JOSUE BRAVO
Especial

La inseguridad jurídica cunde la Nicaragua de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, los “mandamás” del país. La expropiación, figura legal con la cual el Gobierno de esta pareja maquilla las confiscaciones, ha sembrado un panorama sombrío entre dueños de propiedades y empresarios por ser el mal que les acompaña.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), ha señalado una sistematicidad en el despojo de propiedades que revela la ejecución de un sistema confiscatorio, parecido al ocurrido en la década de 1980, cuando Ortega lideró la revolución y despojó a miles de empresarios y terratenientes señalándolos de somocistas, es decir, miembros de la dictadura que los sandinistas terminaron por medio de las armas.

“Yo estoy viendo en todos los últimos casos que se están dando que lo que se está viendo es un sistema de confiscación, ya aquí no es cuestión de expropiar, no es cuestión de declarar de utilidad pública para efectos de reforma agraria o de otra cosa, aquí estamos prácticamente en una estrategia de concentración de la tierra”, afirmó a la prensa local Vilma Núñez, presidenta del CENIDH y otrora simpatizante de Ortega.

“Nicaragua se está convirtiendo prácticamente en una hacienda; en la propiedad privada de quienes tienen usurpado el poder político en el país”, añadió.
Uno de últimos casos que Núñez señala es la expropiación a la fuerza a través de la Procuraduría General de la República (PGR), de 15 manzanas de tierras a varios dueños, en Managua. Ahí serán las instalaciones de la Dirección de Operaciones Especiales Policiales (DOEP) y posiblemente centro regional de enseñanza para policías que instalará Rusia en Nicaragua.

Ahí los dueños fueron desalojados con la fuerza policial y maquinaria pesada de Alba Construcciones (la empresa manejada por la familia presidencial con petrodólares venezolanos) irrumpió para hacer movimientos de tierra.

Con irregularidades jurídicas, a finales del año pasado la PGR emitió declaró de utilidad pública el terreno para la construcción de las instalaciones de la DOEP, decisión refrendada en febrero de 2015.

El otro y más sonado durante este año por la saña descargada por el Gobierno es el del empresario opositor Milton Arcia. A él la mañana del viernes santo, aprovechando la distracción ciudadana por motivo de vacaciones, la Empresa Portuaria Nacional con maquinaria pesada, sin notificación legal alguna, le desbarató un hotel de dos pisos, en construcción, aparentemente en represalias por apoyar las protestas contra el proyecto del canal interoceánico.

Al oponerse a la demolición de un bien en el que había invertido 7 millones de dólares en 12 años, según sus cuentas, Arcia fue detenido por violencia por la policía y encarcelado por varias horas hasta que la presión popular provocó su liberación.

Ese mismo día su yate sufrió desperfectos que provocaron su hundimiento en el lago, al parecer provocado, en pleno traslado de periodistas que viajaban a cubrir la destrucción de su hotel, el cual se ubicaba a orillas de la Isla de Ometepe, una belleza natural enclavada en el Lago de Nicaragua.

Después de varios días de silencio, la Procuraduría General de la República (PGR), la misma entidad que le entregó los 4,332.41 metros cuadrados donde estaba la construcción del hotel y el muelle donde encallaban sus barcos, en compensación por otro litigio parecido; declaró de utilidad pública toda la propiedad para un futuro complejo turístico y lo citó a negociar una indemnización.

“Todo fue planificado”, insistió Arcia entre llantos, al no explicarse la persecución del Gobierno. A juicio de Núñez, estas dos expropiaciones son emblemáticas pero también existen otras de gran magnitud.

Hace tres años y siempre con fuerza policial, el Gobierno le arrebató 20 manzanas de terrenos costeros en playas del pacífico, propiedad del ciudadano de origen suizo Walter Bühler, donde construyó el hotel Punta Teonoste.

En Managua, la capital, el Gobierno despojó a varios inversionistas de una propiedad valorada en 20 millones de dólares. Y así sucesivamente se repiten casos donde el gobierno usa a la PGR como instrumento para hacerse con valiosas tierras en distintos lugares del país.

Estas acciones podrían tener serias consecuencias para Nicaragua y su capacidad de atraer nuevos capitales e incrementar el número de personas con empleo, el principal problema del país, aunque leales a la familia gobernante cataloga estos abusos como casos aislados que en nada ponen en duda el respeto a la propiedad privada consignada en la Carta Magna.

Los afectados luego se enfrentan a procesos legales empantanados por la burocracia y la imposición del poder, dado que en Nicaragua la ley es el sandinismo.

“Un caso aislado y peregrino (como el de Arcia) no significa de que vas a contaminar y tratar de transformar, revertir o desvirtuar los excelentes resultados que se han tenido en la gestión económica por parte del Gobierno”, dijo el diputado oficialista Wálmaro Gutiérrez.

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Este proceder de quienes hoy mandan no es nuevo. Hasta el año pasado la “piñata” del gobierno sandinista, como es llamado el festín con las confiscaciones y luego reparto de propiedades durante la revolución en la década de los 80; le había costado unos 1,300 millones de dólares en indemnizaciones al pueblo nicaragüense, de los cuales 447 fueron pagados a ciudadanos estadounidenses.

Con el pago de confiscaciones de 30 reclamos de norteamericanos en los últimos nueve meses del 2014 y con solo 178 casos por resolver, Nicaragua aplicaba de nuevo y por última vez el “waiver” de la propiedad, la dispensa anual que hace Estados Unidos a la aplicación de la disposición legal que prohíbe la ayuda bilateral de los estadounidenses, y su apoyo en el otorgamiento de préstamos por parte de instituciones financieras internacionales.

Los litigios de propiedad entre norteamericanos principalmente y el Estado nicaragüense se originaron en los años 80, cuando Ortega, durante su primer mandato, confiscó los bienes inmuebles de miles de ciudadanos, alegando pertenecer a la familia Somoza y sus allegados.

Según la PGR y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), el estado con sus diferentes gobiernos ha resuelto casi 5,000 casos de propiedad a más de 1,900 ciudadanos norteamericanos. De no ser por el waiver probablemente Nicaragua jamás habría pagado por esas confiscaciones.

Con estos antecedentes los dueños de propiedades e inversionistas viven con el temor de ser los próximos en la lista de expropiaciones. El sentimiento popular es que cuando al Gobierno le interesa alguna empresa o propiedad, cae sobre ella sin nadie que lo detenga porque ellos son la ley.

Durante el 2014, el CENIDH recibió 92 denuncias de víctimas que han recurrido ante ese organismo de cara a la falta de respuesta de las autoridades por la toma de sus propiedades. Este año el organismo ya registra otras 22 denuncias similares.
“Aquí prácticamente estamos en un país que no vale nada, aquí no hay orden”, se lamenta Arce, el empresario de origen campechano, “Aquí nada más hay un solo poder (el de Ortega y compañía), da la orden a la Policía y te mandan a sacar de tu casa a patadas y te mata”, concluyó.

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