Cuba: entre la justicia y la libertad

Los delitos que se le atribuyen son muy graves y a partir de ahora todas las naciones democráticas del mundo deberían tenerlos en consideración: cuatro cargos de homicidio, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses, según muestran los registros judiciales.

¿Cómo Raul Castro y sus testaferros llevaron a cabo el asesinato aquel 24 de febrero de 1996? Fundada en 1991, la organización Hermanos al Rescate realizaba misiones humanitarias de avistamiento para localizar y rescatar a balseros cubanos en el estrecho de la Florida, que huían de la dictadura en embarcaciones precarias. Ese día, de las tres avionetas Cessna que despegaron del aeropuerto Opa-Locka, situado a unas 11 millas al norte de Miami, dos fueron derribadas por cuatro aviones de combate rusos MiG de la Fuerza Aérea de Cuba, sin advertencia previa. Durante el ataque murieron cuatro personas. Tres eran ciudadanos estadounidenses; uno, residente legal. La tercera avioneta logro escapar, piloteada por José Basulto, fundador de Hermanos al Rescate.

Según los fiscales estadounidenses, grabaciones de audio, testimonios de primera mano y documentos recopilados confirman que la orden directa de interceptar y destruir las aeronaves procedía de la cúpula militar y gubernamental, apuntando directamente a Fidel y Raúl Castro, entonces ministro de Defensa.

El gobierno de EE. UU. ha logrado un hito de justicia relevante en favor de la familia de las víctimas y del exilio cubano al conseguir la imputación del déspota cubano.

A la inteligencia norteamericana le sobran pruebas de las relaciones de la dictadura castrista con el narcotráfico. Junto a Irán, Corea del Norte y Siria, Cuba forma parte de la lista de Países Patrocinadores del Terrorismo por su respaldo a grupos terroristas.

Pero ninguna de estas evidencias ha sido utilizada por la justicia contra el principal jefe del aparato militar y represor del régimen. Le ha bastado el despreciable asesinato de cuatro trabajadores humanitarios que se encontraban en una noble misión para ayudar a sus compatriotas que huían de Cuba.

En la rueda de prensa, posterior al acto en el que se formalizaron los cargos penales contra Raúl Castro, el fiscal general en funciones de Estados Unidos, Todd Blanche, explicó que el siguiente paso inmediato será la emisión de una orden de arresto contra Raúl Castro. Blanche dejó claro que esta no es una acción simbólica y que el gobierno estadounidense tiene la absoluta convicción de que el tirano de 94 años rinda cuentas en una corte federal en Miami.

A ello se suma una creciente percepción de la amenaza asimétrica y geoestratégica que representa Cuba para Estados Unidos, funcionando como plataforma de inteligencia y espionaje para potencias rivales.

No deja de resultar irónico que algunos analistas políticos de izquierda, en su empeño de maquillar la realidad cubana, continúen señalando que el acercamiento diplomático y el diálogo son las vías más efectivas para promover los derechos humanos en Cuba. Y para ello no dudan en resaltar que la cuestión de la “seguridad nacional” es el pretexto utilizado por la Casa Blanca para poder llevar a cabo su campaña política y militar de desestabilización contra la Isla.

Lo más preocupante de esa incapacidad de análisis desde posiciones soberanistas es la lectura limitada de las propias amenazas del castrismo con su retórica del bloqueo y la amenaza antimperialista. La tendencia de sectores de la izquierda internacional a romantizar la Revolución Cubana contribuye a crear estas ficciones de sectarismo ideológico, con una narrativa victimista de fondo al que constantemente apela el Gobierno cubano para suplicar ante el mundo una solidaridad paternalista.

En realidad, se trata de la imposibilidad del régimen de colaborar con una estrategia de seguridad regional diseñada por Washington, sobre la base de compartir objetivos comunes para enfrentar el narcotráfico, el lavado de dinero, el terrorismo, la emigración ilegal y la trata de personas.

