Se busca limitar las dictaduras del socialismo del siglo XXI en las Américas, a Cuba, Venezuela y Nicaragua, con una activa campaña para excluir la dictadura de Bolivia.

En los cuatro países está instalado el mismo sistema de violación de Derechos Humanos. No hay estado de Derecho ni división e independencia de poderes públicos, no hay libre organización política y en las elecciones se vota pero no se elige. La prueba fundamental de dictadura es la existencia de presos y exiliados políticos y en Bolivia hay 42 presos políticos que deben ser liberados.

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En enero de 2006, Evo Morales llegó a la presidencia de la República de Bolivia con un mandato por cinco años y sin derecho a reelección continua.

En el modelo del socialismo del siglo XXI o castrochavismo, Morales avasalló la constitución de la República, que no permitía su reforma total e impuso una asamblea constituyente, y con más crímenes y masacres sangrientas redactó -en Congreso Ordinario- la constitución del “estado plurinacional” suplantando la República de Bolivia para darse reelección continua.

Reelecto fraudulentamente en 2009 y 2014 convocó a referéndum para su reelección indefinida y Bolivia dijo NO el 21 de febrero 2016. Pero manipuló al Tribunal Constitucional, que prevaricando, le dio el “derecho humano de la reelección indefinida”, que luego fue refutado y negado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Así llegó al gran fraude en las elecciones del 20 de octubre 2019, en las que Evo Morales cometió delitos infraganti de falsificación material e ideológica, uso de instrumentos falsificados, organización para delinquir y mas.

Ante la reacción civil, y al no poder imponer sus órdenes de masacre y violación de Derechos Humanos a la Policía Boliviana y las Fuerzas Armadas, Morales renunció y huyó.

El fraude electoral de octubre de 2019 fue probado, por el mismo Morales que pidió auditoría electoral con la Organización de Estados Americanos, cuyo informe confirmó y certificó el fraude, lo mismo hizo la Unión Europea.

La renuncia de Morales dio paso a un gobierno calificado, como de transición a la democracia, con la senadora Jeanine Añez como presidenta, pero resultó gobierno de continuidad dictatorial al mantener la fraguada constitución del estado plurinacional y no restituir la República y permitir la impunidad de Evo Morales y sus cómplices.

Desde México, Cuba y Argentina Evo Morales continuó agrediendo al pueblo boliviano con sangrientas acciones como masacres de Senkata y Sacaba, que instruyó personalmente.

La presidenta Añez usó la constitución de la dictadura para proclamarse candidata presidencial en las elecciones, cuya transparencia estaba encargada garantizar y con las leyes de la dictadura su gobierno también fue continuismo de la corrupción.

El padrón electoral no fue revisado, la oposición funcional se mantuvo dividida, no se cambiaron las leyes de la dictadura y el sistema permaneció intacto para el resultado de un nuevo fraude electoral en las elecciones de 18 de octubre de 2020, que dieron como ganador en primera vuelta al candidato de la dictadura Luis Arce que de inmediato operó el retorno con impunidad de Evo Morales quien ejerce como “dictador en jefe”.

Como estrategia de impunidad y para el retorno de Evo Morales a la presidencia, el castrochavismo inventó la “narrativa criminal” de adulterar los hechos del periodo octubre-2019 a octubre 2020. Con alteración y simulación de la verdad cambió el fraude y crímenes cometidos por Morales por “golpe de estado”. Con esa narrativa tan falsa como criminosa volvieron a utilizar sus fiscales y jueces, abrieron juicios contra Jeanine Añez, miembros de su gobierno, líderes cívicos y juveniles, militares, policías y ciudadanos y los apresaron.

En tales juicios se violan -igual que, respecto al 2003 y 2008, como en Cuba, Venezuela y Nicaragua- la presunción de inocencia, la igualdad jurídica, la irretroactividad de la ley, el debido proceso. No existe juez imparcial. No son juicios, son linchamientos, en que se usa todo el poder del estado contra víctimas que son PRESOS POLITICOS.

Global Human Rights League documentó el 6 de septiembre de 2021 la existencia de “42 presos políticos de la dictadura de Luis Arce/Evo Morales en Bolivia”: 3 mujeres y 39 hombres con 13 militares y 6 policías. La más notable es la expresidenta Jeannine Añez, que víctima de la violación de todos sus derechos intentó suicidarse y ahora sufre “medicación controlada por el régimen”.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recibido urgentes denuncias y solicitudes de medidas, pero como en Nicaragua, Cuba y Venezuela, los presos políticos siguen y las dictaduras los tienen para administrar el “terrorismo de estado”.

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