Mientras en La Vega organismos policiales ejecutaban la masacre más numerosa registrada en la historia venezolana, el canal digital VPITV era allanado y sus equipos robados con la orden de cesar sus operaciones en una nueva agresión del régimen a la libertad de expresión. 23 muertes que la dictadura quiere silenciar. 23 víctimas, la mayoría con disparos lineales que según el ex fiscal Zair Mundaray, son clara evidencia de ejecuciones extrajudiciales. “El patrón doble tap, uno o dos tiros en el tórax, sobre cuerpos inmóviles que no se defienden, que no se cubren”.

El operativo llevado a cabo por la FAES -reiteradamente denunciada por sus masacres- desplegó más de 300 hombres para tratar de someter a Carlos Luis Revete, alias El Coqui, quien estaría extendiendo su poder hacia la parroquia La Vega, una de las más grandes de Caracas, después de mantener incólume el control en la Cota 905. Y aunque la información oficial refirió enfrentamiento, no hubo ni un solo herido en las fuerzas de exterminio. Todas las víctimas mortales fueron pobladores del sector. Según testimonios iniciales, la banda no registró bajas. Tampoco fue recuperado armamento. De ser cierto, asesinaron a 23 inocentes.

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Expertos y directivos de la defensa de Derechos Humanos como Provea han advertido que el operativo no perseguía la seguridad ciudadana. Según Marino Alvarado directivo de esa ONG, se trata de control social, un mecanismo de acción para poner freno a las protestas que en esa comunidad se vienen realizando organizadamente ante las frecuentes fallas de los servicios públicos. La acción, bañada en sangre, intenta evitar que otros barrios copien ese modelo.

La masacre se cumplió en la misma semana que Iris Varela ascendió a la primera vicepresidencia de la Asamblea Nacional del régimen, después del proceso fraudulento del 6 de diciembre. Preciso es recordar que Valera como ministra de Asuntos Penitenciarios liberó a 302 presos de la Cárcel de La Pica, que fueron asimilados a la nómina de la Policía Nacional. La decisión fue avalada por Nicolás Maduro quien en varias ocasiones ha amenazado con abrir las cárceles en caso de encontrarse en aprietos, como hizo Sadam Husein cuando se sintió amenazado por Estados Unidos.

¿Vamos entendiendo cuál es el modelo de fuerzas de seguridad de la dictadura?

Luego del acto en el Palacio Legislativo y previo a la masacre, el audio de un grupo policial fue altamente revelador. “Las cosas comenzaron a cambiar una vez que el oficialismo retomó el control de la Asamblea Nacional. Ya no necesitamos bandas armadas”, lo que deja entrever que los barrios serán controlados de otro modo.

El Coqui hasta ahora tenía protección oficial. Recordemos que Delcy Rodríguez es su amiga con favores mutuos incluidos. ¿La vicepresidenta lo ha abandonado? Al parecer se ha impuesto la decisión de retomar el control en barrios, copiando el modelo de Catia y el 23 de Enero,

comunidades en manos de delincuentes altamente ideologizados que obedecen la línea de Miraflores, lo que no sucede con El Coqui en el oeste y Wilexis en el este de la capital. Ambos mandan en inmensas barriadas caraqueñas y en ocasiones han alimentado protestas contra el régimen, o no han hecho nada para evitarlas.

El fenómeno de las megabandas fue estimulado por el chavismo. “Salvo la violencia armada política como las guerrillas urbanas, no habíamos tenido episodios de fragmentación territorial, por lo menos después de Gómez para acá”, recuerda Zair Mundaray. Las megabandas en Caracas y el interior del país funcionaron como articuladoras del poder central, delatando y coaccionando para garantizar obediencia. Pero los jefes de las megabandas establecieron sus propios gobiernos y sus acciones delictivas no respetaron a los enchufados del oficialismo. Y ahora han sido sentenciados. El proyecto es que los colectivos armados sustituyan a las bandas, con la ventaja de que su existencia no chocaría con los organismos policiales, lo que sí ha ocurrido con el CICPC, por ejemplo.

Es un cambio de gobierno. Pero para eso, el camino se presenta tortuoso y muy sangriento. Los 23 muertos fueron para llenar unas manos que no podían regresar vacías. Debían de espantar la evidencia de que los miembros de la FAES fueron burlados por la banda. Entonces durante dos días sacaron a la gente de sus viviendas y dispararon por doquier.

La masacre no pudo cubrirla VPITV, canal digital que lleva cinco años operando. Ese mismo viernes 8 de enero, Conatel y Seniat incautaron la totalidad de los equipos y clausuraron el estudio y la oficina de redacción. No les importó que VPITV fuese una empresa americana con sede en Miami. La orden prohíbe la difusión de contenidos audiovisuales en territorio venezolano. El canal digital ha hecho énfasis en que es un cierre momentáneo porque dará la pelea.

El mismo día también varios portales digitales fueron atacados.

Maduro quiere aplastar la disidencia. Que nadie ose protestar. Y que nadie lo cuente

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