Washington lidera una operación naval en el Caribe —en conjunto con países aliados— para bloquear las rutas del narcotráfico
Miguel Angel Martin Tortabu
El régimen de Nicolás Maduro ha convertido a Venezuela en un punto estratégico para el tráfico de cocaína y fentanilo, según informes de la DEA y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU. El Cartel de los Soles, vinculado directamente al alto mando militar venezolano, opera junto al Tren de Aragua en coordinación con carteles de Colombia y México, así como con grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC.
Ante esta amenaza, Washington lidera una operación naval en el Caribe —en conjunto con países aliados— para bloquear las rutas del narcotráfico. No se trata de una intervención militar, como sostiene el régimen, sino de una estrategia para desmantelar redes criminales asociadas al Estado venezolano.
El chavismo, junto a sectores oficialistas del Parlamento e incluso parte de la oposición tradicional, ha intentado desviar la atención denunciando una supuesta “intervención extranjera”. Sin embargo, abundan las pruebas que vinculan al aparato militar de Maduro con el narcotráfico, como lo ha documentado el Departamento de Justicia de EE. UU.
Durante la primera administración de Trump ya se realizaron operaciones similares. A pesar de ello, voces como la de Juan Guaidó se opusieron a una acción directa, ignorando las evidencias del involucramiento estatal en actividades ilícitas.
Según la DEA (2023), el flujo de drogas desde Venezuela ha aumentado significativamente, facilitado por estructuras criminales del régimen. La actual operación tiene dos objetivos: judicializar a los líderes narcos, incluido Maduro, y abrir camino a una transición democrática, conforme a los reportes de la OFAC.
Esta realidad deja en evidencia la narrativa distractora del chavismo y de sectores de la oposición tradicional que se niegan a reconocer la existencia y alcance del Cartel de los Soles.
El narcotráfico ha dejado de ser únicamente un problema de salud pública para convertirse en una amenaza directa contra la seguridad nacional de Estados Unidos. A la histórica ruta de la cocaína sudamericana se ha sumado la del fentanilo, un opioide sintético responsable de decenas de miles de muertes por sobredosis cada año, según reportes de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades. En este escenario, Venezuela se ha convertido en un corredor estratégico del crimen transnacional, donde el régimen de Maduro y la estructura militar bajo su control facilitan el tránsito de estas drogas hacia los principales mercados internacionales. Colombia sigue siendo el mayor productor mundial de cocaína, pero más del 60% de la droga que llega a Estados Unidos y Europa transita por territorio venezolano, según estimaciones de la DEA.
El tráfico de drogas desde Venezuela tiene un impacto profundo en Estados Unidos y Europa. Cada año, el fentanilo provoca decenas de miles de muertes por sobredosis, mientras la cocaína sudamericana llega a los mercados con niveles históricos de pureza y volumen, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades y la ONUDD. Incautaciones en puertos europeos confirman que Venezuela se ha convertido en un punto estratégico de tránsito y adulteración de drogas, y los costos económicos asociados, incluyendo atención sanitaria, seguridad y pérdidas laborales, ascienden a decenas de miles de millones de dólares anuales. Este escenario obliga a Estados Unidos y sus aliados a tratar el narcotráfico venezolano como una amenaza directa a la seguridad nacional y regional, no como un problema interno del país.
El régimen de Nicolás Maduro no actúa como un observador pasivo. Aeródromos militares y pistas clandestinas en Apure y Zulia son utilizados para despachar cargamentos hacia Colombia, el Caribe y otros destinos internacionales, mientras la FANB proporciona protección y logística. Insumos químicos, como la urea producida por la estatal Pequiven, son desviados hacia laboratorios fronterizos, según informes de la OFAC, evidenciando la participación indirecta del Estado en la producción de cocaína. La justicia estadounidense ha calificado esta red como una conspiración narcoterrorista, en la que la combinación de poder político y militar garantiza impunidad y eficiencia en el tráfico de drogas, según declaraciones oficiales del Departamento de Justicia.
