MADRID.- La familia del dictador Francisco Franco, se hará cargo de sus restos si, tal y como el Gobierno español pretende, es exhumado del polémico Valle de los Caídos, el complejo monumental donde está enterrado desde su muerte en 1975.
Así lo asegura Francis Franco, uno de sus siete nietos, en una entrevista publicada en el diario español La Razón, que descarta además enterrarlo, "por motivos de seguridad", en el distrito madrileño de El Pardo, en cuyo palacio donde residió el dictador, y donde está enterrada su mujer, Carmen Polo.
El Gobierno español puso en marcha este viernes el procedimiento legal que permitirá la exhumación de los restos de Franco, en el poder en España desde 1939 hasta su muerte.
El Ejecutivo presidido por el socialista Pedro Sánchez aprobó un decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica de 2007, una fórmula con la que pretende blindar la exhumación del dictador para evitar que eventuales recursos puedan impedirla.
En la entrevista, el nieto de Franco considera que el Gobierno español va a realizar la exhumación "por las malas y, ya veremos si saltándose la legalidad", pero afirma que su familia no recurrirá el proceso administrativo porque "gastar dinero en contra de un Gobierno es perder el tiempo porque si lo hacen y lo exhuman sería un brindis al sol".
La familia, agrega, dará una respuesta "colegiada" con las "alegaciones oportunas" una vez el órgano instructor del proceso abra el plazo de 15 días para que los interesados puedan personarse y presentar las alegaciones, así como a comunicar el destino que deseen para los restos mortales de Franco.
A ese respecto, descarta que el cadáver de Franco pueda ser enterrado junto a su mujer, ya que "donde ella está enterrada no hay seguridad, no puede estar allí enterrado mi abuelo. Hoy en día no se contempla".
Francis Franco no cree que "ni el Gobierno ni el 90 % de los españoles vea urgencia" en la exhumación y reclama al Ejecutivo que, si cree tener razón, lo haga clara y públicamente.
También explica que la familia remitió una carta a la comunidad religiosa que gestiona la basílica del Valle de los Caídos para comunicar que no autorizaban la exhumación.
A su muerte en 1975, tras encabezar un régimen dictatorial tras una cruenta guerra civil (1936-39), Francisco Franco fue enterrado en un lugar preferente del Valle de los Caídos, complejo monumental que ordenó construir en la sierra a unos 50 kilómetros al norte de Madrid, dominado por una enorme cruz, y cuyo mantenimiento costó los últimos cinco años cerca de dos millones de dólares.
Construido por presos republicanos que hacían así trabajos forzados, el lugar acoge los restos de miles de víctimas de la guerra civil, tanto del bando franquista como de la República, que en 1936 era el sistema político legal en España.
El lugar es objeto de polémica desde hace décadas, sin que haya acuerdo en el debate sobre qué hacer con él ya que la presencia del cadáver de Franco le hace ser un símbolo de la dictadura.
La inminente exhumación de los restos del dictador ha incrementado considerablemente el número de visitas a su tumba, que en julio recibió casi un 50% más que en el mismo mes de 2017.
Comunicado de la Familia Martinez-Bordiú Franco
Ante la confusión creada por la tergiversación que algunos medios de comunicación han hecho de las declaraciones efectuadas por miembros de nuestra familia, nos vemos obligados, al objeto de evitar cualquier malentendido, a hacer las siguientes manifestaciones:
Primero: Bajo ningún concepto la familia MARTINEZ-BORDIU FRANCO colaborará activa o pasivamente con la inicua pretensión del Gobierno plasmada en el Real Decreto Ley aprobado ayer, reiterando por consiguiente nuestra más firme y unánime oposición a cualquier exhumación traslado de los restos de nuestro abuelo, D. Francisco Franco Bahamonde.
Segundo: en coherencia con lo anterior, en nuestra condición de interesados en el expediente de exhumación que se incoará mediante acuerdo del Consejo de Ministros del próximo viernes, haremos pública nuestra oposición agotando todos los recursos legales que están a nuestro alcance sin descartar cualesquiera otras acciones legales para impedir que se vulneren nuestros legítimos derechos en cuanto únicos legitimados para decidir el destino de los restos mortales de nuestro abuelo.
Tercero: Reafirmamos nuestra confianza en los tribunales de justicia y en la legalidad vigente -gravemente vulnerada por el Real Decretó Ley aprobado-así como, muy especialmente, en la Comunidad Benedictina que tiene encomendada la custodia de los restos de nuestro abuelo y ha manifestado que no accederá a ninguna exhumación en contra de la familia del difunto, por lo que esperamos que el gobierno no podrá culminar su propósito de vejar los mismos en un acto de revanchismo retrospectivo sin precedentes en el mundo civilizado. Sin perjuicio de lo anterior, no permitiremos jamás que el Gobierno disponga de los restos de nuestro abuelo en la forma que tenga por conveniente, por lo que se se produjera una exhumación de los mismos en contra de nuestra voluntad, exigiremos que se nos haga entrega de los mismos para proceder a darles Cristiana sepultura como corresponde a la fe en la que vivió y murió nuestro abuelo, sin perjuicio de persistir en la defensa de los derechos que nos corresponden.
En Madrid, a 25 de agosto de 2018
FUENTE: EFE
