El retroceso mundial en materia de derechos humanos tiene, como consigna la doctrina y la práctica de muchos sistemas jurídicos penales, un responsable solidario: la Organización de las Naciones Unidas. Tal y como la Liga de las Naciones fracasó en su principal misión: impedir lo que resultó en la Segunda Guerra Mundial, la actual Naciones Unidas naufraga por partida doble: frenar, cuando no detener, la espiral de las guerras en el mundo, y proteger, promoviendo, los derechos de la persona humana a escala global.
La derrota clave es, sin embargo, conceptual. Por un lado, al defender la idea del multilateralismo, donde deben primar la ley y el orden internacionales a los que deben someterse todos los Estados, con independencia de su poder y tamaño, las Naciones Unidas estimulan la ley del más fuerte, de quien puede imponer condiciones, sean simbólicas o materiales, y desordena el mundo bajo la falsa pretensión de destruir la bipolaridad o el unilateralismo. El resultado es la emergencia agresiva de potencias regionales, o que pretenden serlo como Turquía o Irán, o la ambición de otras que disimulan su pretensión ideológicamente hegemónica inflando su influencia, como Brasil, sin resultados relevantes en su gestión multilateral.
La doctrina del multilateralismo le abre el camino al viejo orden mundial, en el que el mundo se dividía en esferas de influencias bajo el dominio de potencias regionales. Todo lo que Naciones Unidas intentaba dejar en el pasado. Multilateralismo significa en realidad multipolarismo: el poder duro o blando emergiendo de múltiples actores con sus intereses.
Por otro lado, y lo que más me interesa en este punto, cuando Naciones Unidas normaliza a los Estados como la fuente esencial y el principio legítimo en materia de derechos humanos, en detrimento de las tres dimensiones más importantes del único sujeto de derechos humanos: la población al interior de los Estados, debilita a quienes exclusivamente debe proteger.
La población en cada Estado debe mirarse como persona humana, como individuo y como ciudadano. Como persona humana, que es la razón por la que Woodrow Wilson, espantado por las matanzas de la Primera Guerra Mundial en la que murieron más civiles que militares, propuso la creación de la Liga de las Naciones; como individuo, a partir del cual se entendió que los derechos humanos comenzaban por limitar a los Estados; y como ciudadano, en el entendido de que son estos, y no los Estados mismos, la fuente primera y última de su legitimidad.
Con la creación del mandato del Relator Especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos en 2014, el Consejo de Derechos Humanos dio el golpe de gracia a todo el fundamento sobre el que el derecho internacional asumió los derechos humanos como parte del orden internacional sometido a reglas. Y fue este la comprensión de que solo los límites impuestos al Estado en su comportamiento hacia los ciudadanos eran la garantía más segura para evitar las guerras futuras; esta última, la razón principal por la que se creaban las Naciones Unidas. La formulación política, admitamos que ideológica de todo esto, era y es que las democracias no hacían (hacen) guerras entre sí. Consenso que puede ser discutido, pero que tiene fuertes evidencias históricas.
En otro sentido, al tiempo que orden, fundamental, el Consejo de Derechos Humanos tendría que demostrar, tanto en la práctica como en la rica doctrina del derecho internacional, que las sanciones de unos Estados contra otros Estados no son legítimas al tiempo que moralmente defendibles y eficaces en la práctica para defender, proteger y promover los derechos humanos. Tendría que explicar por qué sí fueron y son defendibles en los casos de la Sudáfrica del apartheid o de la Corea de los Kim, y no en el caso de Cuba. Es decir, porque las sanciones no afectan los derechos humanos cuando las toma legítimamente un grupo de Estados miembros de las Naciones Unidas dentro del Consejo de Seguridad, y sí afectan los derechos humanos cuando las toma un Estado singular, aunque se consideren ilegítimas.
Pero, ¿cuáles y cuántos Estados están hoy por hoy sancionados unilateralmente como para que se justifique la creación de una Relatoría Especial dedicada a este asunto?
Para empezar, ningún Estado democrático tiene sanciones internacionales, a no ser que alguien considere que la Rusia de Putin o la Bielorrusia de Luckachenko son Estados democráticos. Esto reduce el número de Estados que están sancionados internacionalmente. ¿Cuántos son? Si incluimos a los que tienen embargo de armas, hacia los que espero no sea enviado ningún relator especial de este especial mandato del Consejo de Derechos Humanos, contamos alrededor de trece. Pero países embargados son exclusivamente tres: Cuba, Irán y Corea del Norte. Y la naturaleza de estos Estados explica más y mejor la realidad de los derechos humanos en materia económica y social dentro de ellos que cualquier política unilateral diseñada hacia ellos por cualquier otro Estado o grupo de Estados.
Curioso. Dos de estos tres Estados sufren sanciones internacionales justificadas y legitimadas porque son globales, pero nadie discute su impacto sobre los derechos humanos. Solo uno, Cuba, sufre sanciones, en este caso unilaterales, y estas supuestamente sí impactan sobre los derechos humanos y justifican la presencia de una Relatora Especial designada para la materia, con la presentación de su correspondiente informe.
Obligado es decirlo. La captura del Consejo de Derechos Humanos por parte del gobierno cubano se ha completado: lleva sentado 16 de los casi 20 años de su existencia en la mesa decisoria de esta institución y acaba de cerrar la cortina que necesitaba para justificar la flagrante, continuada, sistémica y sistemática violación de los derechos humanos que nos impone.
Como si la prisión a quienes postean en Facebook guardara alguna relación con la imposibilidad de utilizar el dólar en las transacciones internacionales.
La visita de Alena Douhan a Cuba les ha hecho un flaco favor a dos tipos distintos de sujetos: a las y los presos políticos en Cuba y a los damnificados del huracán Melissa. La irrelevancia política nace en ocasiones de la miseria conceptual. Y moral.
Por Manuel Cuesta Morúa