Tras décadas de avance del autoritarismo de izquierda en America Latina, Estados Unidos transita hacia una nueva geopolítica global, priorizando el "Hemisferio Occidental" y esferas de influencia competitivas frente a China y Rusia. Este enfoque redefine las alianzas históricas y reconfigura el comercio, el pragmatismo económico, la defensa y la diplomacia regional y mundial.

Donald Trump y el Departamento Nacional de Seguridad han llegado a la conclusión de que Cuba se ha dedicado sistemáticamente a resquebrajar los intereses norteamericanos y ha estado siempre detrás de la ofensiva de la izquierda comunista en toda Latinoamérica.

En este sentido, la alianza entre el régimen cubano y la República Islámica de Irán despertó una profunda alarma a nivel internacional, basada en su abierta postura antiestadounidense, lo que ha llevado a Washington a mantener a la isla en su listado de Estados Patrocinadores del Terrorismo.

Asimismo, el régimen cubano ha mantenido una cooperación militar y estratégica de larga data con el chavismo, sirviéndole de base política, ideológica y logística, además de fungir como mediador o refugio diplomático para organizaciones terroristas colombianas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las FARC.

Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, anunció nuevas sanciones contra la Dirección de Inteligencia de Cuba, considerada la principal estructura de espionaje del régimen, encargada de organizar operaciones de la inteligencia cubana en EE. UU. centradas en el espionaje político, la contrainteligencia y la vigilancia electrónica.

De hecho, el FBI ha realizado varios arrestos de alto perfil relacionados con filtraciones de seguridad y espionaje que involucran a contratistas y personal vinculado al Pentágono, al mundo académico y otras agencias federales.

La otra raya roja que ha cruzado el castrismo es el narcotráfico. Los archivos no mienten. En 1993, Raúl Castro fue investigado por narcotráfico por un jurado federal de Florida. Este suceso, curiosamente olvidado, fue documentado por la prensa de la época.

El 8 de abril de 1993, el diario The Miami Herald destapó la existencia de un borrador de acusación penal (draft indictment) preparado por fiscales federales del Distrito Sur de Florida. El documento reconoce a 15 altos funcionarios cubanos, incluido el ministro de las Fuerzas Armadas, Raúl Castro, como líderes de una conspiración que utilizaba a Cuba como puente logístico para introducir toneladas de cocaína a Estados Unidos en coordinación con el Cartel de Medellín.

En el año 2000, el Comité de Reforma Gubernamental de la Cámara de Representantes de EE. UU. (y su Subcomité de Justicia Penal, Política de Drogas y Recursos Humanos) llevó a cabo investigaciones y audiencias específicas sobre el presunto vínculo del gobierno cubano con el narcotráfico internacional.

Durante las sesiones, el Comité escuchó testimonios de legisladores, representantes de la Agencia Antidrogas de EE. UU. (DEA), del Departamento de Estado de EE. UU. y expertos en seguridad nacional. Los informes determinaron un supuesto aumento en los vuelos y embarcaciones de narcotraficantes que transitaban por el espacio aéreo y las aguas territoriales cubanas, aprovechando su posición geográfica.

La administración del presidente demócrata Bill Clinton finalmente archivó estos expedientes, lo cual ha generado denuncias por parte de congresistas y el exilio cubano respecto a una supuesta motivación política de encubrimiento.

Otro tanto se puede decir de las graves violaciones de los derechos humanos en Cuba. Informes recientes de organizaciones internacionales revelan que la represión sistemática de la disidencia, detenciones arbitrarias contra manifestantes pacíficos, juicios injustos, torturas en prisiones y un severo hostigamiento a activistas y sus familiares. Todos los informes son demoledores para la dictadura cubana.

El uso de la fuerza pública para reprimir el descontento popular refleja la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. Las recientes jornadas de protestas y cacerolazos en La Habana y otras provincias, originadas por la escasez extrema y los prolongados apagones, han desencadenado un recrudecimiento de la represión. Mientras la cúpula mantiene el control mediante detenciones y el despliegue de fuerzas, la crisis económica y el descontento popular han alcanzado niveles sin precedentes en la isla.

