MIAMI— El mundo mira con preocupación la falta de controles para proteger la propiedad intelectual y los medios de comunicación, y España parece dar un paso adelante al permitir a las editoras de prensa negociar de forma independiente con las grandes empresas tecnológicas el pago a percibir por el uso que estas hacen de sus contenidos.

De hecho, el decreto publicado por el Gobierno español obliga a que compañías como Facebook o Google informen a los propietarios de las editoras de prensa sobre cualquier cambio efectuado en los algoritmos, que es la forma que tiene el buscador de Internet para posicionar en un lugar u otro una página web, tratando así de que los usuarios encuentren de forma prioritaria una respuesta lo más exacta posible a lo que están buscando.

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Hasta ahora la gestión de derechos intelectuales de este tipo estaba en manos de CEDRO, el Centro Español de Derechos Reprográficos. Según establecía una normativa aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en el año 2014, los medios de comunicación estaban obligados a negociar de forma colectiva, a través de CEDRO, con las plataformas tecnológicas la gestión de sus derechos.

Como recoge el diario El País, un portavoz de CEDRO afirmó que este decreto “supone la derogación de un derecho de gestión colectiva obligatoria, lo que perjudica a la protección de la propiedad intelectual”. Aunque se abre la puerta a la posibilidad de una negociación conjunta, esta ha de ser acordada, y el no ser obligatoria CEDRO advierte sobre el peligro de que la nueva normativa genere inseguridad jurídica, como ya ha ocurrido en otros países en los que se han tomado medidas similares.

Si bien la aplicación de la nueva normativa queda pendiente de su aprobación en el Congreso de los Diputados, Google News ya ha anunciado su regreso a España, así como el lanzamiento de Showcase, una plataforma que ofrece una nueva forma de experimentar las noticias. Showcase se compone de paneles de noticias en las que se ofrece a las editoras de prensa la posibilidad de comisionar sus contenidos en paneles de historias, como explica el propio Google. Google News retiró su servicio de España debido a la ley aún vigente. A pesar de todo, un portavoz de Google comunicó a El País que aunque “según las informaciones iniciales parecen darse las condiciones idóneas para un potencial lanzamiento de Google News en España”, aún será necesario tomarse “tiempo para analizar en detalle la nueva ley”.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca con esta normativa reforzar los derechos de los editores y sus autores intelectuales, ya en clara desventaja frente al dominio de las grandes empresas tecnológicas. Como informa El País, el Ministro de Cultura Miquel Iceta exige buena fe y transparencia en las negociaciones entre plataformas y medios de comunicación, así como reconocer el derecho exclusivo de estos medios sobre las informaciones publicadas por ellos.

En caso de considerarse que las condiciones de transparencia de “buena fe y transparencia” no se cumplen, el Real Decreto abre la posibilidad de recurrir al arbitrio de los tribunales en primera instancia.

Cómo funciona en EEUU

En Estados Unidos, Facebook/Meta suele informar sobre los cambios de algoritmos que podrían afectar a los medios de prensa. Aunque estas notificaciones no se hagan con mucho tiempo de antelación y requieran que los medios se actualicen sobre los cambios una o dos semanas después de que estos hayan entrado en vigor, se comunican de forma que los sitios puedan redirigir sus estrategias de mercadeo acorde a los nuevos lineamientos.

Por ejemplo, una notificación publicada por Facebook/Meta el 30 de junio de 2020 señalaba: “Cuando les preguntamos a las personas qué tipo de noticias quieren ver en Facebook, continuamente nos dicen que quieren historias que sean creíbles e informativas”. Luego, se refería al cambio en vigor ese mismo día: “Hoy, estamos actualizando la forma en que se clasifican las noticias en News Feed para priorizar los informes originales y las historias con autoría transparente. Estas señales se basan en la investigación de los usuarios y se crearon con los comentarios de los editores de noticias y los expertos académicos. Solo se aplicarán al contenido de noticias”.

Derechos y límites

Según la página de Revisión de la Ley Nacional, es importante conocer la intersección de la ley de derechos de autor y las redes sociales. Por una parte, “los derechos de autor protegen las obras originales de autoría fijadas en un medio de expresión tangible. Esta definición amplia significa que los derechos de autor pueden abarcar numerosos tipos de obras, como fotografías, música, imágenes gráficas, videos, software de computadora y pantallas de sitios web”.

