Hay una operación silenciosa en marcha, tan peligrosa como cualquier represión abierta: la construcción deliberada del olvido. Mientras se negocia el futuro político de Venezuela, intereses oscuros intentan también negociar su pasado —borrarlo, diluirlo, convertirlo en un capítulo cerrado que no merece más que una mención protocolar antes de "pasar la página". Pero una nación no puede reconstruirse sobre la amnesia, y Venezuela, tras dos décadas de devastación institucional, no puede permitírselo.
El expediente que no se puede cerrar
Durante más de veinte años se ha tejido en el país un entramado de crímenes que no admite eufemismos. No hablamos de errores de gestión ni de excesos aislados: hablamos de un sistema. Miles de presos políticos han pasado por cárceles y centros de detención donde la tortura —física y psicológica— dejó de ser la excepción para convertirse en método de un régimen arbitrario. Organismos internacionales de derechos humanos han documentado patrones sistemáticos de detención arbitraria, desapariciones forzadas, tratos crueles y ejecuciones extrajudiciales. Esto no es una narrativa política: es un expediente jurídico documentado que alguien pretende que dejemos de leer.
El despojo silencioso
A ese historial de violencia se suma otro despojo, menos denunciado pero igualmente devastador: la confiscación sistemática de propiedades, fincas, empresas e industrias enteras, ejecutada bajo el disfraz de expropiaciones "revolucionarias" o intervenciones de Estado. Miles de productores agrícolas perdieron sus tierras sin indemnización real; empresas familiares construidas durante generaciones fueron intervenidas y llevadas a la quiebra; sectores industriales completos —cemento, acero, alimentos, banca, medios de comunicación— fueron arrebatados a sus dueños legítimos con el argumento de la soberanía popular, para terminar, en no pocos casos, en manos de allegados al poder o abandonados a la ruina. Ese despojo patrimonial no fue un accidente de la gestión económica: fue una herramienta política deliberada para destruir cualquier base de poder independiente del Estado y evitar una resistencia civil contundente. Su costo se mide hoy en fábricas cerradas, campos improductivos y un aparato productivo nacional que tardará una generación en recuperarse.
La fuga de un país entero
A esas violaciones se suma una corrupción transnacional que ha drenado los recursos de la nación más rica en petróleo del hemisferio hasta dejarla entre las más empobrecidas. No fue corrupción doméstica y contenida: fue un esquema que atravesó fronteras, que utilizó bancos internacionales, testaferros, empresas fachada y jurisdicciones cómplices para sacar del país miles de millones de dólares mientras la población hacía filas para comprar alimentos con dinero devaluado. Ese saqueo también dejó expedientes y rutas de dinero rastreadas por investigaciones judiciales en varios continentes.
Y luego está la cifra que quizás mejor resume la magnitud de la tragedia: más de siete millones de venezolanos desplazados. No son estadísticas migratorias neutras, son familias fracturadas, generaciones enteras que crecieron sin abuelos, comunidades que se vaciaron, un país que perdió a su gente porque su gente no pudo seguir viviendo en él. Es uno de los mayores desplazamientos poblacionales del mundo contemporáneo. Y sin embargo, en las mesas donde se discute la salida política de Venezuela, ese éxodo aparece con demasiada frecuencia como telón de fondo, no como el centro del reclamo de justicia que en realidad es —aunque en el futuro -- habrá escenarios para abordar ese tema cuando llegue la transición.
Negociar el poder sin negociar la Verdad
Cuando los procesos de negociación se diseñan exclusivamente en clave de reparto de poder —quién gobierna, quién controla qué instituciones, qué garantías reciben unos y otros actores políticos— sin incorporar de manera explícita y vinculante la verdad, la justicia y la reparación de estas víctimas, se está construyendo la paz sobre una mentira fundacional. Se le está diciendo al país, implícitamente, que lo ocurrido durante veinte años puede resolverse con un apretón de manos entre élites, sin que nadie responda, sin que nadie repare, sin que nadie siquiera reconozca oficialmente lo sucedido.
