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La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo recientemente que el presidente Donald Trump cree tener el poder legal para despedir a Robert Mueller, el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las pasadas elecciones presidenciales. Esta declaración ha levantado una gran polémica.

Uno de los que sostiene que el Presidente carece de este poder es Jill Wine-Banks, quien trabajó en las investigaciones del caso Watergate en 1973 contra el entonces presidente Richard Nixon y sus colaboradores.

Según Wine-Banks, Trump no puede despedir a Mueller, directamente. Según él, la ley es clara, el fiscal especial solo puede ser cesado por el secretario de Justicia de los EEUU u otra persona con igual rango en ese momento. Pero el Presidente carece del poder legal para cesarlo, explicó.

La investigación comenzó el pasado año, cuando Rod Rosenstein, subsecretario de justicia, le encargó a Mueller investigar si hubo o no interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016 y confabulación de los funcionarios de la campaña de Donald Trump con los rusos, pero al parecer se ha extendido a otras áreas.

En el caso del Watergate -explicó Wine-Banks-, Nixon ordenó al secretario de Justicia, Elliot Richardson, despedir a Archibald Cox, el fiscal especial que le investigaba, bajo el argumento de que Cox se había negado a retirar las cintas grabadas del caso, para en su lugar utilizar una versión escrita de lo que allí se recogía. Nixon sostuvo, para justificar ese cese, que se ponían en peligro la seguridad nacional. Richardson renunció en lugar de despedir a Cox. Y después ya sabemos lo que pasó.

Algunos aconsejan a Trump que en vez de despedir a Mueller despida a al subsecretario de Justicia Rosenstein, quien nombró al fiscal especial Mueller. Quizás si Trump pronuncia una de las frases que más le ha hecho famoso -“estás despedido”-, el objetivo quizás no será Mueller, sino Rosenstein.

Pero qué consecuencias tendría este despido.

Aunque Trump está muy enfadado con el allanamiento simultáneo de la oficina, la casa y la habitación de hotel de Michael Cohen, su abogado personal, el registro fue autorizado por un juez federal, un funcionario de alto nivel de la oficina del fiscal de los EEUU en Nueva York y el FBI. La realidad es que hay muchas personas involucradas en esta autorización y todas debieron de servir de control. Y, para mayor complicación para Trump, casi todos son republicanos o designados por los conservadores para ocupar sus puestos. Este hecho le dificulta al mandatario convencer a sus críticos de que todas estas personas están involucradas en una conspiración en su contra.

Sergio Guzmán, abogado y colaborador de DIARIO LAS AMERICAS, cree que el Departamento de Justicia está supeditado a la presidencia de los EEUU. Independientemente de quién esté en la Casa Blanca. El secretario de Justicia es nominado por el presidente de los EEUU. Todo lo que tenga que ver con dicho departamento está bajo la tutela del Presidente. Claro, si Trump destituye a Mueller se vería como algo poco ético, pero no tiene por qué ser ilegal, sostuvo Guzmán.

Vivimos en una república sujeta a leyes y a una Constitución. Aunque Trump tenga el poder de despedir a Mueller, o como le aconsejan otros, a Rosenstein, todo tiene consecuencias. Primeramente para él despedir a alguien vinculado a esta investigación, donde él mismo es sujeto, deberá alegar que los investigadores con sus actos ponen en peligro la seguridad nacional. Pero este el despido podría ser visto por el propio Congreso como un intento de obstrucción a la justicia. En EEUU, ningún cargo tiene carta blanca para actuar a su antojo, cada paso tiene una consecuencia y un balance.

El único peligro real para Estados Unidos es que esta investigación sirva como precedente para que a partir de ahora se criminalicen las posiciones políticas.

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