Además, “no se requiere un registro para tener protección de derechos de autor. Una obra está protegida por derechos de autor tan pronto como tiene un formato fijo, es decir, cada vez que una obra protegida se publica en las redes sociales, está protegida por derechos de autor”.

Ahora bien, es importante que los profesionales de mercadeo consideren la protección de la propiedad intelectual de su empresa y también el cuidado de su empresa ante posibles reclamaciones por infracción de propiedad intelectual.

¿Por qué? Aunque una obra esté protegida desde el momento de su creación, “se requiere un registro de derechos de autor si se planea iniciar una demanda por infracción. El 4 de marzo de 2019, la Corte Suprema emitió una decisión unánime de que un litigio por infracción sólo puede proceder cuando la Oficina de Derechos de Autor de EEUU registre oficialmente los derechos de autor”.

De ahí que “una buena regla general es que si cree que un tercero podría intentar tomar el trabajo que está publicando, lo mejor es presentar un registro en la Oficina de derechos de autor tan pronto como sea posible. El momento en que presenta una solicitud también puede significar la diferencia entre obtener solo daños reales, que son difíciles de probar, versus daños legales que pueden llegar a $150,000 por infracción intencional junto con el pago de sus honorarios legales y de abogados”.

¿Cómo proteger a la empresa de una infracción de propiedad intelectual? La página citada anteriormente indica que “con tantas obras de fácil acceso con un simple clic de copiar y pegar, puede ser tentador ‘tomar prestado’ de la amplia gama de obras en Internet”. Es por eso que se recomienda leer el acuerdo de derechos de autor de los sitios web, pues cada uno contiene reglas diferentes. Otro consejo es llevar un archivo donde se guarden los acuerdos de uso para tenerlos a mano en caso de disputas.

Pero, como añade la página, “existen algunos conceptos erróneos acerca de simplemente usar un trabajo que se encuentra en Internet y publicarlo en la página de redes sociales de su empresa”. Por ejemplo, se cree que al dar atribución y vincular al trabajo original protege de la infracción. Esta página señala que es un “error común”, pues si el trabajo está protegido por derechos de autor, primero se necesita permiso para usarlo, “y la atribución no sustituye al permiso”.

Además, “el hecho de que el trabajo esté en las redes sociales no significa que pierda su protección. Puede que sea más fácil de copiar, pero el trabajo aún está protegido”. Otro de los errores es creer que si el propietario presenta una queja, se puede eliminar el trabajo y se soluciona el asunto. Si se trata de un propietario de derechos de autor celoso de su contenido, “aún puede solicitar daños por la copia y exhibición de su trabajo sin permiso durante el período en el que se mostró”.

En resumen, se recomienda estar al tanto de las nociones generales sobre la ley de derechos de autor, pues de este modo un medio de prensa y su equipo de mercadeo pueden proteger a su empresa de las infracciones y las infracciones de terceros. También se sugiere a los abogados internos “que mantengan una comunicación con el departamento de mercadeo de su empresa para asegurarse de que protegen los derechos de autor de la empresa y no infringen la propiedad intelectual de terceros”, acota la página.

Anexo

A continuación el texto íntegro del Real Decreto.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto-ley por el que se transpone al derecho español la Directiva (UE) 2019/789 que establece normas sobre el ejercicio de los derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea de los organismos de radiodifusión y a las retransmisiones de programas de radio y televisión; y la Directiva (UE) 2019/790 sobre los derechos de autor y derechos afines en el Mercado Único Digital.

La norma tiene por objeto adaptar los derechos de autor al entorno digital teniendo en cuenta los nuevos comportamientos de los usuarios e introduciendo medidas para corregir los desequilibrios que la aparición de nuevos intermediarios en el entorno digital ha provocado en el mercado con grave perjuicio para los titulares de derechos. Los criterios seguidos en el Real Decreto de transposición se han basado en la fidelidad al texto de las directivas.

