Esta franja que intenta consolidar Petro y Maduro es un santuario criminal transnacional donde impera el silencio, el miedo y la impunidad
Miguel Angel Martin Tortabu
La frontera colombo-venezolana vuelve a ser noticia, no por soluciones reales a una crisis humanitaria o por la necesidad de crean una zona libre del narcotráfico y organizaciones terroristas, sino por un acuerdo bilateral que, lejos de garantizar derechos y seguridad, podría consolidar una franja binacional de impunidad para el narcotráfico, el terrorismo y grupos armados irregulares.
El memorando de entendimiento firmado el 17 de julio de 2025 por el presidente Gustavo Petro y el régimen de facto que lidera Nicolás Maduro, bajo el nombre de “Zona Binacional de Paz, Unión y Desarrollo”, abarca los estados venezolanos Táchira y Zulia, y los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira.
Aunque presentado como un proyecto de integración y desarrollo económico, el acuerdo carece de mecanismos de supervisión externa, lo que abre la puerta a una institucionalización de dinámicas criminales transfronterizas. En lugar de fortalecer la presencia estatal, podría legitimar un orden paralelo donde grupos armados irregulares, redes de narcotráfico y economías ilícitas operan con creciente autonomía.
En Colombia, los acuerdos internacionales deben cumplir un procedimiento constitucional y legal riguroso. El presidente está facultado para negociar y firmar tratados (Art. 189.2 de la Constitución), pero estos deben ser aprobados por el Congreso y sometidos a control de la Corte Constitucional para entrar en vigor (Art.241.10 de la Constitución). [Constitución Política de Colombia 1991].
Este proceso exige que el tratado sea presentado como proyecto de ley ante el Senado, aprobado mediante cuatro debates en ambas cámaras del Congreso y, una vez sancionado por el Ejecutivo, remitido obligatoriamente a la Corte Constitucional para una revisión formal y material que garantice su compatibilidad con la Carta Magna. Nada de esto ha ocurrido en el caso del memorando Petro–Maduro.
Hasta ahora no ha sido presentado ante el Congreso, ni mucho menos remitido a la Corte Constitucional para su revisión. Es decir, el acuerdo se está ejecutando como si fuera una política administrativa ordinaria, cuando en realidad compromete la soberanía, la seguridad y la legislación internacional de Colombia. [Corte Constitucional de Colombia. (2021). Sentencia C-072/21. Explica el proceso de control previo de constitucionalidad a tratados internacionales].
Del lado venezolano, la situación es aún más grave: no existe separación de poderes ni funcionamiento real de las instituciones del Estado de Derecho. El régimen de Nicolás Maduro no somete sus acuerdos internacionales a ningún tipo de escrutinio legislativo o constitucional, además que no hay Congreso independiente, ni Tribunal Supremo de Justicia autónomo, ni posibilidad de control jurídico real. [Human Rights Watch. (2024). World Report: Venezuela.].
En la práctica, lo que se firma se impone sin debate y sin legitimidad jurídica, como expresión del poder autoritario. Esto significa que un acuerdo bilateral con consecuencias profundas se está materializando sin controles en Venezuela y con elusión de los controles constitucionales en Colombia, lo que configura una grave vulneración del principio de legalidad y de la soberanía popular en ambos países.
Los territorios incluidos en la “Zona Binacional” son espacios históricamente afectados por la presencia de grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, redes de narcotráfico, contrabando y minería ilegal. Informes de organizaciones como la Fundación Ideas para la Paz han documentado cómo estas zonas operan bajo una gobernanza criminal, con escasa presencia estatal y altos niveles de violencia. [Fundación Ideas para la Paz (FIP). (2023). Gobernanza criminal en las zonas de frontera: una mirada a Norte de Santander, Arauca y La Guajira].
La creación de una zona de integración sin controles institucionales claros podría consolidar un corredor de impunidad, donde el Estado abdica de su función soberana y las estructuras ilícitas se fortalecen. Más que una integración binacional, el acuerdo parece una entrega tácita de soberanía territorial, en la que los gobiernos ceden regiones sin control efectivo, dejando espacio libre al poder de estructuras armadas.
Sin mecanismos institucionales claros, este acuerdo podría legitimar un orden paralelo donde el Estado abdica de su presencia y las organizaciones criminales consolidan una franja de impunidad binacional al margen de la ley.
La relación entre el régimen venezolano y los grupos armados irregulares no es una especulación, sino un hecho documentado. Durante años, las FARC y el ELN han operado en territorio venezolano con tolerancia e incluso respaldo estatal. Según investigaciones de InSight Crime, estas organizaciones han mantenido plataformas logísticas y bases operativas en Venezuela, bajo la protección del chavismo. [InSight Crime. (2022). ELN in Venezuela: Criminal Networks Thrive on the Border].
Aunque el gobierno de Petro ha impulsado el retorno de estos grupos a Colombia, las negociaciones inconclusas y la persistencia de estructuras armadas reflejan una convergencia política preocupante.
El memorando podría institucionalizar esta relación, transformando la frontera en un santuario criminal disfrazado de proyecto binacional.
Las principales víctimas de esta dinámica son las comunidades rurales y los migrantes que habitan la franja fronteriza. La ausencia estatal, la violencia sistemática, las extorsiones y los retornos forzados configuran un entorno de supervivencia cotidiana. Según datos de ACNUR, miles de personas enfrentan desplazamientos, amenazas y condiciones de vulnerabilidad extrema en estas zonas. [ACNUR. (2024). Situación de desplazamiento en la frontera colombo-venezolana].
Mientras los gobiernos pactan, las poblaciones locales sobreviven en un espacio donde el miedo y la impunidad son norma. La “franja del crimen” no es solo un corredor territorial de ilegalidad, sino una zona de abandono institucional, donde el Estado ha renunciado a proteger a sus ciudadanos.
La “franja del crimen” que crean Petro y Maduro no es solo un corredor territorial de impunidad, sino una entrega efectiva de una zona exclusiva en manos de la FARC, el ELN y las organizaciones narcotraficantes, tanto en territorio colombiano como venezolano.
Este acuerdo, concebido sin transparencia ni control constitucional, legitima un espacio donde el Estado abdica de su soberanía y permite que estas estructuras criminales operen con total libertad, agravando la violencia y el abandono institucional en la frontera.
Frente a este escenario, es urgente que los órganos de control, la sociedad civil y la comunidad internacional examinen con rigor las implicaciones del acuerdo, antes de que esta franja se convierta en un territorio cedido al crimen organizado.
Miguel Angel Martin, académico y doctor en Ciencias por la Universidad Central de Venezuela (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB) y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D. C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, designado por un periodo de 12 años, desde donde ha promovido el estado de derecho y denunciado prácticas autoritarias. Actualmente en el exilio por su labor jurídica contra el régimen venezolano, continúa siendo un firme defensor de la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad republicana.
@miguelmartint_
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