El plebiscito del 4 de septiembre de 2022 dejó una de las cifras más significativas de la historia política chilena reciente. El 61,86% de los ciudadanos rechazó la propuesta elaborada por la Convención Constitucional, mientras apenas un 38,14% estuvo dispuesto a aprobarla. Fueron casi ocho millones de votos que resultaría equivocado interpretar retrospectivamente como patrimonio de un partido, de una coalición o de un sector político determinado. El Rechazo reunió electores de derecha y de centro, antiguos votantes de la Concertación, personas que habían apoyado a Gabriel Boric y, sobre todo, una enorme cantidad de ciudadanos que no se reconocían necesariamente en las identidades partidarias tradicionales. Por eso, cada intento posterior de apropiarse electoralmente de aquel 62% termina disminuyendo la verdadera importancia política de lo sucedido. Aquella noche no ganó simplemente una oposición. Una mayoría extraordinariamente amplia del país estableció un límite.
Las razones fueron diversas y probablemente resulta imposible reducirlas a una sola explicación. Estuvieron el temor ante la fragmentación identitaria del país, las dudas provocadas por una plurinacionalidad insuficientemente explicada, la incertidumbre acerca del régimen de propiedad, las transformaciones propuestas para el sistema político y la justicia, las preocupaciones relativas a la educación y la salud y, junto con todo ello, el profundo deterioro de la legitimidad de la propia Convención. A medida que avanzó el proceso, una institución llamada a representar la solemnidad de un momento constitucional terminó demasiadas veces asociada a episodios que alejaron a los ciudadanos. Los excesos retóricos, las provocaciones contra los símbolos nacionales y determinados gestos de condescendencia hacia la violencia terminaron comunicando algo acaso más decisivo que muchas disposiciones del proyecto: una parte considerable de quienes pretendían escribir las nuevas reglas de convivencia parecía tener dificultades para reconocer como propia la historia política y cultural de aquellos para quienes las estaban escribiendo.
El resultado fue particularmente revelador porque el Rechazo atravesó las fronteras sociales y electorales que algunos suponían consolidadas. Su magnitud en sectores populares mostró que no estábamos ante una reacción circunscrita a los grupos tradicionalmente identificados con la derecha. Eso explica por qué la interpretación partidista del 4 de septiembre siempre ha resultado insuficiente. Los ciudadanos que rechazaron la propuesta no suscribieron conjuntamente un programa alternativo ni otorgaron un mandato presidencial a nadie. Coincidieron, más modestamente y quizá por eso mismo con mayor claridad, en aquello que no estaban dispuestos a aceptar. El mensaje era bastante sencillo: Chile podía necesitar reformas, podía discutir nuevamente sus instituciones e incluso podía perseverar en la búsqueda de un acuerdo constitucional, pero no estaba dispuesto a hacerlo al precio de convertir su comunidad política en el escenario de un experimento refundacional.
La fecha añadió inevitablemente una dimensión histórica a aquella jornada. El 4 de septiembre de 1970 Salvador Allende obtuvo la primera mayoría relativa en la elección presidencial, con poco más del 36% de los votos, iniciándose después uno de los períodos más intensos, polarizados y dramáticos de nuestra historia republicana. Exactamente cincuenta y dos años más tarde, un Gobierno y una generación política que habían reivindicado reiteradamente la memoria de Allende debieron contemplar cómo, en esa misma fecha, una mayoría mucho mayor rechazaba un proyecto constitucional que buena parte de la izquierda había presentado como la oportunidad de inaugurar un nuevo periodo histórico. No es necesario atribuir a la elección de la fecha una intención que no podamos demostrar para advertir la ironía. La jornada que podía incorporarse al imaginario de la izquierda como culminación de una larga transformación terminó convirtiéndose en la derrota electoral más contundente del proyecto político y cultural surgido alrededor del proceso constituyente.
El problema comenzó al día siguiente. La política podía interpretar aquel resultado de dos maneras. La primera consistía en reconocer que una mayoría excepcional había pedido moderación, acuerdos y una recuperación gradual de la normalidad institucional. La segunda era considerar que los ciudadanos solamente habían rechazado aquel texto y que, por consiguiente, correspondía a los partidos reiniciar inmediatamente el itinerario constitucional. Terminó prevaleciendo esta última interpretación. Después de casi tres meses de negociaciones, las fuerzas políticas alcanzaron en diciembre de 2022 el denominado Acuerdo por Chile y pusieron en marcha un segundo proceso constituyente. Formalmente aquello era perfectamente legítimo y posteriormente fue institucionalizado mediante una reforma constitucional. Políticamente, sin embargo, permanecía una pregunta que nunca terminó de responderse satisfactoriamente: después de una manifestación ciudadana de semejante magnitud, ¿no habría sido prudente preguntar nuevamente a los chilenos si efectivamente querían iniciar de inmediato otro proceso?
