El golpe de Estado en curso que viola los derechos humanos del pueblo boliviano, que pide la renuncia del Presidente Rodrigo Paz y que ha puesto en alerta a las democracias de las Américas, es solo síntoma de la crisis, no es la crisis. Bolivia soporta desde el año 2003 la destrucción de la sociedad, la educación, la justicia, la legalidad, las instituciones, la economía, la unidad nacional y el intento de liquidar la nación boliviana, victimada por el socialismo del siglo 21 que con Evo Morales y su grupo delictivo convirtieron al país en una dictadura/narcoestado.
Con el golpe de Estado consumado el 17 de octubre de 2003 contra el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, comenzó la destrucción de Bolivia como república independiente y soberana. Destruyeron las Fuerzas Armadas de la nación, acusando falsamente a los mandos militares de la democracia de los crímenes cometidos por los golpistas, planearon la ocupación de la Policía Nacional, del sistema de justicia, la liquidación del sistema regulatorio, la independencia del Banco Central, la terminación de la Participación Popular, la subordinación del Parlamento y más.
Los miembros del Alto Mando militar de 2003 fueron enjuiciados y perseguidos, junto con el presidente derrocado y los ministros. Los Generales de la República y oficiales no eran políticos. Habían cumplido órdenes en el marco de la Constitución y las leyes, tenían mando por el mérito en el ascenso y los mecanismos legales e institucionales de la democracia, pero fueron encarcelados, condenados y humillados. Así se acabó en Bolivia -con efecto regional- la posibilidad de que las Fuerzas Armadas cumplan su rol constitucional de “Institución Fundamental de la Patria”. Era la “vacuna castrista”.
Con control total de la justicia —aplicándose el método de Cuba y Venezuela, con cubanos y venezolanos operando— Morales persiguió y mandó a sentenciar a más mandos militares con falsas acusaciones, como las de los “misiles chinos”, acusando falsamente a generales de la democracia de haber entregado material —obsoleto y de descarte— al imperialismo norteamericano.
Evo Morales renunció en 2019 por fraude electoral y huyó a México con ayuda de sus “opositores funcionales”. Asumió la presidenta Jeanine Añez: “Salió el dictador, pero no la dictadura”. Quedó intacto el sistema dictatorial de leyes, destrucción de instituciones, narcoestado pluri, multiplicación de la confrontación para destruir la nación, corrupción e impunidad, control de la justicia con “fiscales sicarios y jueces verdugos”, fraude electoral y más. El poder dictatorial reconoció a la presidenta Añez, luego la desconoció y más tarde la encarceló, y los mandos militares fueron perseguidos, encarcelados, condenados y humillados.
El mérito en los ascensos fue desconocido por Evo Morales y Luis Arce, haciendo de las Fuerzas Armadas de la Nación y de la Policía Nacional entes manipulados por el régimen e intervenidos por Cuba-Venezuela-Irán, destruyendo la “doctrina institucional”, cambiando ingreso y contenidos de estudio. Pusieron a las Fuerzas Armadas al servicio del crimen trasnacional creando la “Escuela Antiimperialista del Alba” con las dictaduras de Cuba e Irán. La Policía Nacional, al servicio del narcoestado, pluri, está expulsando a la DEA y corrompiendo.
Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Tribunal Constitucional, Fiscalía General de la República, Consejo de la Judicatura, Corte Nacional Electoral y más, con mandatos democráticos vigentes, fueron barridos con la promulgación -luego de falsificaciones, masacres sangrientas y fraude- de la constitución del estado plurinacional que cambió los nombres de las instituciones para ocuparlas.
Organización del Poder Ejecutivo, Descentralización Administrativa, Participación Popular (poder a los municipios), Sistema de Regulación, Banco Central, Ley de Sustancias Controladas y Lucha contra el narcotráfico, Ley de Tierras (INRA), Sistema de garantías a la inversión, Sistema Educativo Nacional, Seguridad Social, Medicina, y más fueron destruidos y suplantados por “leyes infames” que son las que violan los derechos humanos en lugar de protegerlos.
Cambiaron códigos y procedimientos, establecieron tribunales especiales, justicia paralela, encarcelaron y asesinaron a defensores de la libertad, asegurando la impunidad de los delincuentes y nuevos ricos del régimen.
Destruyeron el Poder Legislativo cambiando sistemas, restando competencias, anulando la inmunidad parlamentaria, operando mecanismos de subordinación y convirtiendo al llamado “primer poder del Estado” en un apéndice del poder central.
La realidad objetiva, la crisis y extensa documentación prueban las “violaciones a los derechos humanos”, la inexistencia de “estado de derecho”, la falta de separación e independencia de los poderes públicos, la imposibilidad de “libre organización política” (presos y exiliados políticos), y el secretismo del registro electoral.
Hoy, no existe en Bolivia ninguno de los elementos esenciales de la democracia, y mientras esto ocurra, la crisis persistirá, se agravará y llevará a los bolivianos de la pobreza a la miseria. El presidente Rodrigo Paz ha tomado el gobierno, pero no el poder.
*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy
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