Desde los tiempos del Imperio Romano existían las leyes de “tutela”. La palabra tutela proviene del sustantivo latino “tutela ae” que significa protección o defensa. Aunque en el presente las leyes han cambiado substancialmente, el cuidado legal de los discapacitados es algo antiguo. Una tutela, por tanto, es aquel derecho u obligación legalmente obtenida sobre un menor de edad o sobre un adulto discapacitado que no se puede cuidar a sí mismo. En esta semana solo trataremos el asunto de discapacidad y tutelas de mayores de edad. Más adelante trataremos sobre las tutelas de menores de edad.

¿Qué nos puede pasar si perdemos la capacidad de administrar nuestros bienes y activos o si perdemos la habilidad de cuidarnos nosotros mismos?

El proceso legal de una tutela comienza cuando alguien allegado a un discapacitado presenta una petición en la División de Salud Mental de la Corte Civil para que se declare discapacitada alguna persona que sufre la inhabilidad de atender sus asuntos necesarios en su vida diaria o sus asuntos financiaros. En las mayorías de las veces esta petición la presenta un cónyuge, familiar allegado, un amigo o un vecino. Por ejemplo, en algunas ocasiones me han pedido que presente en la corte una petición de incapacidad para que un hermano soltero se declare discapacitado por una corte. Normalmente se presenta una acusación legal en contra de una persona adulta en un estado mental en el cual habitualmente se autoinflinge daño, no puede administrarse adecuadamente sus propias medicinas o ponen en peligro su salud o la de otra persona. También existen los casos de las personas que se han quedado seniles debido a su avanzada edad y necesitan un cuidado privado.

En nuestro Condado de Miami-Dade, por ejemplo, después de presentada la petición de incapacidad, se nombra a un juez del distrito donde se registra la demanda de incapacidad.

Si los documentos que iniciaron el proceso están en forma y existen indicios suficientes que indican la discapacidad de la persona en cuestión, el juez nombra un panel de tres peritos examinadores para que analicen el caso.

Al terminar la investigación, los peritos emiten un informe donde evalúan el estado mental del investigado. Si consideran que la persona está discapacitada, entonces se presenta al individuo ante el juez asignado por el sistema judicial para presidir el caso.

Según la ley, la persona acusada de discapacidad tiene derecho a asistir a la audiencia con un abogado que le represente. En esa vista el acusado puede dar su testimonio y él, o su abogado, pueden interrogar al panel de peritos, pueden interrogar a los testigos contrarios y presentar testigos favorables. En el juicio las partes involucradas pueden presentar como evidencia los documentos que tengan relevancia en la causa en contra o a favor del acusado.

Si el panel de peritos examinadores en sus informes y declaraciones no encuentra discapacidad alguna, entonces el juez puede desestimar la petición de discapacidad. Pero si el juez dictamina que el acusado está discapacitado, entonces las personas que están interesadas en ser nombrado tutor o tutores del discapacitado, tienen que presentar una petición a tal efecto. Si en el dictamen del juez no se nombra al peticionario como tutor, podrá nombrar un tutor profesional o algún otro familiar que haya presentado una petición formal para cumplir dicha responsabilidad. El juez también tiene la potestad de nombrar un tutor independiente si lo considera necesario para proteger el mejor interés del acusado.

Los jueces deben seguir la ley de nombramientos de tutores en todo momento. Durante el proceso de declaración de discapacidad el juez que preside el caso debe actuar en todo instante siguiendo y afirmando el mejor interés del afectado por la incapacidad.

En columnas posteriores les presentaré el proceso de tutoría para nombrar un tutor para un adulto. También les describiré los diferentes tipos de tutores que la ley contempla.

Si le interesa leer en inglés un artículo donde se describe la historia de las tutelas y el impacto de la ley Romana en las leyes modernas de Tutelas, véase el articulo escolástico de Sherman, Charles P., "Debt of the Modern Law of Guardianship to Roman Law" (1913). Faculty Scholarship Series. Paper 4438. http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/443.

El Dr. Sergio J. Guzman, ejerce la profesión de abogacía en las ramas de Herencias, Tutelas, Testamentos, Fideicomisos, Bienes Raíces, Comercio, Salud Mental y Ley de Familia. Sus oficinas están ubicadas en el 2440 Coral Way, Miami, Florida 33145. Su número de teléfono es el (305) 262-6696; su número de fax es el (305) 854-1937 y el correo electrónico es GUZMANLAW@bellsouth.net.

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