Sonia Schott
Cuando el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense anunció, recientemente, la ampliación del período de inscripción para el Estatus de Protección Temporal (TPS) para venezolanos que llegaron al país antes del 8 de marzo de 2021, sin duda la noticia fue bien recibida por la diáspora del país sudamericano que espera regularizar su situación migratoria para poder trabajar.
El aviso adquiere particular importancia luego de que, desde el Congreso, por lo menos 53 senadores pujaban por garantizar que los trabajos derivados del proyecto de ley de infraestructura sólo favorezcan a los trabajadores estadounidenses o inmigrantes legales.
La discrepancia bipartidista se centra en si exigir o no el sistema verificador de estatus E-Verify para los beneficiarios del proyecto de ley.
Este sistema verificador se refiere a un sistema por Internet que compara la información ingresada por un empleador para confirmar la elegibilidad del empleado para trabajar en Estados Unidos, en base a los registros disponibles de la Administración del Seguro Social y el Departamento de Seguridad Nacional.
Si bien es cierto que la tasa de desempleo en Estados Unidos cayó hasta el 5,4% en julio, mejor de lo esperado, y que la recuperación económica se está consolidando, el tema migratorio, que tiene igualmente impacto en la economía, continúa siendo uno de los grandes desafíos del presidente Joe Biden.
Por ejemplo, el número de inmigrantes que llegan por la frontera mexicana está alcanzando una cifra que no se había visto en 20 años.
Más de 180.000 migrantes fueron detenidos en mayo por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. La mayoría de ellos son adultos solteros procedentes de Centroamérica, pero también de otras regiones.
Las cifras han aumentado rápidamente desde que Biden se convirtió en presidente y la Casa Blanca no parece saber qué hacer al respecto.
La vicepresidenta Kamala Harris, quien tiene la responsabilidad de elaborar una estrategia integral de inmigración, no ha podido todavía demostrar avances, aparte de una visita a algunos países centroamericanos.
Obviamente el reto más inmediato es cómo hacerle frente al dramático aumento de casos por la variante delta de la COVID-19, que también es responsable por las divisiones de criterio dentro de la administración.
Biden ha impulsado nuevamente el uso de mascarillas, aun entre la población vacunada, pero esta medida nunca ha sido popular en muchos estados, y si se convierte en una política de la Casa Blanca podría ser usada por los rivales políticos como una señal de que la lucha de la administración contra la pandemia está fracasando.
La baja aceptación de la vacunación en muchas áreas también está causando alarma.
La tercera apuesta política a vencer se origina en la decisión de retirar todas las tropas estadounidenses de Afganistán, antes del 31 de agosto. Orden que fue promulgada por el expresidente Donald Trump y reiterada por Biden. Y a medida que los talibanes avanzan en la toma de ciudades claves, se confirma que esta decisión fue prematura.
Algunos de los comandantes militares más importantes que sirvieron en Afganistán, incluido el general David Petraeus, que comandaba las fuerzas estadounidenses y de la coalición, han criticado la decisión de retirada de Biden. Existe una sensación creciente de que Estados Unidos ha abandonado al pueblo afgano a merced de la violencia y la guerra civil.
Estados Unidos ha reiniciado los ataques aéreos contra los talibanes desde bases en el Golfo Pérsico. Pero ¿cuánto tiempo pueden continuar sin tropas en el terreno para ayudar a las fuerzas nacionales afganas?
Biden dijo que no quería que el ejército estadounidense volviera a estar involucrado en más “guerras para siempre", pero para el pueblo afgano la guerra seguirá y empeorará.
Con estas decisiones de política, ahora bajo una presión cada vez mayor, Biden espera que su programa de infraestructura de mil millones de dólares, aprobado por el Senado, le de un impulso y le ayude a revertir la caída en sus índices de popularidad.
Sin embargo, incluso una victoria en infraestructura en la Cámara alta no eliminará las dudas sobre la forma en que su administración ha manejado la inmigración, la pandemia y Afganistán.
Ahora, después de seis meses de estar en el poder, parece que el período de luna de miel de Biden está llegando a su fin. A menos que demuestre un progreso significativo en esas tres áreas para evitar que el Partido Demócrata pierda escaños y posiblemente pierda el control del Senado a manos de los republicanos.
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