Desde finales de la década de 2000, Estados Unidos ha documentado la existencia del Cartel de los Soles. Uno de los primeros indicios fue el caso de Walid Makled, empresario venezolano detenido en Colombia, quien declaró que oficiales de la FANB recibían sobornos para facilitar el tránsito de cocaína desde puertos y aeropuertos venezolanos, como consta en registros judiciales estadounidenses. Posteriormente, la DEA y la OFAC sancionaron a generales como Hugo “El Pollo” Carvajal y Clíver Alcalá Cordones por colaborar con las FARC y proteger cargamentos de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos y Europa. Otro caso emblemático fue el del ministro de la Defensa, Henry Rangel Silva, sancionado por participar en la logística del narcotráfico, evidenciando que la red criminal contaba con respaldo desde la cúpula militar.
A estos primeros hitos se suman casos que involucran a familiares del núcleo político. En 2015, los “narcosobrinos”, sobrinos de la primera dama Cilia Flores, fueron detenidos transportando cerca de 800 kg de cocaína hacia Estados Unidos, con protección de miembros de la FANB, incluido Yazenky Lamas, escolta de Flores cuando ella presidió la Asamblea Nacional, posteriormente procesado en EE.UU. por narcotráfico, según informes judiciales de Nueva York. Incautaciones internacionales, como 1,3 toneladas de cocaína enviadas desde Caracas a Francia en 2013, y 554 kg transportados por un comandante de la GNB en 2014, así como los vínculos del exgeneral Clíver Alcalá con el Cartel de La Guajira y del CJNG, consolidan la evidencia de que estas redes criminales operan de manera integrada y coordinada con actores internacionales, según reportes de la DEA y la OFAC.
Asimismo, la captura de integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación, incluido uno de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, permitió identificar cómo Venezuela se ha convertido en un nodo estratégico para transportar cocaína y fentanilo hacia EE.UU. y Europa, tal como reportó la DEA en 2021.
Estos casos confirman que el Cartel de los Soles opera desde el corazón del poder militar y político venezolano, articulando familiares y allegados del régimen para garantizar impunidad y control del tráfico de drogas.
El régimen de Maduro y ciertos sectores de la oposición insisten en presentar la acción internacional contra el narcotráfico como una amenaza a la soberanía. Sin embargo, no puede hablarse de soberanía cuando el territorio nacional se ha convertido en refugio de criminales y cuando el Cartel de los Soles utiliza las estructuras de poder para enviar cocaína y fentanilo a Estados Unidos y otros países, según la DEA y el Departamento de Justicia. Actuar contra estas redes no vulnera la soberanía, sino que la rescata, ya que un país solo puede ser soberano cuando su territorio no está controlado por estructuras criminales que ponen en riesgo la seguridad global.
El Cartel de los Soles representa hoy una amenaza que trasciende fronteras, involucrando a altos mandos militares y allegados al poder político en el tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, Europa y otros mercados internacionales. Los múltiples casos documentados, desde Walid Makled y los generales sancionados por la DEA hasta los narcosobrinos y el oficial escolta de Cilia Flores, así como incautaciones internacionales y vínculos con el CJNG, confirman la existencia de una estructura criminal profundamente integrada con el Estado venezolano, que ha operado con impunidad durante años.
La cooperación internacional y regional demuestra que la acción conjunta es esencial para enfrentar este tipo de amenazas transnacionales. Intervenir no vulnera la soberanía, sino que la restaura, debilita la influencia de redes criminales y contribuye a un eventual proceso de transición democrática, en el que el control del Estado vuelva a manos de autoridades legítimas y responsables ante sus ciudadanos y la comunidad internacional.
La necesaria transición se explica porque quienes integran el Cartel de los Soles son, en gran medida, los mismos miembros del régimen de Maduro, incluyendo ministros, magistrados, fiscales, jueces, empresarios y altos mandos militares.
Miguel Angel Martin
Doctor en Ciencias (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB); Resolución de Conflictos (Government Institute, Minneapolis); y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D.C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región.
X: @miguelmartint_
Descarga LA APP