Se nos complica el juego cuando entramos en temas mayores. Y considero este un tema mayor. Los cambios que se desarrollan en Cuba, con sus características, con nuestros propios criterios, pasan de manera diametral por exigir un marco jurídico complementario y definitorio de su alcance. Y aquí entra lo que se entiende como un tema central: la actualización de la Constitución. ¿Satisface nuestra actual Constitución los cambios que abarca y exige la sociedad cubana?
Varios caminos confluyen en el criterio determinado de que se necesita una nueva Constitución: los que buscan en restituir la de 1940 y los que la consideran agotada y optan por una nueva, actualizada, incluyente y definitoria para encarar el complejo período de la historia que estamos inaugurando. La mayoría considera agotada la actual Constitución, o cuando menos, manoseada de manera que no satisface incluso los tibios cambios ya en vigor, mucho menos los que se consideran en la plataforma y guía del gobierno: los Lineamientos de Política Económica y Social que fueron discutidos por más de 8 millones de cubanos.
Una nueva Constitución pasa por la convocatoria a una constituyente, pero ahí mismo comienzan las contradicciones: solo la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) puede hacer cambios a la Constitución que le ofrece esa misma posibilidad. El Consejo de Estado, que funge como organismo permanente en funciones de la ANPP entre sesiones, sería juez y parte de los cambios que pudieran hacerse a la Constitución, incluso de aquel que de manera eutanásica condujera a convocar una comisión que fungiera como constituyente y presentara una nueva letra de la Constitución. Casi una quimera.
En medio de esto pensamos que los pasos intermedios que la propia ANPP debió dar para legitimar su poder de tomar decisiones importantes fuera del aparato del partido y su fuerza directriz quedan lejos de ser tomadas en serio. Aún no se ha discutido y menos aprobado la Ley de Asociaciones, que podría ser un botón de pánico que desembarcara en una playa fértil para halar el resto de los temas complejos que vienen con ella: libertad de expresión, medios de comunicación alternos a los oficiales, propiedad sobre esos medios; propiedad…
Se vuelve a trabar el tema en la propiedad. Apertura significa entrar en cuestiones que no estaban en la arena política antes de ese momento. Bien pudiéramos tener medios alternativos a los que financia y dirige el Estado en un mundo en que cada vez las redes sociales son menos controlables y cada vez menos controlable el flujo de información. Una ley que rija estos temas (no quiero volver sobre la controvertida y necesaria Ley de Prensa) regularía un problema de propiedad y fijaría los limites que cada país debe poner a la difusión masiva. Mientras tanto, evitando este tema hemos dejado abierta una ventana que quizás por su descontrol no tengamos claro el daño que está haciendo a la sociedad en su conjunto.
No sería la primera vez que los órganos actuales de dirección toman medidas que al menos se salen de la legalidad en lo que consideran un bien para el país. Ha sucedido con los actuales cambios económicos; la creación de espacios de propiedad individual y colectiva alternos a la propiedad estatal (que insisten en denominar social) y sobre todo la creación de las Zonas Especiales de Desarrollo (la mayor de ellas Mariel, pero no la única) no encuentran una buena cobertura legal a no ser por la votación positiva de los legisladores que por la Constitución actual se convierten en constantes modificadores de la ley fundamental por ellos mismos representada.
No sería grave si todo estuviera encaminado a un cambio mayor, a un bien común que no pudiera esperar por vericuetos legales; pero me gustaría mejor transitar por un camino avalado no solo por la ley fundamental de la República, sino con el consenso de un colectivo que esta siendo afectado por esos cambios. Sin un referendo consultivo cualquiera de los esfuerzos mejor intencionados que hoy vemos en la escena económica (y política, ¿por qué no?) del país, podrían caer rápidamente en retroceso solo si el grupo que dirige políticamente el país lo considera oportuno.
Y este grupo puede cambiar, de hecho cambiará en dos años y no está claro quién tome las riendas, ni cómo será ese proceso de cambios. Si la esencia democrática que existe en la estructura de elección actual se mantuviera, los resultados de las próximas elecciones generales pudieran ser muy distintos a los que hoy hemos visto. Y esto, permítanme decirlo, para bien o para mal.
Por tanto, el dichoso tema de una nueva Constitución pasa por ser en sí mismo un referendo que define el alcance de los cambios que requiere el país. Una nueva Constitución que refrende los cambios hasta ahora alcanzados y en vigor, que encamine una socialización mayor de las decisiones, que abarque y profundice la variedad y cantidad de acciones que requiere e incluso demanda el país. Un marco legal que sirva de carretera por donde debe circular la Cuba de los próximos y complejos años que están por venir.
Si alguien cree que esto será fácil, se está engañando. Solo los remito a dos temas: la polarización visceral de las opiniones incluso entre los que se definen a sí mismos aliados; y la calma con que los decisores fundamentales están enfrentando la crisis. Se requiere una sacudida que sirva de impulso, un combustible que active la participación ciudadana, pero también un marco dentro del cual se perfilen los límites en que debemos correr estos años.
Sin una conducta legal propia, exigente y apuntalada por el consenso de la población activa, no habrá sociedad civil ni cambios que puedan garantizar que llegaremos a algún punto superior al que hoy estamos. Si para esto es necesario una nueva Constitución, bienvenida, pero por el momento, si cumpliéramos la actual ya sería ganancia para todos.
