La alianza Castro-Chávez para recrear el castrismo con petrolero y dinero venezolano sacó de su agonía a la dictadura de Cuba y dio lugar a las dictaduras castrochavistas en Venezuela, Nicaragua y Bolivia (con Ecuador de salida). Se presentaron como movimientos políticos por la liberación de los pueblos, como de izquierda, bolivarianos, socialistas y usaron violencia, golpes de estado y elecciones para acabar con partidos políticos, líderes y democracia. La realidad demuestra que el castrochavismo es delincuencia que ha tomado el poder político.

Es vital diferenciar y separar lo que es “política” en sentido de actividad pública, de lo que es “delincuencia organizada” y “crimen”. Una cosa es la política con sus ideologías, pragmatismos, imperfecciones, errores, crisis, incluso afectada por la corrupción, pero otra cosa muy diferente es la política y el poder bajo control de delincuentes asociados para hacer de la política su instrumento principal en la perpetración de delitos, organización criminal, toma y control indefinido del poder con fines delictivos y de impunidad.

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Política en su acepción amplia según su etimología griega “es el arte de gobernar o la intención de hacerlo”. Se anota que “en cualquier acepción en que el vocablo se utilice, y persiga uno u otro objetivo, aparece en forma potencial o efectiva una forma de proceder, una práctica, una serie de hechos al servicio de una idea”. La política es el “arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados”, “ la actividad de quienes rigen o aspiran a regir los asuntos públicos” y “la actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos”.

La política es lícita, esto es que actúa en el ámbito de ser “justa, permitida, según justicia y razón” porque es de orden y de servicio público. La política es totalmente contrapuesta al delito que es “la culpa, el quebrantamiento de la ley y toda acción u omisión penada por ley”. Mientras la política se ocupa del “proceso de tomar decisiones en beneficio de la sociedad” lo criminal es toda “acción indebida y reprensible” que atenta contra lo que la sociedad protege y contra la sociedad misma. La política es servicio público y el delito y la delincuencia son peligro público.

La realidad objetiva muestra que las dictaduras de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia cometen permanente y reincidentemente de todo tipo de delitos. Los más graves son contra la vida, la integridad física y la libertad de las personas por medio de asesinatos, masacres, persecución política judicializada, presos políticos, exiliados políticos, torturas y crímenes de lesa humanidad que incluyen el hambre y la miseria como mecanismo de control. Los delitos económicos superan la calificación de corrupción pues han destrozado los sistemas productivos, saqueado las empresas publicas, formado grupos de nuevos ricos o burguesías del régimen, llevado las deudas externa e interna a sumas impagables, comprometido los recursos naturales y la economía de los pueblos por decenas de años.

Justifican el narcotráfico como “instrumento de lucha antiimperialista” como repite Evo Morales en la ONU con el respaldo de los demás dictadores; Venezuela es el eje del tráfico y controlan la producción de cocaína de los sindicatos de Evo Morales y de las FARC de Colombia; la dictadura cubana es activa en estos delitos desde tiempos de la guerra, lavado de dinero señala a Nicaragua.

Los Castro, Maduro, Ortega, Morales y sus regímenes no dejan un solo delito de la legislación penal sin cometer, incluyendo delitos sexuales, falsificación, secuestro, extorsión y encubrimiento. La única diferencia con la “mafia” es que el castrochavismo controla el poder político por lo menos cuatro países.

No son gobiernos corruptos, es delincuencia organizada que maneja el poder político y tiene planeado retenerlo indefinidamente. No son políticos que cometen delitos, son delincuentes que hacen política para delinquir y encubrir sus crímenes. No son gobernantes, son “grupos delictivos organizados” que cometen “delitos graves”.

NO pueden seguir siendo tratados como políticos y menos como dignatarios de estado. Los criminales no tienen inmunidades ni privilegios, la soberanía no es protección del crimen organizado transnacional y la comunidad internacional NO puede ser cómplice.

*Abogado y Politólogo. Director del Interamerican Institute for Democracy

www.carlossanchezberzain.com

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