Bajo la manida premisa de que los venezolanos somos hiposuficientes o débiles jurídicos, incapaces de proteger nuestros propios derechos y de velar por nuestros propios intereses, todos los políticos venezolanos de las últimas seis décadas han favorecido la legislación o han legislado o han gobernado o, simplemente, han callado para mantener y profundizar esa incapacidad, con el objeto deliberado de suplirla mediante la acción o dádiva gubernamental, lo que ha justificado la expansión sucesiva de las funciones asignadas al Estado hasta copar todos los órdenes de la realidad nacional, erigiéndose ellos mismos, la clase política, en los máximos protectores de la sociedad y, como consecuencia directa de ello, con derecho exclusivo a administrar de manera omnímoda y sin controles ni contrapesos todas las instituciones y la hacienda pública nacional. Esos fueron los polvos que nos trajeron estos lodos.
Un Estado cuya clase política dominante considera que sus ciudadanos no son capaces de manejar decisiones tan básicas como la selección de una póliza de seguro de salud de entre varias opciones ofrecidas por empresas aseguradoras, debidamente supervisadas por un ente regulador dotado de autonomía operativa y fortalezas técnicas, termina como el Estado venezolano, obligando al ciudadano a contratar y a pagar dicha póliza de seguro a un ente público hipertrofiado e inoperante que no asegura la salud a nadie y que es manejado, claro está, por un grupo de corruptos designados a dedo por los mismos políticos “protectores de los ciudadanos”.
Un Estado que considere que la empresa privada siempre actúa para perjudicar a los ciudadanos y que para proteger a éstos últimos debe establecer mecanismos férreos de control de precios, de costos, de salarios, de márgenes, etc., termina desincentivando a la empresa privada nacional y generando desempleo y escasez, debiendo suplir esos productos mediante importaciones mucho más onerosas para el País, efectuadas por corruptos escogidos por los políticos “protectores de los ciudadanos”, a quienes les otorgan licencias y divisas a granel, sin mayores controles.
Un Estado que considere que las actividades económicas más importantes, con las mayores ventajas comparativas y competitivas, han de catalogarse como estratégicas y, en consecuencia, reservar su explotación exclusiva al Estado, termina por sofocar la iniciativa privada, desaprovechar los recursos con que cuenta el País y teniendo que importar, con divisas que ya no dispone, todo tipo de bienes que pudieran haber sido producidos internamente con eficiencia, generando empleos directos e indirectos y a menor costo.
Y así podríamos continuar ad-infinitum enunciando actividades económicas que por naturaleza son ajenas al Estado, en cuyas manos los fracasos han sido universal e históricamente demostrados y que la clase política dominante en Venezuela durante los últimos sesenta años, sin excepción, ha insistido en reservar al Estado, no para proteger a los ciudadanos, sino con el claro propósito de lucrase con su control y administración.
El Estado venezolano ha fracasado estruendosamente en las actividades que le son ajenas y, al dedicarle casi toda su atención a estas, ha abandonado las funciones que le son propias. Para que el Estado guarde un buen equilibrio, a decir de Jean-Jacques Rousseau en su Contrato Social, se requiere “igualdad entre el poder del gobierno, considerado en sí mismo, y el poder de los ciudadanos, soberanos por un lado y súbditos por el otro”.
La propuesta de Control Civil es que el Estado venezolano deje de competir con los ciudadanos y se dedique exclusivamente a las funciones que le definen como Estado, a saber: 1) Justicia (legislando, aplicando la ley y castigando a quienes incumplan la ley); 2) Seguridad pública (interna y externa); y 3) Promoción del bienestar de los ciudadanos (salud, educación, infraestructura, desarrollo personal y asistencia social en casos de necesidad comprobada). En todos los casos en que estas actividades puedan ser llevadas a cabo de manera eficiente por los particulares, quienes manejen circunstancialmente el Estado así deben procurarlo.
El Estado no debe tener otra propiedad que la de los edificios, el mobiliario y los activos financieros que necesita para la operación de los Poderes Públicos, así como los bienes que los órganos de policía, seguridad pública, salud, educación y asistencia social requieran para su gestión. Se propone que absolutamente todos los otros bienes que hoy posee el Estado venezolano sean transferidos a un Fideicomiso, constituido en moneda dura, del cual cada venezolano sería beneficiario, que habría de velar primordialmente por la educación y salud de las próximas dos a tres generaciones y que sería manejado por un ente designado y supervisado por el Poder Civil, bajo un esquema que desarrollaremos en próximas entregas.
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