El resultado de diciembre de 2023 terminó confirmando que esa pregunta no era trivial. La segunda propuesta constitucional también fue rechazada, aunque esta vez el proyecto provenía de una correlación política muy distinta. Chile había recorrido en apenas cuatro años dos convenciones, dos propuestas constitucionales y dos plebiscitos de salida para terminar conservando la Constitución que se pretendía reemplazar. Pero sería superficial concluir que nada ocurrió. El costo fue considerable. Se consumieron energías políticas, tiempo institucional y recursos públicos mientras se acumulaban problemas cuya gravedad los ciudadanos percibían diariamente con mucha mayor urgencia. Seguridad, inmigración irregular, crecimiento económico, empleo, educación, listas de espera, vivienda y debilitamiento de la confianza institucional fueron ocupando progresivamente el espacio que durante años había monopolizado la discusión constitucional.
Por eso, cuatro años después, el significado del 62% merece ser reconsiderado. No fue una rabieta colectiva ni aquello que cierta psicología política improvisada ha denominado una «pulsión». Tampoco fue una conversión repentina del país hacia la derecha. Fue algo bastante más interesante desde el punto de vista filosófico político: una manifestación de realismo ciudadano. Millones de personas que probablemente discrepaban en muchas otras materias coincidieron en que una Constitución destinada a establecer las condiciones fundamentales de la convivencia no podía convertirse en el programa ideológico de un sector de la sociedad. Advirtieron algo elemental que la política había olvidado durante el entusiasmo refundacional: cuanto más fundamental es una norma para la vida común, mayor debe ser la amplitud del acuerdo que la sostiene.
Quizá por eso resulte especialmente preocupante observar cómo, transcurridos cuatro años, distintos sectores continúan disputándose la propiedad política del 62%. Nadie posee esos votos. No pertenecen a la derecha, del mismo modo que tampoco pueden ser reinterpretados por la izquierda como un accidente comunicacional o como el producto de una ciudadanía incapaz de comprender las virtudes del proyecto. Los ciudadanos entendieron suficientemente bien aquello sobre lo cual debían pronunciarse y ejercieron su libertad. Apropiarse de ese resultado significa cometer nuevamente el error que estuvo en el origen del problema: considerar al pueblo como una materia disponible para los proyectos de las élites políticas, en lugar de reconocerlo como sujeto de una comunidad política cuya voluntad establece límites que deben ser escuchados.
Existe, además, una cuestión ética que atraviesa estos años y que quizá explique mejor que cualquier encuesta la creciente desconfianza hacia la política. Gobernar democráticamente exige aprender a distinguir entre aquello que jurídicamente puede hacerse y aquello que políticamente conviene hacer. Los acuerdos parlamentarios son indispensables, pero no sustituyen la adhesión ciudadana; las mayorías circunstanciales permiten adoptar decisiones, pero no convierten automáticamente esas decisiones en prudentes; y la representación política otorga autoridad para gobernar, pero no dispensa de escuchar. Una democracia comienza a deteriorarse cuando sus dirigentes interpretan cada resultado ciudadano hasta conseguir que diga aquello que ellos previamente querían escuchar.
El 62% permanece, por eso, como una advertencia antes que como una bandera. Aquella mayoría no pidió inmovilismo ni declaró que Chile careciera de problemas. Tampoco clausuró para siempre cualquier discusión constitucional. Pidió algo bastante más elemental: que los cambios respetaran la historia del país, que las transformaciones fueran compatibles con la unidad de la comunidad política y que las instituciones comunes no fueran utilizadas para imponer las preferencias ideológicas de una parte sobre el conjunto. En septiembre de 2022 Chile no renunció a cambiar. Renunció a ser refundado.
La ironía de la historia consiste precisamente en que las mismas fechas pueden adquirir significados radicalmente diferentes. El 4 de septiembre de 1970 abrió un período marcado por grandes esperanzas, profundas divisiones y una creciente polarización que terminaría trágicamente tres años después. El 4 de septiembre de 2022, en cambio, una mayoría abrumadora pidió moderación, realidad y encuentro. No deberíamos forzar la comparación ni utilizar el pasado como arma para las disputas presentes. Basta reconocer el contraste. Medio siglo después, Chile volvió a hablar un 4 de septiembre, pero esta vez lo hizo para recordar a sus dirigentes algo que toda democracia necesita aprender una y otra vez: gobernar no consiste solamente en conducir al pueblo hacia donde la política quiere llevarlo; consiste también en saber detenerse cuando el pueblo ha dicho que por allí no quiere seguir.
