Venezuela enfrenta una emergencia institucional sin precedentes. El colapso de las estructuras estatales, la desintegración del tejido social y la crisis humanitaria han dejado un vacío de democracia. Poderes fundamentales como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público han perdido autonomía y son cómplices de delitos graves contra la nación, lo que compromete la gobernabilidad, los derechos ciudadanos y la estabilidad del país.
En el plano internacional, tanto la ONU como la OEA han señalado la urgencia de un proceso de transición democrática. Sanciones económicas, presión diplomática y acciones militares en el Caribe han colocado a Venezuela bajo la mirada global. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo diseñar una transición legítima, inclusiva y sostenible?
Un intento fallido: el Estatuto de Transición
Uno de los primeros intentos por encaminar una transición política en Venezuela fue el Estatuto de Transición, aprobado por la Asamblea Nacional en 2015. Lejos de convertirse en un instrumento de consenso, terminó siendo un error que dejó lecciones claras: no basta con redactar un marco jurídico si este no surge de un pacto amplio e incluyente.
Su pretensión de erigirse como un marco “supraconstitucional” lo hizo percibirse como una imposición partidista. En lugar de unir al país bajo un acuerdo nacional, se convirtió en una camisa de fuerza que redujo legitimidad y participación: “Si estabas en contra de este acuerdo parlamentario, apártate”.
El gobierno interino derivado de este esquema estuvo rodeado de cuestionamientos: desde el manejo poco transparente de activos en el exterior hasta operaciones fallidas como la “Libertad”, la “Humanitaria de Cúcuta” y la “Gedeón”. Todo ello proyectó improvisación y generó desconfianza en la ciudadanía.
La enseñanza es clara: ninguna transición puede sostenerse sobre exclusiones. El país exige que no solo el chavismo, sino también quienes estaban vinculados al interinato, sean objeto de investigación. Solo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas pueden otorgarle legitimidad y viabilidad a un proceso de cambio.
Transición con aval militar y pacto político: lección de 1958
La historia venezolana de 1958 ofrece una lección clara sobre cómo combinar aval militar y pacto político para lograr una transición. Todo comenzó el 23 de enero, cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se constituyó una Junta Militar de Gobierno, presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal. A partir de ese momento, la vida política del país empezó a abrirse poco a poco, integrando a civiles y creando un espacio para la competencia democrática.
Nueve meses después, el 31 de octubre, los principales partidos —Acción Democrática, COPEI y la Unión Republicana Democrática (URD)— firmaron el Pacto de Puntofijo, un acuerdo que garantizó estabilidad y estableció reglas claras para la convivencia política. Apenas un mes después, el 7 de diciembre, se realizaron las elecciones presidenciales en las que resultó electo Rómulo Betancourt, completando un ciclo de transición que duró casi once meses desde la caída del dictador hasta el regreso del poder civil a través de las urnas.
Este proceso muestra cómo, con un pacto político firme y el respaldo de un componente militar dispuesto a respetar la voluntad popular, es posible asegurar la estabilidad y la legitimidad de una transición. Hoy, los venezolanos seguimos exigiendo que los militares que no estén involucrados en crímenes ni en bandas de tráfico de drogas actúen para deponer a los líderes del régimen de Maduro y permitan que el país recupere un camino democrático efectivo.
Vacíos y riesgos de captura política
Toda transición abre espacios de indefinición jurídica e institucional. En Venezuela, los partidos están fragmentados y cooptados, lo que eleva el riesgo de que la transición termine secuestrada por grupos específicos. Por ello, consideramos que los partidos deben legitimarse en el proceso de transición, y no involucrar al pueblo en sus diatribas y diferencias.
La falta de coordinación entre las fuerzas opositoras aumenta la percepción de que cada actor quiere controlar en solitario el futuro proceso. De allí surge una pregunta crucial: ¿quién conducirá los grandes temas de la transición y con qué reglas?
La ausencia de consensos podría derivar en un reparto de poder sin legitimidad, por lo que es indispensable abrir un debate nacional amplio y transparente sobre las bases del proceso.
La sociedad civil como protagonista
A diferencia de los partidos políticos, la sociedad civil organizada goza de una legitimidad superior y está en capacidad de desempeñar un papel decisivo en el proceso de transición, garantizando inclusión, credibilidad y representatividad. Una vez logrado el desplazamiento del poder de facto, se podría iniciar un proceso de consulta ciudadana para definir los elementos fundamentales de la transición: la legitimidad de una Junta o presidencia, sus competencias, duración, mecanismos para llenar los vacíos institucionales en los poderes del Estado y, de manera crucial, el sustento filosófico que orientará la transición venezolana.
Este mecanismo no solo otorga legitimidad a las acciones destinadas a reconstruir el tejido social, sino que también prepara a la ciudadanía, los partidos y los movimientos políticos para una participación responsable y comprometida. La participación ciudadana no debe limitarse al ejercicio del voto: es indispensable que la sociedad civil asuma un rol activo en la supervisión, vigilancia y exigencia de transparencia, evitando que la transición quede bajo el control exclusivo de élites partidistas y asegurando que las decisiones reflejen auténticamente la voluntad del pueblo.
Justicia transicional: el pilar pendiente
Ningún proceso democrático puede consolidarse sin un sistema de justicia confiable. En Venezuela, la falta de independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público hace imprescindible la creación de un mecanismo transitorio de justicia durante la etapa de transición.
Este esquema debería contemplar: una Corte Suprema transitoria conformada por jueces independientes; una Fiscalía Especial para la Transición, encargada de investigar violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes económicos transnacionales; y un mandato claro orientado a la reparación de las víctimas, la recuperación de activos y la sanción de los responsables, libre de interferencias de grupos políticos.
Es fundamental otorgar prioridad a la academia venezolana, que puede generar confianza ciudadana y desempeñar un papel clave en la formación de futuros jueces y fiscales. Estos profesionales deben estar capacitados en el valor de la independencia judicial y comprender que el derecho debe servir a la justicia, no a intereses partidistas.
La credibilidad del proceso de transición dependerá de evitar la repetición de prácticas como la impunidad, las amnistías generales o medidas ejecutivas que borren los crímenes graves. Tales acciones socavarían la confianza tanto de la ciudadanía como de la comunidad internacional en el proceso de reconstrucción democrática.
Conclusión
La crisis venezolana demanda una transición democrática seria, legítima y transparente. El fracaso del Estatuto de 2015 mostró los peligros de soluciones partidistas y excluyentes, mientras que la experiencia de 1958 recuerda la necesidad de pactos amplios y respaldo institucional.
El futuro del país dependerá de una sociedad civil protagonista, de partidos capaces de cooperar y de un sistema de justicia transicional que garantice verdad, reparación y castigo efectivo a los responsables de crímenes graves.
Más que una opción política, la transición democrática es un deber histórico frente a la emergencia nacional y los delitos cometidos contra millones de venezolanos.
Miguel Ángel Martín
Doctor en Ciencias (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB); Resolución de Conflictos (Government Institute, Minneapolis); y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D.C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región.
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