En las últimas semanas, varios casos de familiares de altos mandos y figuras vinculadas al aparato militar y empresarial del Estado fallido castrocomunista han pasado a primer plano en Estados Unidos. Las detenciones por parte de autoridades migratorias y los procesos de deportación abiertos contra algunos de ellos han reavivado el debate sobre hasta dónde llegará el endurecimiento de la política migratoria estadounidense hacia ciudadanos cubanos con nexos con la cúpula del poder en la isla. Asombra ver a abogados cubanoamericanos defender la no deportación de estos hijos de criminales que se beneficiaron de esa criminalidad y que además mintieron a la hora de entrar en Estados Unidos. Para mí está muy bien la deportación de estos hijos de miserables.
Uno de los casos más comentados es el de Alina Rosales Aguirreurreta, identificada en varios reportes de prensa como hija del general Ulises Rosales del Toro, una figura históricamente criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del aparato gubernamental cubano. Según esas publicaciones, Rosales Aguirreurreta fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos después de haber ingresado al país en 2023 con una visa de turismo B1/B2 y permanecer en el sur de Florida mientras gestionaba su situación migratoria. Su padre fue de los que no permitía que mi hija de dos años viajara conmigo a Francia en 1995; lo autorizó finalmente bajo una presión de Alfredo Guevara (que quería salir de mí en el ICAIC, y así mismo lo expresó). De modo que más de acuerdo no puedo estar con esa deportación.
Otro caso reportado es el de Adys Lastres Morera, señalada en medios como hermana de una alta directiva de GAESA, el conglomerado empresarial controlado por el estamento militar cubano. De acuerdo con esos informes, las autoridades estadounidenses no sólo la arrestaron, sino que además activaron un proceso de deportación tras la revocación de su estatus de residencia permanente. Este expediente ha sido presentado públicamente como parte de un mayor escrutinio sobre personas relacionadas con estructuras consideradas sensibles para la política exterior de Washington.
Estos casos individuales ocurren en un contexto más amplio de endurecimiento migratorio. Informes recientes de organizaciones de derechos humanos y medios internacionales sostienen que, entre enero de 2025 y marzo de 2026, miles de ciudadanos cubanos fueron deportados por Estados Unidos a México como parte de una política más agresiva de expulsiones hacia terceros países. Ese cambio ha afectado a personas con antecedentes o vínculos políticos, pero también a cubanos que llevaban años e incluso décadas residiendo en territorio estadounidense.
La posibilidad de que se produzcan nuevas deportaciones de familiares de militares o funcionarios cubanos no puede descartarse, pero tampoco puede afirmarse de manera categórica sin anuncios oficiales adicionales. Lo que sí muestran los casos recientes es una tendencia: las autoridades estadounidenses parecen estar prestando mayor atención a expedientes migratorios de personas con presuntos vínculos directos o familiares con la cúpula política, militar o empresarial del Estado cubano. Si esa línea se mantiene, otros casos podrían terminar bajo revisión, especialmente cuando existan dudas sobre el origen de los vínculos, las actividades económicas desarrolladas en Estados Unidos o el tipo de beneficio migratorio obtenido.
Por ahora, la información disponible apunta a acciones selectivas y de alto perfil más que a una medida pública y general anunciada específicamente contra todos los hijos o familiares de militares cubanos. Sin embargo, el clima de incertidumbre ha crecido entre sectores de la comunidad cubana en Estados Unidos, en un momento en que la política migratoria del país atraviesa una etapa de mayor rigor y menor margen de tolerancia. La evolución de estos casos, así como cualquier decisión futura del Departamento de Seguridad Nacional o del Departamento de Estado, será clave para determinar si se trata de episodios aislados o del comienzo de una política más amplia.
Por cierto, si van a detener y deportar a los hijos de 'generales y doctores' -gracias, Carlos Loveira-, sáquenlos a todos. Incluida la que regresó para arreglar su casa porque el tío la perdonó, como a la que manejada por un coronel se casó con un ‘marika’ para promover el matrimonio gay en la Cuba de Mariela Castro. A que no hay posturas de gallina.
