la investidura tardará mucho más tiempo del previsto inicialmente, como resultado de que nunca antes en España gobernó un partido que no fuese el ganador de las elecciones
JUAN CARLOS SÁNCHEZ*
Especial
El escaso número de votos alcanzados por los candidatos en las elecciones del pasado domingo dibuja un complicado panorama político en España, que exige a cada organización política la firma de acuerdos para superar la votación de investidura lo más pronto posible, formar un Gobierno en torno a un programa integrador y con una mayoría suficiente para garantizar la viabilidad de sus iniciativas legislativas.
Esto sería lo deseable a tan sólo dos días de los comicios generales que dieron una insuficiente victoria al Partido Popular, con un PSOE roto por los peores resultados en unas elecciones generales y la llamativa irrupción de dos partidos emergentes (Podemos y Ciudadanos), en un momento en que no se percibe cuál pueda ser la salida al difícil rompecabezas en que han metido las urnas a la nueva y débil mayoría destinada a gobernar el país, necesitada del consenso de más de tres formaciones para llegar a los 176 escaños que aseguran la gobernabilidad.
En cualquier caso, los resultados del 20-D han lanzado un mensaje claro. El pueblo exige a sus gobernantes otra forma de gestión desde la seriedad, la transparencia y el consenso, sin mezquindades políticas. La corrupción generalizada, el aumento de la desigualdad y la radicalización de la vida política, han comprometido la propia esencia de la democracia.
Pero no es ésta la única lectura del terremoto político del pasado domingo. El acuerdo para la investidura tardará mucho más tiempo del previsto inicialmente, como resultado de que nunca antes en España gobernó un partido que no fuese el ganador de las elecciones. Por otra parte, es muy probable que el gobierno que se forme tenga una base parlamentaria muy débil. Su duración se supone también breve, a jugar por los resultados tan ajustados y por la posible configuración de un Congreso de los Diputados tan dividido.
A todo ello habría que sumar que tampoco es descartable que puedan producirse nuevas elecciones generales.
Sin embargo, ninguna de estas perspectivas de signo incierto debiera traer como consecuencia dramatizaciones y manipulaciones políticas.
La frágil pero perceptible recuperación económica, la madurez del sistema político y la solidez de las instituciones democráticas deberían avalar el relevo lento y tranquilo que han impuesto las urnas y el inicio de una nueva etapa que permita recuperar la confianza de los españoles.
La responsabilidad en este momento de confusión y de incertidumbre política debe ser muy clara. Es Mariano Rajoy, como presidente de la fuerza que venció el 20-D, quién debe conducir el proceso y tomar la iniciativa de la gobernabilidad, a sabiendas que los posibles aliados pueden exigir incluso un cambio de líder para asumir las riendas de la nación, en esta encrucijada histórica en la que algunos exigen incluso una reforma constitucional urgente.
Asimismo, Rajoy con sentido de Estado debe determinar la fecha para los encuentros, emplazar públicamente al resto de las fuerzas políticas para despejar el camino de las posibles alianzas, exponer con claridad su programa de gobierno en medio de una crisis de liderazgo, tranquilizar a Bruselas y a los mercados, sobre la base de la transparencia y por encima de los intereses del partido.
Una pregunta espera por su respuesta: ¿Estará dispuesto Rajoy a generar la suficiente confianza que le permita obtener acuerdos de gran calado con los principales líderes de las fuerzas de las que necesita para pactar? Da la impresión de que el PP todavía no ha reaccionado ante los resultados electorales, mientras que Podemos quiere imponer a marchas forzadas un hoja de ruta al PSOE de Pedro Sánchez.
Las fuerzas políticas que tienen, a partir de ahora, la responsabilidad de formar gobierno, deben aprender la lección y comprender que la regeneración democrática comienza por devolver sus valores originales a unas instituciones cuyo prestigio ha degenerado en las últimas décadas y que han alcanzado su peor nota con la crisis económica y moral que ha azotado a España, agravada por las tramas de corrupción.
Un país ingobernado, a la defensiva y sin ideas es la mejor presa para los especuladores. Por ello para llevar a cabo esta nueva etapa política hace falta compromiso, solvencia y credibilidad. Que las vías de solución prevalezcan sobre el revanchismo político, en un escenario que sin lugar a dudas será de minorías parlamentarias y que exigirá mucha cintura y capacidad de diálogo.
Sin consenso político no se puede mantener viva la democracia, la legitimidad de las instituciones se resquebraja y las reformas necesarias se aplazarán con todo lo que ello supone para el país. Por tanto, en este ambiente de cambios y de respuestas a las demandas depositadas por los electores en las urnas, Rajoy (PP), Sánchez (PSOE), Iglesias (Podemos) y Rivera (Ciudadanos) deben demostrar con su discurso regeneracionista que son capaces de anteponer las necesidades de la nación a sus intereses partidistas.
(*) Analista y consultor