Faltando poco más de 10 meses para la votación presidencial 2020, todavía persiste en el ambiente la pregunta importante que sigue sin respuesta: ¿Qué ocurrió realmente en las elecciones de 2016?
El presidente Donald Trump nunca ha aceptado que Rusia jugara un papel en su carrera hacia La Casa Blanca. De hecho, siempre ha calificado como noticias falsas las afirmaciones que apuntan a que el líder ruso Vladimir Putin se esforzó por apoyar su candidatura.
La opinión de Trump siempre ha contrastado dramáticamente con la inteligencia de Estados Unidos, que planteó en enero de 2017 que Rusia llevó a cabo una campaña cibernética encubierta para evitar que la candidata demócrata, Hillary Clinton, sucediera a Barack Obama como Jefe de Estado.
Ya han pasado casi tres años pero tanto Trump como los servicios de inteligencia continúan en desacuerdo sobre este asunto, por lo que probablemente continuará siendo un tema importante durante 2020.
El mandatario continúa firme desestimando la conclusión de los servicios de inteligencia en 2017 y ha pedido que se investigue a fondo todo el asunto.
El fiscal general, William Barr, recibió la tarea de iniciar una investigación y nombró a John Durham, un fiscal muy respetado, para llevar a cabo la tarea.
Por cierto, todos aquellos jefes de inteligencia que estamparon sus firmas en el reporte de 2017 sobre la interferencia rusa generalizada, incluida la piratería y las historias falsas, fueron reemplazados de sus cargos. Aun así, Durham, un experto investigador, parece decidido a poner sus manos en todo documento de inteligencia que pueda ofrecer luz sobre el por qué las agencias de inteligencia estuvieron de acuerdo en que Moscú penetró las elecciones de 2016.
Las cuatro personas clave involucradas en esa conclusión fueron James Clapper, entonces director de inteligencia nacional, John Brennan, director de la CIA, James Comey, director del FBI, y Mike Rogers, jefe de la Agencia de Seguridad Nacional.
Trump desde el comienzo, se mostró desconfiado, tanto de Brennan como de Comey.
A Brennan, designado por Obama, lo acusó de estar enzarzado en juegos a políticos y a Comey, de hecho, lo despidió en mayo de 2017.
El Presidente nunca ha perdonado a los servicios de inteligencia por haber dicho públicamente que Moscú estuvo detrás de su “exitosa campaña en 2016”.
Quizás el aspecto más controvertido de todo el episodio fue el descubrimiento de que un exoficial de inteligencia británico, Christopher Steele, había presentado un expediente con acusaciones que involucraban a Trump y a Moscú, en un flujo regular de inteligencia del Kremlin, sobre sus rivales demócratas y otros políticos.
Este informe desempeñó un papel relevante en las conclusiones de los servicios de inteligencia de 2016.
El problema hoy es que esa brecha, entre el Ejecutivo y los servicios de inteligencia, sigue latente y tiene todavía la posibilidad real de seguir causando divisiones.
La investigación de Durham será forense, aplicando técnicas propias de criminalística.
Al parecer, quiere ver comunicaciones clasificadas entre Brennan y otras agencias secretas estadounidenses y extranjeras, para juzgar si hubo algún signo de parcialidad contra Trump en la CIA.
Esta investigación coincidirá con el proceso de juicio político en curso en el Congreso, lo que hace que ambas ocurran en un año en el que los votantes decidirán quién debe regir los destinos de la nación durante los siguientes cuatro años: el actual titular o un retador demócrata.
Si Trump quiere asegurar su reelección, tendrá que eliminar la nube que representa el juicio político sobre su historial al frente del cargo que ocupa, además de tener que terminar rápidamente su larga batalla con los servicios de inteligencia.
Por lo pronto, Gina Haspel, directora de la CIA, nombrada para suceder a Mike Pompeo cuando este fue puesto al frente del departamento de Estado, ha mantenido un perfil bajo desde su nombramiento en 2018 y parece que cuenta con el aprecio del Presidente.
Sería un desastre que haya otra brecha en las relaciones institucionales, especialmente en un momento en que el país debe permanecer en alerta máxima por cualquier signo de interferencia en la campaña electoral presidencial de 2020.
