En junio de 2026 el presidente Donald Trump confirmó una idea que parecía imposible en Estados Unidos, propuso que el gobierno tome participaciones en las grandes empresas de inteligencia artificial (IA). Así, los estadounidenses serían socios de OpenAI, la creadora de ChatGPT. Si bien la noticia sonó generosa, conviene mirarla despacio.
Un fondo soberano es una alcancía gigante que pertenece a un país entero. Noruega tiene la más famosa luego que ese Estado cobrara durante décadas por su petróleo y guardara ese dinero en un fondo que invierte en todo el mundo. Así, cada noruego es dueño indirecto de una fortuna. La idea ahora es repetir eso en Estados Unidos, pero con un detalle nuevo porque la riqueza no vendría del petróleo sino de las acciones de las empresas de IA.
Hay dos versiones de la idea y conviene no confundirlas.
La primera es la del senador Bernie Sanders. Su proyecto obligaría a OpenAI, Anthropic, xAI y otras a entregar al Estado el 50% de sus acciones mediante un impuesto pagado en papeles y no en dinero. Es una versión compulsiva donde el Estado se quedaría con la mitad de las empresas, con voto y con puestos en los directorios. Muchos juristas advirtieron que eso se parece menos a un impuesto que a una confiscación, y la Constitución estadounidense prohíbe tomar propiedad privada sin compensación justa.
La segunda es la que Trump discutió con las empresas. Las compañías donarían voluntariamente una porción de sus acciones para sembrar el fondo, sin obligarlas. El Estado no pagaría nada y los ciudadanos recibirían con el tiempo los frutos de esas acciones.
Aquí aparece el primer dato que casi nadie subraya. La idea no nació en la Casa Blanca, sino en OpenAI. Sam Altman, su director, se la propuso al gobierno en 2025 y la empresa la publicó como documento de política en abril de 2026 bajo el nombre de Fondo de Riqueza Pública.
¿Por qué una empresa regalaría parte de sí misma? La respuesta exige una metáfora. Imagine un comerciante que sabe que su tienda será tasada el mes próximo en una cifra altísima. Antes de esa valuación regala una pequeña parte al alcalde del pueblo. La porción vale poco hoy, pero la buena voluntad del mandatario vale siempre. OpenAI preparaba al momento de estas discusiones una salida a bolsa con una valuación que superaba los $850.000 millones de dólares. Donar una astilla antes de que el mercado fije el precio cuesta poco y compra protección política en un momento en que crece el enojo social contra la IA. Este regalo es una prima de seguro.
Todo el debate público gira alrededor de si el fondo funcionará cuando exista. Y también, ¿alcanzará para sostener a la gente si la IA reemplaza a la mayoría de los trabajadores? Es la pregunta equivocada, o al menos es solo la mitad de la pregunta.
Piense en una caravana que debe cruzar un desierto para llegar a una ciudad prometida. Todos discuten si la ciudad tendrá agua y casas, pero nadie pregunta si la caravana sobrevivirá al desierto. El camino hacia una solución puede destruir más valor que el que la solución promete crear. Y este camino tiene al menos cuatro trampas.
Las trampas del camino
La primera dificultad es el favoritismo. Si el Estado se vuelve accionista de algunas empresas, deja de ser un árbitro neutral. Un juez de fútbol que es dueño de uno de los equipos cobrará los penales de un modo previsible. Las empresas donantes de acciones recibirán contratos, permisos y regulaciones amables. Las que no aportaron, recibirán inspecciones. Esto no es una especulación, el gobierno ya tomó participaciones en más de 20 empresas privadas, desde Intel hasta compañías de minerales críticos, y el patrón de premiar socios es visible.
La segunda trampa es la desigualdad ante la ley. La tradición constitucional estadounidense, consagrada en la Enmienda 14 y extendida por los tribunales al gobierno federal, exige que el Estado trate igual a los iguales. Dos empresas que compiten en el mismo mercado deben enfrentar las mismas reglas. Por lo tanto, si una tiene al Estado como socio y la otra no, esa igualdad muere en los hechos, aunque sobreviva en los papeles. Así, el capitalismo funciona porque la cancha es pareja. Inclinar la cancha destruye el mecanismo que genera la riqueza que el fondo pretende repartir.
La tercera trampa es el rescate inevitable. Cuando cada estadounidense tenga acciones de OpenAI en su alcancía nacional, ningún gobierno podrá permitir que esta empresa quiebre. Si la compañía tropieza, el Estado la rescatará con dinero de los contribuyentes. Esto se llama riesgo moral. Una organización conociendo que no puede quebrar toma riesgos imposibles para una normal. Los bancos demostraron esto en 2008, cuando las ganancias se privatizaron y las pérdidas se socializaron, solo que ahora con un disfraz de propiedad popular.
La cuarta trampa es la concentración. El plan entrega a cada ciudadano acciones de un puñado de empresas de un solo sector. Cualquier asesor financiero le diría a su cliente que eso es lo contrario de invertir bien. Si la IA decepciona cuando los ingresos no llegan, o si la tecnología madura más lento que las promesas, el ahorro nacional entero se hundirá con ella. Noruega invierte en miles de empresas de decenas de países. Este fondo nacería atado al destino de tres o cuatro compañías.
Quizás algún día haga falta un mecanismo para repartir la riqueza que crea la IA. Esa discusión es legítima. Pero una solución no se juzga solo por su destino, sino por su camino. Este derrotero convierte al Estado en socio de unos y juez de todos, mata la igualdad entre competidores, garantiza rescates futuros y concentra el ahorro de un país en una apuesta única. Aunque la ciudad prometida existiera, esta caravana cruza el desierto cargando dinamita. Por lo tanto, el problema no es solo a dónde vamos, sino cómo pensamos llegar.
Las cosas como son.
Mookie Tenembaum aborda temas de tecnología como este todas las semanas junto a Claudio Zuchovicki en su podcast La Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, disponible en Spotify, Apple, YouTube y todas las plataformas.