Asegurar que “los cubanos dignos darán un Sí rotundo al proyecto de Constitución”, como subraya la propaganda oficialista cubana, reafirma la falta de libertad del proceso. Súmele que el texto sometido a referéndum este 24 de febrero fue pautado en sus puntos neurálgicos por el estado, como subrayó Raúl Castro, en abril del 2018, antes de que comenzaran a trabajar en el documento 33 parlamentarios, encabezados por él y el designado presidente Miguel Díaz-Canel.
Es inaudito pensar que la reforma a la Constitución cubana significa un momento de refundación nacional. No somos testigos de un acto de soberanía, pues la Constitución no expresa un pacto entre el pueblo y el estado, aunque en su artículo 3 asegure: “En la República de Cuba la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, del cual dimana todo el poder del estado”. El pueblo debe plegarse al estado y, ambos, al Partido Comunista, evidenciando la crisis de representatividad ciudadana existente: es válido subrayar que se excluye del imaginario de nación a quienes viven fuera de las fronteras del país.
El proyecto de Constitución fue refrendado por la totalidad de los parlamentarios. Sólo subrayar, aun cuando deviene metáfora, que el 51 por ciento de ellos son designados, no elegidos por el pueblo. Si apelé al término metáfora, es porque el resto nunca levanta su voz para disentir de la cúpula gobernante. Evidencia de que, aun cuando la Constitución asegura la soberanía popular, en la actual estructura el pueblo se ve obligado a delegar su poder en los representantes -diputados-, quienes asienten, acríticamente, a cada propuesta de las élites de poder.
Siempre he defendido que la Constitución cubana es letra muerta. Siendo violada, según libre albedrío, como al negársele al pueblo la entrada a los hoteles -decisión que primó durante más de una década- o al implantarse el decreto 217 de 1997, que impide a las personas moverse libremente por el país. Es inaudito pensar en garantías constitucionales, cuando el Partido Comunista puede violar, deliberadamente, la Constitución o hasta imponerse a la Asamblea Nacional.
La actual Carta Magna legitima el derecho a la inversión extranjera -aunque sin garantías jurídicas-, evadiendo el derecho de los nacionales a la inversión en su propio país. No admite el creciente impacto de la disidencia política y legitima la discriminación por esos motivos. Súmese que su retórica exalta los derechos humanos fundamentales, mientras en Cuba se arremete con violencia contra quienes expresan su descontento con las políticas del régimen. La ambivalencia del término “traición a la patria” -alejado de una precisión conceptual-, permite endilgar este calificativo, según convenga, a cualquier posición social o persona.
La libertad para exigir derechos se limita a elevar una queja a las organizaciones pertinentes, maniatando las acciones colectivas. El miedo a la articulación opositora -conscientes de su progresivo ascenso- es enfrentada de modos diversos, llegando a potenciarse la desmoralización de los sindicatos, pues son un pilar de la organización de los trabajadores contra al statu quo dominante -rememoremos la experiencia polaca-.
La nueva Constitución no refrenda la transparencia informativa. Ni la prevalencia de la agencia pública sobre la estatal o la existencia de medios de comunicación al margen del dominio estatal. Consecuente con sus bases estalinistas, sostiene la utopía de la construcción del comunismo, evadiendo la participación del pueblo en la elección del presidente del país, agregando, como expresión de su ortodoxia política, la designación de los presidentes del Poder Popular, ahora gobernadores, por el mandatario cubano y no a través del voto popular.
Dádivas como el derecho a la educación, a la salud o la seguridad social, se perciben como cimientos del contrato social, aduciéndose, a manera de salvoconducto del régimen para la violación del resto de los compromisos sociales. Derechos como la libre expresión artística fueron coartados por el Decreto 439, en un intento por pulverizar todo atisbo de crítica, como si se pretendiera, además, revivir los años finales de la década de los '60 del pasado siglo, cuando los intelectuales fueron objeto de furibundas represiones, llegando a entronizarse el realismo socialista como corriente estética.
Los cubanos residentes en el exterior, como era de esperar, no son tenidos en cuenta en la Constitución. Asimismo, al exponer la irrevocabilidad del socialismo se evidencia la percepción del régimen como vitalicio, sin concientizar que la ausencia de la llamada “generación histórica”, supeditará la prevalencia del castrismo a la capacidad de sus predecesores para sacar al país del “agujero negro” en que se encuentra sumido, algo que, a todas luces, parece imposible. No siendo descabellado -en un futuro-, hasta pensar en un giro de la cúpula gobernante hacia un modelo de capitalismo de estado, en un intento desesperado para legitimarse en el poder.
Existen quienes se inclinan por no votar este 24 de febrero en Cuba. Aun cuando no hacerlo es expresión de rechazo a la maniobra constitucional, votar y hacerlo en contra, es una opción que tienen los ciudadanos para legitimarse como objetos de representación y no sujetos de ella, como pretende el castrismo.
La historia de Cuba, en las últimas décadas, se percibe como una sucesión de fracasos sociales. El referéndum de este 24 de febrero marcará un nuevo hito en el proceso de estructuración de raigales cambios en el país. Indigno no es pronunciarse por el No, sino presionar a la ciudadanía para que, una vez más, encamine a la nación hacia un destino que no merece el pueblo cubano.
