Ministro de Justicia de Cuba llega para desenlace de juicio

Silvera dijo el martes en Twitter que participará en las jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra, donde se dirime la querella contra La Habana por varios títulos de deuda.

"Me encuentro en Londres. Participaré en jornadas finales de la audiencia en la Alta Corte de Inglaterra. Defendemos la verdad: Banco Nacional y Cuba ratifican que CRF no ha sido ni es su acreedor", escribió en esa red social.

El BNC y el Estado cubano rechazan reconocer a CRF como acreedor, al considerarlo un "fondo buitre". Por ello claman que es inválida la autorización presuntamente concedida el 25 de noviembre de 2019 por el entonces director de operaciones del BNC, Raúl Olivera Lozano, hoy encarcelado en la Isla tras ser condenado a 13 años, para poner a nombre de CRF unos bonos que hasta entonces custodiaba el ICBC Standard Bank, filial británica del banco chino ICBC.

El presidente de CRF I, David Charters, aseguró durante el juicio que el fondo que presiden no tiene "los recursos ni el tamaño" para ser calificados de "fondo buitre" y mantuvo que no es comparable con el más potente Elliott Management, que en 2016 persiguió a Argentina por una deuda millonaria.

Asimismo, dijo que la opción judicial "no es atractiva, pues es lenta y cuesta tiempo y dinero", y solo se utiliza "cuando no hay alternativa". De ahí que CRF hizo la demanda después de tratar infructuosamente desde 2013 de negociar con La Habana una reestructuración de la deuda.

Eventualmente decidió ir a juicio porque "los inversores estaban perdiendo la paciencia".

La demanda contra el Banco Nacional de Cuba (BNC) y el régimen de Cuba lleva por número CL-2020-000092 y fue presentada el 18 de febrero de 2020 por CRF I, que está inscrito en Islas Caimán. El fondo inversor exige el pago de una porción de 72 millones de euros de deuda vencida, de los 1.200 millones de deuda cubana que tiene en su poder.

La deuda deriva de contratos de préstamo suscritos por el régimen de Fidel Castro con dos bancos europeos en 1984.

De acuerdo con el Consejo Económico Cuba-EEUU, este juicio "es para determinar jurisdicción. Si el demandante gana, habrá argumentos ante el tribunal en cuanto a los méritos. Si el demandante pierde, lo que significa que la cesión de la deuda a CRF I Limited no fue válida, la deuda en sí no se extingue. El demandante y los demandados probablemente apelarán si el veredicto no ayuda a sus respectivas posiciones".

Si no llegan a un acuerdo, La Habana podría enfrentar otro pleito sobre si finalmente tiene que pagar. Si CRF I tiene éxito, podría llevar a muchos otros acreedores a presentar demandas, con reclamos que ascienden a miles de millones de dólares.

Por los demandados, el representante en el juicio es el bufete PCB Byrne LLP, también con sede en Londres, y los abogados Alison Macdonald KC, Anton Dudnikov y Mark Belshaw.

Además, el régimen cubano contrató a Essex Court Chambers y a Uria Menéndez, despacho de abogados de Madrid, donde se ocupa de la mayoría de los pleitos relacionados con Cuba la abogada Lourdes Dávalos, hija de Rodolfo Dávalos, uno de los cerebros del opaco tejido empresarial del régimen de la Isla en decenas de países.

CRF I informó a la corte antes de la vista oral gastos judiciales de 2.153.000 libras esterlinas, equivalente a 2.603.827 dólares, mientras que la parte cubana reportó 1.991.000 libras (aproximadamente 2.407.905 dólares), más un estimado de entre 653.073 y 816.341 dólares que supondrán los gastos del juicio. O sea, un total que oscila entre 3.060.978 y 3.224.246 dólares.

Sumadas esas cifras de gastos en los procedimientos legales en el Reino Unido, donde el perdedor del pleito debe asumir el costo total del proceso, la parte afectada tendría que pagar unos 5,8 millones de dólares.