La Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional o “Convención de Palermo” está en aplicación con las acusaciones de los Estados Unidos anunciadas el pasado 26 de marzo contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá, Luciano Marín Arango alias Iván Márquez, Seuxis Paucis Hernández Solarte alias Jesús Santrich, Tareck El Aissami, Vladimir Padrino, Maikel Moreno y más, por conspiración narco-terrorista y otros delitos.

El “mecanismo para combatir más eficazmente la delincuencia organizada trasnacional” abrió competencia ante el sistema de Justicia de los Estados Unidos oficializando el concepto de que el “castrochavismo” es crimen organizado y no es política.

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El objetivo de la citada convención contra la delincuencia organizada transnacional, firmada en diciembre de 2000 en Palermo, fue resumido por Koffi Annan, secretario general de las Naciones Unidas: “Si la delincuencia atraviesa las fronteras, lo mismo ha de hacer la acción de la ley. Si el imperio de la ley se ve socavado no solo en un país, sino en muchos países, quienes lo defienden no se pueden limitar a emplear únicamente medios y arbitrios nacionales. Si los enemigos del progreso y de los derechos humanos procuran servirse de la apertura y las posibilidades que brinda la mundialización para lograr sus fines, nosotros debemos servirnos de esos mismos factores para defender los derechos humanos y vencer a la delincuencia, la corrupción y la trata de personas”.

Del imperio de la ley, de eso se tratan las acusaciones criminales en cortes en Estados Unidos y el establecimiento de recompensas de 15 millones de dólares por información o detención de Nicolás Maduro, 10 millones de dólares por cada uno de Diosdado Cabello, Hugo Carvajal, Clíver Alcalá y Tarek El Aissami. Es el inicio de acciones de la justicia contra la delincuencia organizada que detenta poder político. La aplicación de la ley contra criminales que usurpan la política y el poder para delinquir y pretender impunidad.

La Convención de Palermo ya ha sido aplicada exitosamente por los Estados Unidos en el caso de la Federación Internacional de Futbol Asociado (FIFA) también denominado “FIFAGATE”. En Nueva York 41 personas fueron acusadas en mayo de 2015 en conexión con investigaciones del FBI por fraude, crimen organizado y lavado de dinero. Se produjeron arrestos en Suiza y países de Sur y Centro América, con resultados sin precedentes.

La expansión de la dictadura de Cuba a partir de 1999, cuando Hugo Chávez la sacó de su periodo especial, llevó al establecimiento de dictaduras en Venezuela con Chávez/Maduro, Nicaragua con Daniel Ortega, Ecuador con Rafael Correa y Bolivia con Evo Morales. Estos regímenes muy pronto se estructuraron como “narcoestados” asociados a la delincuencia guerrillera de las FARC en Colombia.

La “conspiración narcoterrorista”, producción y tráfico de cocaína, fue asumida por este grupo criminal que controla el poder político de facto bajo el alias de “socialismo del siglo XXI” hoy “castrochavismo”. La doctrina de los años 1960 de Fidel Castro y Che Guevara de “inundar de drogas los Estados Unidos para destrozar su juventud” fue repetida. Evo Morales la reivindicó en las Naciones Unidas en abril de 2016, cuando expresó “la lucha contra el narcotráfico es un instrumento del imperialismo de Estados Unidos para oprimir a los pueblos” y pidiendo la disolución de la DEA (discurso 883/ 22 de abril 2016).

En columnas, libros y conferencias he afirmado, e insisto ahora, que los delincuentes que detentan y detentaron el poder en los países con dictaduras del castrochavismo no tienen ningún tipo de inmunidad o privilegio, ni están protegidos por concepto alguno de soberanía, no intervención ni territorialidad, porque se trata un “grupo delictivo organizado” (Art. 2 de la Convención de Palermo) que comete “delitos graves de carácter trasnacional” (Art. 2 inc 2). Este no es un tema político ni de relaciones internacionales. Es un asunto de justicia, de crimen transnacional.

Cuba ratificó la Convención de Palermo el 9 de febrero de 2007, Venezuela el 13 de mayo de 2002, Nicaragua el 9 de septiembre de 2002, Ecuador el 17 de septiembre de 2002 y Bolivia el 10 de octubre de 2005. El grupo criminal estructurado del castrochavismo no está integrado solo por los operadores de Venezuela y Colombia ya acusados, incluye los jefes en Cuba (que operan narcotráfico desde los años 1970 y 1980 con Pablo Escobar y Roberto Suarez), a Ortega y Murillo y su organización en Nicaragua, a Rafael Correa y su agrupación en Ecuador y a Evo Morales y su organización criminal en Bolivia (en plena operación).

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