MIAMI.– La crisis constitucional que parece erguirse en España pudiera representar el peor momento de su historia más reciente, desde la guerra civil que azotó al país ibérico en los años 1930. El referendo convocado por el Gobierno regional de Cataluña el 1 de octubre, sobre la discutida independencia, representa una seria amenaza a la unidad de una de las naciones más históricas del Viejo Continente.

El nombramiento esta semana como jefe de los Mossos d’Esquadra (policía catalana) de un conocido independentista, Pere Soler, ha disparado las alarmas, sobre todo después que el nombrado soltó una andanada de tuits en su cuenta desde donde, entre otras cosas, reafirmó lo que manifestó antes al decir que “tiene pena” de la actitud general de los españoles que se oponen al referendo.

“Votaremos el 1-O. No lo podrán evitar” fue el tuit que desencadenó la revuelta mayor y le valieron acusaciones de xenófobo, a punto de que la oposición en el parlamento catalán pidió la congelación de su nombramiento.

Constitución

La crisis constitucional se da por una razón muy sencilla. La constitución española, como la de los Estados Unidos, no permite una consulta popular de esa naturaleza. Incluso algunos que no rechazan de frente un referendo de ese estilo reconocen que primero hay que discutir el asunto en el Congreso de los diputados y someterlo al resto del país, acorde al consenso nacional de la Constitución, adoptada en 1978 por todas las regiones del Reino de España, incluyendo, por supuesto a Cataluña.

Aun así, el Gobierno catalán, presidido por Carles Puigdemont, al que acusan de manipular el sentimiento regionalista para esconder los problemas financieros de Cataluña, insiste en que el referendo sigue de todos modos y, a estas alturas del campeonato, nadie sabe en España que pasará si el resultado es positivo para los independentistas.

Los jefes militares han dado el siempre controversial paso de reafirmar que mantendrán la unidad de la nación. El Gobierno español, presidido por Mariano Rajoy, recuerda que el referendo es inconstitucional pero no ha precisado cómo pretende oponerse a su realización.

En la mañana del martes, la discusión en las tertulias televisivas españolas giraba alrededor del nombramiento de Soler. ¿La duda? Sencilla. ¿Cómo actuarán los Mossos d’Esquadra ante una eventual intervención del Gobierno nacional? “Es un terreno de nadie. Nadie sabe. Y eso debe ser aclarado. De qué lado van a estar”, exigía el director del sitio Periodista Digital, Alfonso Rojo.

Por ejemplo. ¿Obedecerán los Mossos d’Esquadra a una instrucción del Gobierno de Rajoy de retirar las urnas el día del referendo? En el fondo de la duda está la interrogante de si ese cuerpo catalán de policía, que hoy tiene una función de índole regional, se restringiría a acatar las órdenes del Gobierno autonómico y no obedecer al poder central que dicta sus órdenes desde Madrid.

Más preocupaciones

En marzo de este año, el diario La Razón informaba que el sindicato de los policías catalanes aseguraba que “no acataría órdenes ilegales, aunque se releve a su actual director para nombra a otro afín al proceso secesionista”.

Pues eso ya ha sucedido, y este martes el portavoz del sindicato, Valentín Anadón, en declaraciones a la cadena Antena 3, seguía insistiendo en la necesidad de mantener la legalidad y resaltó que los cambios en la ‘consellería’ de Interior y la actual situación política han generado ‘incertidumbre’ y ‘preocupación’ por lo cual ha pedido a los nuevos responsables “instrucciones claras de cara al referéndum” del 1 de octubre.

Anadón ha recalcado que los Mossos d’Esquadra tienen como misión defender los derechos y libertades, siempre de acuerdo con la ley, y que actúan guiados por el respeto a la seguridad jurídica, por lo que ha reclamado al nuevo ‘conseller’(ministro del Interior autonómico) y al nuevo director de la Policía catalana que “no olviden” cuál es su función, en un cuerpo que es “de todos los catalanes”, puntualizó la televisora Antena 3.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno catalán ha pedido, en un discurso público, que el Gobierno nacional español respete la decisión de los catalanes. Puigdemont ha subrayado que Cataluña es un “pueblo civilizado”, por lo que “no es necesario que envíen a la Guardia Civil ni a los fiscales”, al tiempo que ha lanzado un mensaje al Gobierno: “Respetad la democracia y no nos echéis las cloacas”.

El presidente catalán ha llamado a no “distraerse” ante las “trampas” del Estado, ni tampoco en “procesos administrativos”, ya que, ha garantizado, “habrá urnas y nosotros seremos los encargados de que estén llenas de papeletas”, de acuerdo a la versión de Antena 3.

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