Medidas para corregir la brecha de valor

1. En cuanto a la protección de las publicaciones de prensa en lo relativo a los usos en línea (artículo 15 de la directiva europea), el Real Decreto-ley reconoce un nuevo derecho conexo para editores y autores de prensa creado en la directiva europea. Se trata de un derecho con entidad propia, del que son titulares las editoriales de publicaciones de prensa y agencias de noticias respecto a los usos en línea de sus publicaciones de prensa, frente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.

Con la transposición de la directiva europea, se regula en nuestro país la actividad consistente en la reproducción de un fragmento de la publicación (snippet) por parte de agregadores de contenido/noticias, para su posterior puesta a disposición en sus propias páginas o plataformas.

Con respecto a la forma de gestión de este derecho, el Real Decreto-ley no se pronuncia al respecto, dando así la opción y libertad a cada de editor y titular de derechos de gestionarlo, bien de manera individual, mediante negociación directa con los agregadores digitales de contenido, o bien a través de una entidad de gestión colectiva con carácter voluntario, no obligatorio.

La negociación de las autorizaciones a los agregadores de contenido para la utilización de estos materiales se realizará de acuerdo con los principios de buena fe contractual, diligencia debida, transparencia y respeto a las reglas de la libre competencia, excluyendo el abuso de posición de dominio en la negociación.

2. En lo referente a los prestadores de servicios de la sociedad de la información, cuya finalidad principal consiste en permitir a los usuarios subir y compartir obras y prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, que posteriormente organizan y promocionan con fines lucrativos, necesitarán contar con una autorización del titular de derechos. En este sentido, el Real Decreto-ley determina que si estos prestadores no obtienen esta autorización, estarán sometidos a un régimen de responsabilidad específico (artículo 17 de la directiva europea).

Además, el Real Decreto-ley establece con carácter imperativo una serie de normas que pretenden garantizar que los autores y artistas intérpretes o ejecutantes obtengan una remuneración adecuada y proporcionada por la cesión de sus derechos.

Nuevos límites o excepciones a los derechos de propiedad intelectual

Las leyes de propiedad intelectual pueden prever los denominados límites o excepciones a los derechos exclusivos de carácter patrimonial, con la finalidad de lograr un equilibrio entre los intereses de los autores y demás titulares de derechos y los intereses de los usuarios de contenidos.

El RDL incorpora, dentro de los márgenes de la Directiva MUD, los siguientes nuevos límites o excepciones:

a) Se contempla una excepción en beneficio de organismos de investigación e instituciones responsables del patrimonio cultural, para que puedan llevar a cabo, con fines de investigación científica, minería de textos y datos de obras u otras prestaciones a las que tengan acceso lícito. Para aquellos casos en los que la organización que pretenda realizar labores de minería de textos y datos no sea un organismo de investigación o institución responsable del patrimonio cultural o la finalidad de la actividad de minería sea ajena a la investigación científica, se prevé la posibilidad de que el titular de derechos de la obra afectada establezca una reserva de derechos. En este caso, se requerirá una licencia. Ninguno de los dos límites anteriores lleva aparejado una remuneración a favor de los titulares de derechos.

b) Permite el uso digital de obras y prestaciones a efectos de ilustración con fines educativos, en centro de enseñanza reconocido por un Estado miembro, independientemente del nivel educativo, en la medida en la que los usos se justifiquen por la finalidad no comercial de la actividad docente.

c) Posibilita a las instituciones responsables del patrimonio cultural la reproducción con fines de conservación de obras que se encuentren permanentemente en sus colecciones.

d) Otras medidas: uso de obras fuera de comercio por instituciones de patrimonio cultural. Se prevé que las entidades de gestión colectiva puedan conceder licencias de derechos de autor no exclusivas, con fines no comerciales, para la reproducción, distribución, comunicación pública, cuando se encuentren de forma permanente en la colección de una institución de patrimonio cultural.

España se suma así a varios Estados miembros de la Unión Europea que ya han transpuesto esta nueva regulación a sus ordenamientos internos, para que sus contenidos digitales ganen oportunidades de competir en el Mercado Único Digital europeo.

El Gobierno da respuesta a las demandas del sector cultural español y, en especial, a la referida a la regulación específica de la responsabilidad de aquellas plataformas en línea que permiten el almacenamiento e intercambio de contenido protegido por derechos de propiedad intelectual subido por los usuarios.

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