Esa fórmula no es nueva. Otras transiciones en el mundo han caído en la tentación de "pasar la página" demasiado rápido, priorizando la estabilidad inmediata sobre la verdad incómoda. La experiencia comparada
—de Sudáfrica a los Balcanes, de Centroamérica al Cono Sur— enseña algo consistente: los procesos que omiten la justicia durante la transición no logran una paz duradera, logran una tregua frágil que tarde o temprano vuelve a fracturarse, porque la impunidad no resuelve el resentimiento, lo incuba. La memoria que no se procesa institucionalmente muta en desconfianza, en revanchismo latente, en una herida que la siguiente generación hereda sin haber elegido cargarla.
Reconciliación sin verdad es silencio pactado
Resulta alarmante observar cómo, en distintos espacios de discusión sobre la salida venezolana, se empieza a naturalizar una idea de "reconciliación" que en la práctica funciona como sinónimo de impunidad: silencio pactado, no reconciliación. Y ese silencio tiene un costo que no pagan quienes lo negocian, sino las víctimas que ya pagaron con años de cárcel, con la tortura sufrida, con el patrimonio confiscado que nunca fue devuelto, con los familiares enterrados fuera del país.
Lo que ninguna transición debería sortear
No se trata de negar que Venezuela necesita una salida política, ni de exigir un ajuste de cuentas que haga inviable cualquier transición ordenada. Se trata de algo más exigente: que cualquier proceso de negociación incorpore, desde su diseño, mecanismos serios de verdad, justicia y reparación integral. Comisiones de la verdad con mandato real. Procesos judiciales —nacionales e internacionales— que no se archiven a cambio de gobernabilidad. Reparación efectiva para las víctimas de tortura, para los propietarios despojados de sus fincas y empresas, para los familiares de desaparecidos, para los millones de desplazados que merecen
que su condición sea reconocida como lo que fue: una violación masiva de derechos, no una simple estadística migratoria.
El derecho internacional de los derechos humanos ya ha construido, con décadas de jurisprudencia, los estándares mínimos que ningún proceso de paz debería sortear: el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación y las garantías de no repetición. No son ideales abstractos: son las condiciones sin las cuales una transición se convierte, con el tiempo, en una transición fallida.
Escribir la página completa
La memoria no es venganza. Es la base mínima sobre la cual se puede construir una institucionalidad que no vuelva a repetir lo mismo. Un país que negocia su futuro fabricando el olvido de su pasado no está construyendo paz: está construyendo una bomba de tiempo con la mecha escondida.
Esta fábrica del olvido no surge por casualidad: está siendo promovida activamente por actores políticos con objetivos concretos. Primero, quienes hoy detentan el poder buscan mantenerse en él, y saben que la verdad plena sobre estas dos décadas compromete esa permanencia. Segundo, quienes aspiran a acceder al poder encuentran en el silencio pactado un atajo más cómodo que el compromiso de rendir cuentas frente a las víctimas. Y tercero, ambos sectores comparten un mismo interés: impedir que se adelanten las investigaciones necesarias para determinar responsabilidades civiles, administrativas y penales. El olvido no es un efecto colateral de la negociación: es, para varios de sus actores, uno de sus objetivos no declarados.
Conviene ser claros sobre el momento en que se escribe este artículo: Venezuela todavía no ha llegado a la fase de construir su transición. Lo que existe hoy son apenas los primeros movimientos, el terreno donde se empiezan a fijar los términos del debate futuro. Precisamente por eso es el momento de advertirlo, antes de que la arquitectura del olvido quede consolidada como precondición tácita de cualquier acuerdo. Cuando esa fase finalmente llegue, Venezuela no podrá decir que no fue advertida: la verdad, la justicia y la reparación deben estar incorporadas desde el diseño mismo del proceso, no negociadas como concesión posterior.
Las víctimas de tortura, los presos con años irrecuperables de su vida, los despojados de su patrimonio, los desplazados que cruzaron fronteras con lo puesto: todos tienen derecho a que su historia no sea la moneda de cambio de ningún acuerdo.
Venezuela no necesita pasar la página. Necesita, primero, escribirla completa.
