La masacre de Parkland ha cambiado por siempre nuestro estado, nuestras vidas como padres y nuestras escuelas públicas. Y aunque muchos padres saben que la ley que pasaron nuestros legisladores días después de la masacre en marzo del 2018 es la razón por la cual todas las escuelas publicas tiene al menos un oficial armado por escuela y nuestros niños tiene ensayos mensuales sobre cómo responder en caso de un tirador activo, pocos saben que esta misma ley ha resultado en cargos mayores contra 58 menores de edad en el condado Miami-Dade.

Esto es importante porque más allá de la amenaza de violencia y el miedo que la misma crea, los padres de familia tienen que entender que hoy en el estado de la Florida no hay amenazas falsas ya que la ley de Parkland enfoca el cargo no en la intención del niño o su capacidad de actualizar la amenaza sino en la disrupción que crea la amenaza en la escuela o en la comunidad.

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Antes de la ley de Parkland hacer una amenaza contra una escuela, si causaba disrupción, era un cargo menor y había flexibilidad sobre la aplicación de la ley. Hoy ese no es el caso. Todas las amenazas son investigadas y esa investigación a sido determinada por las cortes como disrupción bajo la ley ya que los recursos de la policía y las escuelas son usados para determinar si la amenaza es válida. Pero al fin del día el resultado es que el estudiante que hace la amenaza va a ser arrestado, tendrá que estar en detención juvenil mientras se investiga el caso, la investigación incluye un registro de su hogar y todos los equipos electrónicos, una evaluación psicológica del menor y la decisión se si se juzgará como adulto, mientras el estudiante y sus padres esperan su día en corte.

A corto plazo, este proceso es agonizante para familias que repiten en vano una y otra vez que era una broma, que su hijo o hija era víctima de acoso o que su hijo o hija no tenía la intención o capacidad para hacer daño. A largo plazo, una convicción de un cargo mayor para un adolescente resulta en expulsión del sistema escolar, tiempo en la cárcel, pérdida del derecho de votar, limitaciones de trabajo y mucho más, ya que el cargo no puede ser eliminado cuando se mayor de edad. Esto, en la gran mayoría de casos, resulta en que el convicto sea cargo económico de su familia o del estado por vida. Por eso, más allá de las campañas en las escuelas, los padres de familia tienen que hablar con sus hijos sobre la ley de Parkland y el impacto devastador que cualquier amenaza, sea verbal, escrita o en las redes sociales, puede tener en sus vidas.

El mensaje después de Parkland fue claro, la seguridad escolar es una prioridad y el sistema judicial tendrá mano dura con nuestros hijos y nietos. Nuestra parte es comunicarle esto a ellos y asegurar que entiendan que sus palabras tendrán consecuencias graves. Esto aplica hasta a los más pequeños y frágiles ya que la ley no hace excepciones por edad, madurez o discapacidad mental.

Hablar en serio con nuestros hijos sobre la violencia escolar y lo que se considera una amenaza no es fácil, pero es nuestra obligación porque ahora sabemos cuál es nuestra nueva realidad: nuestros hijos pueden ser arrestados.

La autora es abogada y fue miembro de la Junta Escolar de Miami-Dade.

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