El Día Mundial de la Libertad de Prensa se celebra el 3 de mayo por disposición de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha representa un hito para poner sobre la lupa el estado de este derecho y promover iniciativas en su defensa.
La ONU ha puntualizado que “los medios de comunicación en línea y los ‘de la vida real’ (impresos) sirven de centinelas y como sistemas de alerta ante toda la gama de potenciales violaciones de derechos humanos”. En ese contexto, los periodistas son víctimas de amenazas, violencia e incluso asesinatos.
En 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) impulsa la campaña Creemos en el Periodismo, para promover una prensa “honesta, transparente y de calidad”. Esta iniciativa surgió “ante los desafíos significativos que enfrentan los profesionales de la información y comunicación en medio de la violencia del crimen organizado, el creciente autoritarismo, la persecución y el exilio”.
Los riesgos y violencias hacia periodistas en América persisten, según el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa presentado por la SIP en noviembre de 2023.
Este informe pone la lupa sobre 22 países de las Américas y registró que Cuba, Venezuela y Nicaragua se ubican en el estatus "sin libertad de expresión".
Por su parte, Honduras, El Salvador, Bolivia y Guatemala también figuran en la lista de países con alta restricción a la libertad de prensa.
En ese contexto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la SIP, Carlos Hugo Jornet, subrayó que “es cada vez más difícil hablar de democracias plenas y el impacto sobre el ejercicio periodismo es directo”.
Entre agosto de 2022 y agosto de 2023 se documentaron datos que indican que Colombia figura en la categoría de "restricción de libertad de expresión" con 52,3 puntos, seguida por Paraguay (51,63), Argentina (51,34), Perú (50,69), Brasil (48,41) y México (41,82).
Seguridad y respeto
Reporteros Sin Fronteras (RSF) clasifica la libertad de prensa y en su evaluación indica que países con menos de 40 puntos atraviesan una situación muy grave. En 2023, RFF puntualizó que Cuba es el país de América Latina con menos ejercicio de esta libertad, secundado por Honduras, Venezuela y Nicaragua.
Esta caracterización sopesa diferentes aspectos: El desempeño en materia de pluralismo, la independencia de los medios de comunicación, la seguridad y el respeto a la libertad de los periodistas.
En mayo de 2023, la nueva Ley de Comunicación Social en Cuba fue condenada por diversas organizaciones internacionales por vulnerar la libertad de expresión y el derecho a la comunicación.
El artículo 18 de la ley fija que los medios de comunicación social son "de propiedad socialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, de masas y sociales, y no pueden ser objeto de otro tipo de propiedad".
"Esta ley viene a controlar legislativamente el espacio público que se les escapa y ahora tienes un instrumento legal a la mano, un instrumento más de los que han creado en los últimos cinco años para reprimir la libertad de expresión que vaya en contra de los intereses del Partido Comunista", dijo entonces el periodista cubano Alejandro Ulloa, quien se encuentra exiliado en España.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advirtió que la Ley de Comunicación Social en Cuba contraviene estándares internacionales de derechos humanos e intensifica la censura.
En 2023, Reporteros Sin Fronteras situó a México como el país con mayor número de periodistas desaparecidos en el mundo: 31 de un total de 84 casos desde 1995. México, además, fue el segundo país más peligroso para el periodismo en 2023, después de Palestina. En todo el año, fueron asesinados cuatro comunicadores.
Silenciar
Luisa Torrealba, miembro del Instituto de Investigaciones de la Comunicación de la Universidad Central de Venezuela (UCV), señala que está prevaleciendo la presencia de gobiernos que tienen una acción no democrática al silenciar, perseguir y cerrar medios.
“Esto ocurre por ejemplo en el caso de Nicaragua, o en Cuba, pero también en la acción de grupos que actúan a margen de la ley, grupos paraestatales, como el caso de México con grupos vinculados al narcotráfico que representan un riesgo para la vida de quienes tratan este tipo de temas. En Colombia también hay amenazas”, refiere.
Puntualiza que “en Venezuela hay una política gubernamental implícita dirigida a silenciar desde diferentes flancos. Uno de estos flancos se da por la vía normativa, por la vía legal. El gobierno (régimen) busca elaboración de leyes o de proyectos de leyes con los que se intimidan y que pueden ser causa para una detención arbitraria como se ha visto en los últimos meses. Esto se ha visto incluso en el caso de personas que son detenidas o amenazadas por publicar una queja sobre un servicio público en un estado de Whatsap”.
Torrealba indica que otro mecanismo de censura en Venezuela se ejecuta a través del sistema radioeléctrico. “Hay registro de medios de comunicación abierta que dejaron de informar y de mencionar ciertos temas considerados críticos para la gestión de Nicolás Maduro, le indican a los entrevistados sobre los que temas de los que no pueden hablar porque representa un riesgo para la continuidad de la concesión”.
Otro patrón claro de persecución a las libertades se da con el cierre de emisoras de radio a través de procedimientos administrativos ejecutados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
En enero de 2024, la ONG Espacio Público señaló que, en los últimos 20 años, 408 medios de comunicación han cerrado en Venezuela, siendo el mayor impacto para las emisoras de radio. Esto ha ocurrido “en un contexto en el que la ciudadanía precisa informarse, en medio de una emergencia humanitaria compleja, desigualdad profunda y una ola de migración masiva”.
En el exilio
La Oficina Regional para América Central y el Caribe de la ONU documenta que las amenazas y actos violentos son parte de la vida cotidiana de los periodistas. Esto pasa por medios que han sido clausurados o forzados a trasladar sus operaciones al extranjero hasta periodistas que han recurrido al exilio, investigados penalmente o despojados de su nacionalidad.
“El miedo a ser cuestionado no debe ser razón para privar a la prensa de su derecho a ejercer su función de una manera libre y segura”, ha señalado Alberto Brunori, Representante de la ONU Derechos Humanos en la Oficina para América Central y el Caribe.
Por su parte, la organización Colectivo de Derechos Humanos de Nicaragua denunció, en abril de 2024, que 253 periodistas han salido de su país por la persecución del régimen de Daniel Ortega.
@snederr
FUENTE: Naciones Unidas / SIP / ONU/ Reportero Sin Fronteras (RSF)