El secretario de Estado, Marco Rubio ha puesto en duda la posibilidad de cambios en la isla bajo el régimen de Castro y ha responsabilizado directamente al régimen de La Habana y al conglomerado militar GAESA por la crisis económica, energética y humanitaria que atraviesa la isla. “En Estados Unidos estamos listos para abrir un nuevo capítulo en la relación entre nuestros pueblos. Y hoy, lo único que se interpone en el camino hacia un futuro mejor son quienes controlan su país”, sentenció.

Los cubanos del exilio y la comunidad internacional ya han empezado a especular sobre cómo será la transición en Cuba. De momento, se han celebrado entre EE. UU. y representantes del régimen cubano diferentes reuniones para convencer a los consejeros de Raul Castro de que lo mejor que pueden hacer es abandonar el poder y escapar a otro país con la fortuna de más 18 mil millones de dólares robados que le administra Gaesa. Pero los Castro no le han dado importancia al mensaje del gobierno de EE. UU. Se creen todavía intocables e impunes.

No así su círculo más cercano: los militares de más bajo rango, los militantes del Partido Comunista, los policías y los testaferros del régimen quienes saben que Cuba ha entrado en una fase de desintegración irreversible y que el desenlace es cuestión de tiempo.

Por eso, el llamado a la cúpula militar y policial cubana para frenar la represión y facilitar una transición democrática pacífica ha sido una exigencia recurrente de la oposición y de la comunidad internacional.

El procesamiento de Raúl Castro y su condición de prófugo de la justicia norteamericana guarda algunos paralelismos con la intervención estadounidense y la captura de los dictadores Manuel Noriega en Panamá, primero, y Nicolás Maduro en Venezuela, recientemente. El mensaje parece claro. Si Washington fue capaz de actuar contra estos dos dictadores, que enfrentaron acusaciones formales del Departamento de Justicia de EE. UU. por narcotráfico y terrorismo, también puede hacerlo contra Castro. La comparación no es gratuita.

Los analistas se debaten si el cambio de gobierno en Cuba dependerá más de factores internos o de la presión internacional y la política exterior estadounidense. En ese sentido, es difícil desligar la presión de Estados Unidos y el apoyo internacional -como herramientas claves para forzar la salida del régimen y restaurar la democracia- con el tan manipulado tema de la soberanía.

Un error bastante frecuente del discurso inmovilista del gobierno cubano es equiparar la soberanía con la supervivencia de su sistema político, utilizándola como escudo retórico para justificar la represión interna y rechazar cualquier exigencia democrática bajo la premisa de que ceder equivale a una traición a la patria.

Esa animosidad permanente, orquestada desde La Habana contra EE. UU., remite de manera directa a un componente de la extrema izquierda comunista en el mundo, que el castrismo moviliza con mucha facilidad.

Por eso, mientras el régimen castrista utiliza la exaltación revolucionaria y una retórica antiimperialista para mantener el control y asegurar su supervivencia en el poder, la Premio Nobel de la Paz y una de las figuras más influyentes en la defensa de la democracia y los derechos fundamentales en América Latina, María Crina Machado, ha justificado las acciones militares de Estados Unidos en su país y su estrategia de presión como medida necesaria para sacar del poder a una dictadura criminal y forzar una transición democrática, sin que esto implique una renuncia al derecho de soberanía. Venezuela no tenía otra salida.

En aras de facilitar consensos y sortear polarizaciones, el mundo libre y democrático deberá entonces confiar en que la sociedad civil cubana con la ayuda de la administración norteamericana demuestre la fortaleza necesaria para superar el garrote del castrismo, restablecer rápidamente el orden institucional y garantizarle a la isla su regreso a los reglamentos de las democracias constitucionales.

(*) Periodista y escritor.